Washington, 16 Mar. ABN.- Expertos estadounidenses están divididos sobre si las nuevas acusaciones de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela prosperarán, en las cuales congresistas anticastristas instan a poner a Venezuela en la lista “terrorista”, iniciativa ligada a declaraciones de George W. Bush, esta semana.

Adam Isacson, experto en relaciones interamericanas del Centro de Políticas Internacionales en Washington, declaró al diario mexicano La Jornada que “no existe consenso entre los republicanos e incluso dentro del gobierno de George Bush para promover esto" y pronosticó que los presidentes demócratas de los comités legislativos no permitirán que la resolución proceda a voto.

El gobierno de Bush y algunos legisladores conservadores han buscado transformar el tema de la incursión militar de Colombia en Ecuador en motivo para calificar de “terrorista” al gobierno de Venezuela, cuya resolución legislativa no tiene fuerza de ley, y sólo es una expresión del Congreso. Aun si prospera, no tiene impacto directo, precisó La Jornada de México.

Por otro lado, manifestó Isacson que por ahora “simplemente no hay suficientes pruebas” para justificar las acusaciones sobre Chávez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Añadió: “muchos no desean colocar a Venezuela en la lista (de patrocinadores de terrorismo) por las consecuencias sobre los mercados petroleros, lo cual nutrirá la actual incertidumbre”.

Daniel Ericsson, analista de Diálogo Interamericano, comentó a la agencia Ap que “es un poco difícil, particularmente en el contexto de un año electoral, que Estados Unidos aplique nuevas sanciones sobre Venezuela, que probablemente interrumpirían el suministro de petróleo, lo cual llevaría a precios más altos de gasolina”.

Algunos dicen que la propuesta podría ser aprobada sólo porque pocos legisladores se atreverán a votar en contra –por la poca simpatía hacia el régimen de Chávez Frías– y porque políticamente nadie desea sufragar contra alguien que denuncia actividades supuestamente “terroristas”.

Otros creen que no prosperará por la falta de capital político de la moribunda y desprestigiada presidencia de Bush, como por las divisiones internas dentro del gobierno, reseña el rotativo.

Otros estiman que al no contar con el apoyo de algunos de los principales países de la región, el intento podría ser desastroso y generar justo lo opuesto al objetivo de Bush: aislar a Venezuela.

El secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, declaró esta semana que continúan analizando los contenidos de las supuestas computadoras obtenidas tras el ataque, incluyendo una que presuntamente era del líder del grupo guerrillero, Raúl Reyes, y otra perteneciente a Iván Ríos, dirigente de la organización que fue asesinado por su escolta la semana pasada.

Dijo Shannon a reporteros en Washington: “estamos muy al comienzo del proceso, y sería un error brincar a conclusiones”.

Pero el propio Shannon ha expresado cautela. “Declarar a alguien patrocinador estatal del terrorismo es un paso grande, serio, y una decisión que sólo tomaríamos después de una muy cuidadosa consideración de todas las pruebas”. Puntualizó que el análisis de los archivos de las computadoras tomará tiempo.

Los países actualmente incluidos en la lista de países terroristas son Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y Cuba. Estas naciones son sujetas a diversas sanciones, entre ellas la suspensión de préstamos de instituciones multilaterales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). No está claro si estar en ésta tendría efecto sobre las operaciones de empresas estadounidenses, incluyendo las petroleras, en el caso de Venezuela.

Los dos parlamentarios republicanos estadounidenses que presentaron este viernes una resolución en el Congreso instando al Gobierno norteamericano para que incluya a Venezuela en su lista de países que apoyan el terrorismo, están vinculados a organizaciones terroristas anticastristas residenciados en Estados Unidos (EEUU).

Ileana Ros-Lehtinen, parlamentaria por el estado de Florida, recibió apoyo de Jorge Mas Canosa, ex jefe de la Fundación Nacional Cubano Americana, organización que financió la fuga del terrorista Luis Posada Carriles de una cárcel en Venezuela, en 1985, lo mantuvo económicamente en Centroamérica y lo contrató para realizar acciones terroristas en Cuba, con el empleo de mercenarios, en 1997.

En el decenio de 1980, Ros-Lehtinen presionó para la liberación y el perdón de exiliado cubano Orlando Bosch, quien había sido condenado por actos terroristas, y también ha sido acusado de implicación en el atentado al vuelo 455 de Cubana de Aviación, en el que murieron 73 personas. También ha defendido al ex prófugo Valentín Hernández, condenado por el asesinato de Luciano Nieves, un cubano en el exilio que apoyaba las negociaciones con el Gobierno cubano.

En 2006, la parlamentaria apareció en el documental británico “638 maneras de matar a Castro”, diciendo: “Estoy de acuerdo con cualquier oportunidad de matar a Castro o a cualquier otro líder que oprima a los pueblos”.

El representante republicano Connie Mack, quien acompaña en esta propuesta a Ros-Lehtinen, solicitó en 2005 al Gobierno estadounidense que impidiera la diseminación de la señal del canal multiestatal Telesur, y es de la propuesta de que EEUU invada el espacio radioeléctrico de Venezuela con transmisiones de La Voz de América.