Cuando cesan los golpes de estado, la ciudadanía luego de elegir nuevos gobernantes, respira un aire de tranquilidad y piensa que lo malo quedó atrás. Ese estado de inconciencia o “inocencia” colectiva es más fruto del deseo que de la realidad. Los dictadores mientras gobiernan, no pierden el tiempo. Eliminan a, medios y periodistas de izquierda e independientes, maestros y profesores contrarios a sus regímenes totalitarios, empleados públicos y políticos críticos de sus ideologías e intereses. También influyen en la actividad privada para que adopten medidas similares y se rodean de empresarios deshonestos. En resumen, se gesta una “purga” de personas y organizaciones contrarias a sus intereses, sustituyéndolas por personas y organizaciones de su confianza. Cuando retorna la constitucionalidad, no se puede destituir a todos los funcionarios que ingresaron durante los gobiernos de facto, ni retirar los beneficios que recibieron sus colaboradores o restituir a todos los despedidos porque han pasado años y en su mayoría huyeron, fueron apresados y muertos; tampoco se puede eliminar como proveedores del estado a las empresas que “hicieron negocios” con los dictadores o pedirles que devuelvan los dineros mal habidos.
No es raro también que, muchos jueces que “hicieron carrera” durante las dictaduras en América Latina se resistan a juzgar a los militares golpistas; existen países donde ni siquiera hay intenciones de revisar sus acciones. Los empleados públicos de particular confianza que ingresaron durante las dictaduras, se infiltran o forman nuevos sindicatos con los que les hacen la vida imposible a los gobiernos democráticos y ya desde sus puestos de trabajo, se esfuerzan por entorpecer el éxito de las nuevas administraciones. Los medios de prensa que colaboraron en la instalación de esas mismas dictaduras, que ya en democracia evitaron denunciar e informar los desmanes y delitos cometidos por militares y civiles durante los procesos, no van a favorecer a los gobiernos constitucionales; mas bien todo lo contrario, porque se mantienen fieles a quienes los enriquecieron y les deben “devolver” los favores recibidos. Existen denominadores comunes en las dictaduras latinoamericanas, similitud en las causas que desembocaron en su instalación, en sus métodos represivos y también en sus estrategias de repliegue para dar lugar a gobiernos elegidos. Podría haberse dado el caso que en algunos países los militares cedieran y en otros no, pero no fue así, se “desinstalaron” casi al unísono, como obedeciendo una orden superior. Los poderes judiciales “contaminados” fueron responsables de las caídas del presidente Zelaya en Honduras y del presidente Lugo en Paraguay, en poca diferencia de tiempo y con los mismos pretextos, la violencia y la delincuencia; con la paradoja que luego de derrocados, la violencia y la delincuencia lejos de retroceder se incrementaron geométricamente con los nuevos gobernantes, especialmente en Honduras.
Durante las dictaduras, la mayoría de las compañías privadas de seguridad quedaron en manos de mandos militares en casi toda Latinoamérica y eso no fue casual. Tampoco es un detalle menor, porque éstas han crecido enormemente desde que se instalaron las democracias; en varios países pasaron a ser las organizaciones privadas con más empleados en plantilla. El poseer una compañía de seguridad privada, brinda mucha y valiosa información. Quién mueve dinero, cuándo, cuánto, cómo, de qué origen, cuáles son las contraseñas de las alarmas en empresas, comercio y hogares. Quiénes tienen o no cámaras de seguridad, si poseen respaldo y cuánto duran sus memorias, cuántos contratan guardias y en qué horarios, cuáles son los propietarios de las empresas, donde viven, donde estudian sus hijos, cuáles son los movimientos en sus casas… la lista resulta interminable. Si durante los gobiernos de facto los servicios de inteligencia militar se nutrieron como nunca antes, con esta información adicional, el conocimiento en manos de los militares se ha multiplicado tenebrosamente. Estamos viviendo como en “un gran hermano”, donde los ciudadanos somos observados y estudiados permanentemente.
