El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Javier Ricaurte Credito: Agencias

Bogotá, 29 de mayo de 2008 / El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ), Javier Ricaurte, denunció este jueves que, a pesar de haber solicitado a la Fiscalía hace más de un mes el contenido de las supuestas computadoras del asesinado comandante guerrillero "Raúl Reyes", no los ha recibido todavía.

Según el jurista, la Fiscalía sólo se limita a enviar copias de archivos para que se investigue a los congresistas de oposición que supuestamente tienen nexos con el grupo armado.

Explicó que, al hacer la solicitud, el Ministerio de Defensa le respondió que no tenía los archivos, pues se encontraban en manos de la Fiscalía y que ésta sería la encargada de hacerlos llegar a la CSJ. Sin embargo, esto nunca sucedió, según declaró a la radio bogotana Caracol.

El pasado jueves, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, anunció que se había iniciado una investigación contra tres congresistas de ese país, un ex candidato presidencial, varios periodistas y activistas políticos y tres extranjeros (un venezolano, un ecuatoriano y un estadounidense) por sus supuestos "vínculos" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La información a la que se refiere Ricaurte es la de los parlamentarios colombianos, Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, que hacen parte de la llamada "lista del Fiscal", y todos militantes de partidos de oposición.

CSJ no sabe de tratados con EEUU por paramilitares:

En otra parte de la entrevista, Ricaurte Gómez aclaró, que el poder judicial no tiene conocimiento de ningún acuerdo con la justicia de Estados Unidos que permita la comparecencia de los jefes paramilitares de extrema derecha recientemente extraditados, ante funcionarios judiciales colombianos.

"Si el Gobierno anunció públicamente un acuerdo en ese sentido, lo más indicado es que se lo hubiera hecho conocer a la Corte", declaró.

"La Corte Suprema no conoce un acuerdo entre las autoridades colombianas y estadounidenses para facilitar las versiones libres de los ex comandantes de las autodefensas extraditados" a Estados Unidos, insistió.

Hace tres semanas, en una decisión calificada como sorpresiva, el presidente Álvaro Uribe, entregó 14 paramilitares a la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), bajo la excusa de que ellos habían incumplido con la Ley de Justicia y Paz, al continuar delinquiendo desde prisión.

Sobre estos hombres pesan crímenes de lesa humanidad por haber perpetrado cuando comandaban las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más de 200 masacres y 49 mil desapariciones forzosas de civiles.

Además, su testimonio era clave para la investigación que adelanta la CSJ sobre más de 60 políticos colombianos, mayoritariamente de la coalición uribista, implicados en el llamado "escándalo de la parapolítica", que implica a estos servidores públicos con las AUC.

Tras ser criticados porque los paramilitares sólo serían juzgados en EEUU por tráfico de drogas, el Gobierno de Bogotá explicó que existía un tratado binacional para permitir que funcionarios colombianos interrogaran sobre estos crímenes a los cabecillas.