La administración Bush pretende ahora utilizar a la Unión Europea para el
envío de una Misión de Observadores del referéndum presidencial que tendrá lugar
el próximo 15 de agosto, con el propósito de que opere como juez paralelo y
superior del proceso. El intervencionismo electoral emerge como el nuevo caballo
de Troya en su pretensión de derribar al gobierno del Presidente
Chávez.
Quito-Ecuador.- Venezuela enfrenta el referéndum sobre el mandato
presidencial el próximo 15 de agosto, abriendo para la solución pacífica de las
controversias políticas, un nuevo camino en los sistemas electorales del mundo.
Sin embargo, en lugar de que el proceso sea valorado como un paso adelante para
la democracia, a seguir por los distintos países que dicen profesarla como el
mejor régimen político, para la administración Bush, es la ocasión de una nueva
conspiración que sigue el camino del golpe de estado de abril del 2002 y del
sabotaje petrolero del 2003, en la búsqueda de la salida del Presidente Chávez.
Usando la apertura completa de Venezuela a la observación internacional del
referéndum, que debe cumplirse bajo los parámetros internacionales y en estricta
observancia de las leyes de Venezuela, la CIA, pretende que una Misión de
Observadores de la Unión Europea (UE), actúe como un órgano de intervención y
opere como un Consejo Electoral paralelo y finalmente como el árbitro superior
del proceso, violentando todas las normas internacionales y la soberanía legal
de Venezuela.
Su objetivo político es imponer una derrota de Chávez, improbable después de
que ha ganado 7 elecciones consecutivas y cuando las encuestas afirman su
ascenso cotidiano en las expectativas de voto. La maniobra aparece como una
versión actualizada de la estrategia
que reconociendo la incapacidad de ganar la guerra en el terreno de batalla,
se prepara para triunfar en la mesa de negociaciones.
Colonialismo electoral
Desafiando todos los precedentes de observación electoral, el “Memorando de
Acuerdo” propuesto por la UE al Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela, busca instituir una misión con facultades plenipotenciarias,
diplomáticamente encubiertas, de observadores con atribuciones de auditores,
escrutadores, informadores y jueces del proceso, en franco desafío a la
soberanía de Venezuela y a la autoridad del Consejo Nacional Electoral.
La propuesta pretende el establecimiento por tiempo indeterminado de un
equipo de observadores de número ilimitado para el referéndum y para las
elecciones presidenciales que sostiene deben realizarse 30 días más tarde, como
si los resultados estarían definidos y el mandato del Presidente Chávez, ya
hubiese sido revocado, lo que expone y denuncia su papel abiertamente
parcializado con el interés de la oposición y deslegitima su papel de observador
independiente.
Desconociendo que la nueva Constitución de Venezuela, creó la figura del
referéndum revocatorio del Presidente e innovó el derecho constitucional moderno
al jerarquizar al Consejo Nacional Electoral (CNE) como un Poder del Estado
independiente y autónomo, similar al ejecutivo y legislativo, la propuesta de la
UE, demanda la suscripción de su acuerdo con el Gobierno para actuar en el
proceso, vulnerando las facultades del CNE y propiciando de hecho su
intervención sobre el Poder Electoral.
El proyecto de Acuerdo, plantea que el CNE se subordine no a la Constitución
y leyes de su país, sino a las normas y códigos de conducta impuestos por la UE.
Esta demanda incluye la imposición de la libertad total de movimientos de los
observadores con plenas facultades y sin permisos ni notificaciones, como si
efectivamente se tratase no de observadores, sino de interventores de las
elecciones. La imposición de su número y su designación por la UE
sin calificación e invitación del CNE. Su acceso a todos los cuerpos de
administración e información electoral, incluyendo al equipo técnico durante
todo el período de su actuación en el país. Su presencia por un tiempo
indeterminado. La auditoria completa del proceso electoral, centros de votación,
de recuento de votos y agregación y tabulación de resultados. Y el
establecimiento de una vocería pública oficial y vocerías no oficiales, con la
potestad de intervenir en cualquier momento, lo que implica incluso,
implícitamente, establecer la facultad de difundir los resultados y en
consecuencia el abierto desconocimiento del CNE.
La propuesta de la UE, muta la figura del observador electoral en la de un
juez superior, con atribuciones para descalificar de facto al juez legal, el
Poder Electoral venezolano constituido por el CNE, lo que implica que la
suscripción por Venezuela de ese Acuerdo abriría las puertas a la intervención
extranjera en el proceso y los resultados electorales.
Una patente de corso
Para el efecto, el memorando pretende imponer a Venezuela un conjunto de
privilegios en beneficio de sus observadores que incluyen: la inmunidad contra
todo proceso judicial, allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y
toda otra forma de intervención ya sea de carácter ejecutivo, administrativo,
judicial o legislativo, contra detención y arresto contra todo procedimiento
judicial respecto a sus actos y expresiones orales o escritas en el desempeño de
sus funciones.
Exige además la inviolabilidad de los locales que ocupe el Grupo de
Observadores, de sus haberes y bienes, de sus archivos, de todo papel y
documento. La exención del pago de todo tributo interno, incluso los aduaneros y
de las prohibiciones y restricciones respecto a artículos que importen o
exporten de cualquier naturaleza para su uso oficial. La libre posesión de
divisas y libertad para transferir sus fondos en divisas. La excepción de toda
restricción de inmigración para cónyuges e hijos.
Demanda un derecho de comunicación y mensajería bajo los mismos privilegios
de valijas diplomáticas. Y el establecimiento de las operaciones de un sistema
de radiocomunicación autónomo con cobertura nacional e internacional.
La interconexión entre las facultades de los “observadores” y sus inmunidades
y privilegios, revelan que la Unión Europea prepara una Misión a un país en
guerra o militarmente intervenido y no a un país democrático que está
resolviendo sus conflictos internos por la vía electoral. Expone que su tarea es
desafiar la soberanía y la legalidad existente en el país y que por lo tanto
requiere actuar en “secreto” y con una absoluta protección legal, imponiendo una
condición de extraterritorialidad, que le permita cometer cualquier desafuero en
la impunidad.
El “Memorando de Acuerdo” por su estilo, propio de la administración Bush,
denuncia la pretensión de la Casa Blanca de usar a la Unión Europea como el
caballo de Troya de su nueva conspiración contra la democracia y la soberanía de
Venezuela.
* Marcelo Larrea, escritor y periodista corresponsal de
Adital de Brasil, de la
Red Voltaire de Francia y
Director de la revista “el Sucre” en Ecuador.
