Caracas, 12 Jun. ABN.- El sistema de la política exterior de Washington – y muchos medios de Estados Unidos- fue sorprendido esta semana cuando el presidente de Venezuela Hugo Chávez dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deberían deponer las armas y liberar incondicionalmente a todos los rehenes.

El anuncio de Chávez no debió haber sorprendido porque ya lo había mencionado varios meses antes, reflexionó Mark Weisbrot, autor de este artículo publicado por Alternet el pasado 11 de junio.

El 13 de enero, por ejemplo, Chávez dijo: “No estoy de acuerdo con la lucha armada y esa es una de las cosas que quiero hablar con Marulanda (jefe de las FARC que murió el pasado mes de marzo)”. Chávez también manifestó su oposición al secuestro, y ha hecho numerosos llamados públicos a las FARC para que liberen los secuestrados.

Chávez también había explicado previamente que la lucha armada no era necesaria dado que ahora los movimientos de izquierda podían llegar al poder mediante elecciones, algo que era a menudo difícil o imposible en el pasado debido a la represión política.

La sorpresa en la política estadounidense y los medios es el resultado de una concepción errada del reciente papel de Chávez en el conflicto colombiano. Comparemos: el ex presidente Jimmy Carter recientemente invitó a Estados Unidos a negociar con Hamas - considerado por Estados Unidos como una organización terrorista – y sus aliados en Israel y Europa. Carter no es abogado de Hamas ni de la guerra armada. Sin embargo, se reunió con Hamas y lo invitó a negociar porque está tratando de promocionar un acuerdo de paz.

Lo mismo sucede con Hugo Chávez en el conflicto colombiano. Así es como los familiares de los secuestrados en manos de las FARC han percibido el rol de Chávez (incluyendo los contratistas militares estadounidenses), activistas colombianos anti-violencia, los Gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, la mayoría de los estados de la región e incluso en Europa. Ninguno de ellos (incluyendo las víctimas del secuestro de las FARC) o gobiernos son admiradores de las FARC. Ellos han apoyado enormemente los esfuerzos de Chávez incluyendo su éxito este año en lograr la libertad de seis rehenes que fueron dejados en libertad por las FARC.

Pero para Washington y sus aliados de derecha en Colombia, Chávez y las FARC se han convertido en camaradas en armas. Y los medios se han enfocado en dos o tres declaraciones positivas pronunciadas por Chávez con respecto a las FARC (fuera de las miles de horas de sus discursos) para describir a Chávez como un “incondicional patrocinador de las FARC” (Time Magazine, 9 de Junio). Ayer, la agencia Associated Press informó, falsamente, que desde hace cinco meses Chávez había estado “haciendo llamados a líderes mundiales para que apoyen su (de las FARC) lucha armada.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluso ha dicho que consideraría incluir a Venezuela en su corta lista de “estados patrocinantes del terrorismo”. Esto no es improbable en un año electoral, dado que Venezuela es nuestro quinto mayor proveedor de petróleo y los republicanos ya están teniendo suficientes dolores de cabeza políticos debido al precio de la gasolina que se ubica en 4 dólares el galón.

Durante al menos seis años el gobierno de Bush ha tratado de hacer parecer que Chávez y su gobierno han estado armando, fundando y de otra manera apoyando las FARC.

Hasta marzo de este año Washington no ha presentado evidencia o documentos de tal apoyo. Los artículos que contienen estos alegatos estuvieron por años basados en fuentes anónimas. Pero el 1 de marzo, militares colombianos bombardearon e invadieron un campamento de las FARC en Ecuador y asesinaron a más de una docena de personas. Entre estas personas se encontraba el comandante de las FARC, Raúl Reyes, quien también fungía como jefe negociador para la liberación de rehenes de alto perfil retenidos por las FARC y algunos no combatientes. La incursión fue condenada por gobiernos de todo el mundo, salvo Estados Unidos y Colombia.

Los militares colombianos dicen haber conseguido ocho computadoras incluyendo laptops y flash-drives, durante el ataque. Desde marzo, el Gobierno colombiano ha estado presentando varios archivos que supuestamente fueron extraídos de estos equipos y alegando que estos archivos y comunicaciones indican que el Gobierno venezolano ha estado apoyando las FARC.

El Gobierno también alegó, sobre la base de estos archivos, que las FARC habían ayudado a financiar la campaña electoral de 2006 del presidente Rafael Correa. Tanto Venezuela como Ecuador han despectivamente rechazado los cargos, puesto que el presidente Correa sostiene que los computadores y equipos ni siquiera fueron encontrados en el campamento de las FARC.

