Tradicionalmente, la organización y la activación de fuerzas paramilitares en los países de la América Latina se ha correspondido con el tratamiento de las luchas insurgentes y de los movimientos populares que en sus respectivos países enfrentan la ausencia o la estrechez de los canales de participación y la exclusión social y política. Ahora bien, ¿Por qué se habla de tratamiento y no de enfrentamiento? Pues, porque con estas fuerzas no se busca enfrentar a los actores armados de la insurgencia, de la subversión, lo que además, en principio corresponde al Estado, el cual tiene el mandato del ejercicio y el monopolio legítimo de la violencia, a través de sus fuerzas armadas, lo que se persigue con la activación de grupos paramilitares es aterrorizar, neutralizar y eliminar a la población civil y base social de apoyo de la insurgencia armada –como en el caso de Colombia- y también a los líderes y luchadores sociales y políticos, a los defensores de Derechos Humanos y al movimiento popular en general, existan o no guerrillas . En Colombia, por ejemplo la alianza que dio origen a la formación de grupos paramilitares por allá por el año 1982 en Puerto Boyacá incluyó a élites regionales, a terratenientes, a la clase política, a militares –por no concluir que a la institución en su conjunto- y a diversos actores de los Estados Unidos, es decir, el Estado de los EEUU pero también ong’s gringas como YMCA y Tradición, Familia y Propiedad.

La analogía con el caso venezolano, es decir, con la importación de paramilitares a nuestro país se debe a que también se está subvirtiendo, en nuestro país, un orden, se está transitando un proceso de emancipación, de inclusión social y política, de desplazamiento de la antigua hegemonía oligárquica, elitista y burocrática por una popular-democrática, en este caso desde el Estado y desde parte de la sociedad, esta sociedad tradicionalmente excluida de los pactos constitutivos de la IV República y que ha tenido en este proceso la posibilidad de ser sujeto de derechos, de constitucionalizarse y de participar social y políticamente. En este sentido, los factores económicos, políticos, militares y sociales de la oposición, la llamada ultraderecha –aunque con la connivencia del resto de la oposición- copian e importan esta estrategia para intentar frustrar y acabar con el proyecto bolivariano, de democracia social radical. ¿Los posibles blancos de ataque? Posibles no, llevan ya tiempo asesinando campesinos y luchadores sociales en el interior y en la frontera del país, así mismo la gente que participa en barrio adentro, las misiones educativas, los comités de tierra y de salud, los delegados locales y todos aquellos que identifiquen como acompañantes y portadores del proyecto de emancipación serían los blancos de ataque.

El inventario está hecho: aquí y allá, en Colombia y en Venezuela, la hegemonía oligárquica-liberal, patrimonialista está empeñada en no transitar el camino democrático, en no ser plural, en no negociar, en ambos países hay proyectos de cambio –y en cuanto a Colombia me refiero al movimiento y a la organización popular y ciudadana más que a la insurgencia armada- allá es gobierno, aquí es oposición pero una oposición con mucho poder que no acepta la democratización del poder, el poder del pueblo y recurre una y otra vez a intervenciones quirúrgicas de mucho desgaste, que recrudecen cada vez más la polarización existente y que no se sabe cuando impliquen mucha pérdida de sangre.