Caracas23 de mayo 2008. - El diputado Amílcar Figueroa calificó de "patraña" la petición del la justicia colombiana de investigarlo por nexos con Farc. Figueroa es uno de los cuatro extranjeros que el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pidió ayer investigar.

El diputado Amílcar Figueroa afirmó hoy que la petición de la Justicia colombiana de investigarlo junto a otras 11 personas por presuntos vínculos con las Farc es una "patraña" con la que el Gobierno de Colombia "intenta tapar escándalos internos".

Con esa acusación, la administración "guerrerista" del presidente colombiano, Álvaro Uribe, también "busca meter a Venezuela en el conflicto interno de Colombia", agregó el diputado al Parlamento Latinoamericano en una entrevista con la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El Ejecutivo colombiano pretende "en primer lugar, tapar el escándalo interno" derivado del llamado caso de la "parapolítica", agregó Figueroa.

En ese caso se investigan presuntos vínculos de políticos con grupos paramilitares y la Corte Suprema de Justicia colombiana (CSJ) ha procesado o investiga a 63 congresistas, la mayoría afines a Uribe y la mitad de ellos detenidos.

Figueroa es uno de los cuatro extranjeros que el fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, pidió ayer investigar por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Por esa causa, Iguarán solicitó abrir averiguaciones a tres congresistas de su país, entre ellos la senadora opositora Piedad Córdoba, ex mediadora junto al presidente, Hugo Chávez, para el intercambio humanitario, y a otras nueve personas, de ellas cuatro extranjeros.

Los nombres de estas 12 personas fueron hallados en los computadores atribuidos al segundo jefe de las Farc, "Raúl Reyes", abatido en una ataque militar colombiano el 1 de marzo pasado contra un campamento rebelde en territorio ecuatoriano.

Figueroa aseveró que se le acusa de presuntos vínculos con la guerrilla colombiana porque ha sostenido que "las Farc es un factor político en Colombia y los factores políticos (de ese país) tienen que sentarse a negociar" la paz.

Con las acciones judiciales que se pretenden en su contra, "el Gobierno de Uribe criminaliza" esa posición, opinó el diputado venezolano.

Agregó que las personas que la Fiscalía colombiana ha pedido investigar han mantenido algún contacto con las Farc "a pedido del propio Gobierno de Uribe", en el marco de las negociaciones para el intercambio humanitario de rehenes de dicho grupo rebelde por guerrilleros encarcelados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando Araújo, señaló ayer que su despacho está "dispuesto" a solicitar a los países correspondientes la extradición de extranjeros con presuntos vínculos con la guerrilla.

"En caso de que la Fiscalía los requiera, presentaremos la petición a los Gobiernos respectivos", dijo Araújo a periodistas.

Araújo añadió que en el Gobierno "apoyamos todas las investigaciones que hace la Fiscalía", y reiteró que "estamos en toda la disposición para hacer esos requerimientos".