El 15 de mayo la policía internacional Interpol emitió un informe que fue ampliamente catalogado de de haber “autentificado” los archivos del computador. Pero el informe es ambiguo. En una parte dice: “Interpol no consiguió evidencia de que los archivos de los usuarios fueran creados, modificados o borrados en ninguna de las ocho computadoras decomisadas a las FARC luego de su decomiso realizado el primero de marzo de 2008 por las autoridades colombianas”.

Esto no dice que los archivos no fueron alterados o modificados, sólo que Interpol “no consiguió evidencia de que fueran”. Sin embargo, de acuerdo a expertos en seguridad de computadores no es difícil alterar o añadir archivos sin dejar huellas. Los expertos con quienes conversé quieren saber: ¿cómo Interpol decidió que ellos podían decir si los archivos habían sido modificados? Interpol no responde esta pregunta crucial en la página 102 del informe.

Aquí en Washington la tendencia es tomar la palabra de Colombia. Sin embargo, esta es una milicia que, de acuerdo a Washington Post, mata adolescentes en la provincia y viste los cadáveres como guerrilleros. Eso sin mencionar que 30 legisladores partidarios del presidente Uribe han sido arrestados y 32 más están bajo investigación por varios crímenes, incluyendo nexos con escuadrones de la muerte paramilitares.

Interpol debería ser una fuente más fiable debido a la limitada tarea que se le asignó. Pero las declaraciones de su jefe, Ronald K. Noble –un ex funcionario del Tesoro estadounidense – generó preguntas sobre su imparcialidad en esta investigación. El 15 de mayo, Noble dijo a la prensa “estamos absolutamente seguros de que los computadores que nuestros expertos examinaron vinieron de un campamento terrorista de las FARC (…) Nadie puede cuestionar si el Gobierno colombiano modificó las computadoras incautadas a las FARC”.

La primera oración es particularmente inapropiada, dado que Interpol no investigó ni suministró información alguna sobre el origen de las computadoras. La segunda oración parece exagerada, dado que el informe de Interpol reconoce que las autoridades colombianas no siguieron los procedimientos establecidos para manejar evidencia electrónica durante los dos primeros días.

Por supuesto, aún cuando los archivos que han sido selectivamente publicados por el Gobierno colombiano fuesen auténticos – y realmente no tenemos idea de cuántos sean – todavía suministran el relato de los hechos de las FARC. Tal como lo dijo José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, al Congreso estadounidense el 10 de abril: “no hay evidencia, y ningún Estado miembro, incluyendo Estados Unidos, ha ofrecido a la OEA tal prueba” de que Venezuela “apoya grupos terroristas”.

Los archivos en sí no demuestran que Venezuela realmente suministra material de ayuda a las FARC, aunque algunos describen supuestos encuentros con ellos y promesas por parte de varios funcionarios venezolanos.

El primero de junio, el presidente Correa pidió a la OEA investigar las acusaciones de Colombia con respecto a Ecuador, y la OEA aceptó. Muy probablemente la OEA, que ya no está controlado por Washington, estará a favor de Ecuador. Colombia realmente no tiene argumento alguno contra Ecuador o Venezuela que pudiera conducir a una corte o procedimiento legal

Toda la controversia es una ilustración del gran abismo existente entre la mayoría de los países latinoamericanos, que ahora tiene gobiernos de centro izquierda, y el sistema de política exterior de Estados Unidos. Para Latinoamérica Chávez es un amigo e importante aliado que ha promocionado la integración y el crecimiento económico regional, incluso ayudando a crear nuevas instituciones para este propósito como el Banco del Sur y Unasur.

Ha compartido una buena parte de la riqueza petrolera con sus vecinos, incluso ayudando a algunos de ellos a cumplir con sus promesas electorales, para de ese modo contribuir a la democratización en la región. También ha tratado de promover una salida pacífica para el conflicto colombiano.

Chávez ha sido elegido democráticamente en repetidas ocasiones, y para la región su gobierno es tan legítimo como cualquier otro en el mundo. Para los líderes latinoamericanos estas consideraciones son mucho más importantes que cualquier diferencia que puedan tener con su retórica o estilo de confrontación con respecto a Estados Unidos, que después de todo, realmente apoyó un intento de golpe de Estado militar destinado a derrocar su gobierno elegido democráticamente en 2002.

Para Washington, Chávez es un demagogo peligroso, un generador de problemas “autoritario” que amenaza la democracia (a menudo confundido con la influencia de Estados Unidos) y estabilidad en la región. Él debe ser aislado y su gobierno debe ser deslegitimado, quizás relacionándolo con “terrorismo” o presentándolo como un “dictador”. Pero no es sino Washington el que enfrenta un creciente aislamiento en el mundo.