La última ley antiterrorista estadounidense, la “Military Commissions Act” de 2006, al introducir la noción de guerra dentro del derecho nacional, provoca un giro en la organización jurídica y política del mundo occidental. Pone fin a una forma de Estado que había conseguido “instaurar la paz en el interior y excluir la hostilidad en el exterior del derecho”. Es el acto constituyente de una nueva forma de Estado que inscribe la guerra como relación política entre las autoridades constituidas y sus poblaciones.

A través de la lucha contra el terrorismo, la noción de guerra se introduce en el derecho penal. La inserción de la hostilidad en el orden jurídico interior se ha efectuado primero mediante actos administrativos relativos a los extranjeros y justificados en nombre del estado de urgencia. La Military Commissions Act inscribe ahora esa noción de guerra dentro de la ley y de forma permanente. Al mismo tiempo, modifica su campo de aplicación y su contenido. Permite al Presidente de EEUU definir como enemigos a sus propios ciudadanos y a sus adversarios políticos.

Estado de guerra

Para el poder ejecutivo de EEUU la lucha contra el terrorismo es una guerra y no una simple operación de policía. Gracias a esa lectura ha establecido un conjunto de medidas liberticidas, justificadas en nombre del estado de urgencia. Esa situación autoriza la supresión del Habeas Corpus de los extranjeros sospechosos de terrorismo y la puesta en pie de una vigilancia permanente del conjunto de las poblaciones.

La referencia a un estado de guerra ha permitido al gobierno tratar a los “terroristas” extranjeros como enemigos y así encarcelarlos administrativamente, sin acusación y sin juicio, hasta el final del conflicto. Como se trata de una guerra permanente e indefinida, la detención de esas personas es indeterminada. Esos “enemigos combatientes” no pueden tampoco beneficiarse de las protecciones reconocidas a los presos de guerra. El enemigo pierde su estatus y se convierte en un criminal, pero no goza de las garantías judiciales previstas en materia penal. Por consiguiente, el extranjero, llamado “enemigo combatiente ilegal” por el poder ejecutivo, está completamente sometido al arbitrio de este último.

El punto de vista gubernamental, que considera que los atentados del 11 de septiembre son un acto de guerra y no sólamente un crimen, se apoya en una resolución del Congreso del 18 de septiembre de 2001, “the Authorisation for Use of Military Force”, que da poderes especiales al ejecutivo. La lectura que hace la Administración de ese texto es la de un Estado que está en guerra, no contra otras naciones, sino contra organizaciones que no están ligadas a un gobierno extranjero o contra individuos. Esta interpretación redefine la noción de guerra. Le da un carácter asimétrico, el de una “lucha a muerte” entre la superpotencia mundial y personas definidas como enemigos. Ese nuevo concepto se libera de la existencia de toda amenaza real contra la nación estadounidense. Es un mero producto de la subjetividad del poder: el estado de guerra existe por su simple enunciación. En nombre de la lucha “del bien contra el mal”, el Estado norteamericano niega el carácter político de su acción y, confundiendo enemigo con criminal, fusiona soberanía externa e interna.

Yendo más allá de los poderes otorgados por la autorización abstracta del Congreso, el Presidente promulga un acto administrativo, la Military Order del 13 de noviembre de 2001, que permite el juicio de los extranjeros sospechosos de terrorismo por tribunales militares especiales. Los términos “enemigo combatiente” o “combatiente ilegal” no forman parte del texto mismo del acto jurídico del ejecutivo sino de la lectura que es hecha por la administración. Votando la “Military Commissions Act” el 28 y el 29 de septiembre de 2006, la Cámara y el Senado han extendido ampliamente el campo de aplicación de la incriminación de enemigo combatiente ya que, ahora, los extranjeros que residan en EEUU, al igual que los ciudadanos estadounidenses, pueden ser calificados como tales. La incorporación de “enemigo combatiente ilegal” a la ley tiene como consecuencia que esa noción no se inscribe ya dentro del estado de urgencia sino de forma permanente. La excepción se convierte en norma.

El derecho penal adquiere un carácter constituyente. Las Cámaras han legalizado un nuevo orden jurídico y político que fusiona acto de guerra y función de policía y que da a la administración el poder de transformar en enemigo a todo ciudadano estadounidense o a todo miembro de una nación extranjera con la cual EEUU no está en guerra.

Así, el gobierno modifica la relación entre lo interior y lo exterior. Los ciudadanos de EEUU pueden convertirse en enemigos y ser colocados fuera de la nación estadounidense. Al poder calificar como “enemigo combatiente” a todo habitante del planeta y hacer de éste un “combatiente ilegal”, o sea, un criminal, EEUU se atribuye una función de policía que ejerce a escala mundial. Los otros estados, a través de los diferentes acuerdos de extradición firmados con EEUU, no ponen en cuestión ese derecho que se atribuye EEUU y le otorgan una parte de su soberanía, Aceptando entregar a sus nacionales, así llamados, a las autoridades de EEUU, les reconocen un poder jurisdiccional imperial. (Fragmento)

Nota: El resto del artículo cuyo sub títulos son:El extranjero enemigo combatiente;
El estadounidense enemigo combatiente; Enemigo del gobierno; Legalización de las comisiones militares; Un sistema previsto para los nacionales y Enemigo del Imperio, lo puede leer en: www.mareasocialista.com