Cuando los medios de difusión masiva, los mismos que apoyaron las dictaduras, publicitan hasta los mínimos hechos delictivos, reiterando hasta el cansancio los más cruentos ¿no estarán favoreciendo a las compañías de seguridad de sus amigos militares generándoles nuevos clientes y de paso, menoscabando la confianza de la ciudadanía en los gobiernos democráticos? Cuando los jueces liberan delincuentes y asesinos reincidentes, minando los esfuerzos de la policía por atraparlos ¿no estarán favoreciendo a las empresas de esos militares con los que colaboraron durante las dictaduras y de paso afectar la credibilidad de las medidas contra el delito que adoptan los gobiernos de turno? Cuando algunos políticos de la oposición junto a los principales medios insisten en sacar los militares a la calle para brindar mayor seguridad… ¿no estarán abonando el terreno para el retorno de los militares al poder? ¿No fue así que fermentó la instalación de las dictaduras en los países latinoamericanos hace unas pocas décadas? ¿Por qué motivos cuando la policía enseña la droga capturada en algún exitoso procedimiento, los informativos de los principales medios se encargan de difundir la ganancia que se hubiera podido generar con su venta? Cuando comentan las cifras en moneda nacional y extranjera fruto de cada hecho delictivo, ¿no estarán incentivando a otras mentes criminales?
Cuando los medios comentan en qué lugar de la casa o empresa se encuentran los cofres de seguridad que los mafiosos robaron o intentaron robar ¿no estarán pasando el dato a otros delincuentes? Se argumenta que los Poderes Judiciales de los diferentes países se manejan con leyes vetustas e inadecuadas, sirviendo como pretexto para justificar su accionar rápido para los ciudadanos comunes, lento para los delincuentes contumaces e ineficaz para los ricos y poderosos. ¿Pero no ha pasado demasiado tiempo sin que se intentaran reformar? ¿Porqué esa “lenta y burocrática justicia”, funcionaba tan rápido cuando defendía los intereses de prestamistas de la peor calaña? Cuando un cheque quedaba sin fondos, a las pocas horas aparecía el alguacil del juzgado en la casa o empresa del emisor, el embargo y secuestro de bienes era inmediato. Para banqueros y usureros la justicia no era lenta, no era burocrática y las leyes no eran inadecuadas…
Los ciudadanos de América Latina debemos abrir los ojos, estar atentos y defender los gobiernos democráticos que tanto nos costó restaurar, sin caer en las trampas de los medios de difusión masiva al servicio de la oligarquía más recalcitrante y de los militares corruptos y ambiciosos.
Ciudadanos ! Los derrocamientos de los presidentes democráticamente elegidos en Honduras y Paraguay un poco antes de culminar sus mandatos, lo que hoy sucede en Venezuela, el intento de magnicidio en Ecuador hace unos pocos años, las campañas difamatorias y antigubernamentales en Bolivia y Brasil; la despiadada campaña mediática y judicial contra la presidenta Argentina que favoreció el triunfo de Macri y ahora contra la presidenta Dilma en Brasil ¿será fruto de otra “extraña coincidencia” como fue el Plan Cóndor? o algo programado para que los países democráticos y con gobiernos progresistas vuelvan a los oscuros tiempos de las dictaduras. Cuando políticos de derecha apoyan para no enjuiciar a los militares o minimizan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, cuando instan a los ciudadanos a “dar vuelta la página y olvidar el pasado reciente”, cuando citan a los ministros actuales por cualquier incidente menor pero, no lo hacen o miran para otro lado cuando se entorpece la búsqueda de los desaparecidos… ¿no son hechos más que significativos para tomar conciencia de sus verdaderas intenciones?
¿Por qué los manifestantes de derecha en varios países de nuestra América Latina piden a gritos que vuelvan los militares al poder, abierta y descaradamente? Porque ellos se enriquecen con los gobiernos dictatoriales, porque los militares están a su servicio y cuidan de sus privilegios en contra de una mayoría de ciudadanos que son explotados y que cuando se animan a reclamar son reprimidos y encarcelados.
El Frente Amplio ha demostrado al mundo que se puede equilibrar la balanza hacia los más desposeídos sin tener que quitarle a los ricos. Hoy en Uruguay, los pobres son menos pobres, la clase media ha crecido y los ricos son más ricos. Se enseñó a los ricos que trabajando con inteligencia y en coordinación con un gobierno que se preocupa por el desarrollo y pensando a largo plazo, no es necesario explotar a otros para enriquecerse, que se puede crecer económicamente con justicia social, echando por tierra el “presupuesto base 0” que se aplicó en el Uruguay pastoril y latifundista durante más de cien años, donde los peones y domésticas trabajaban por techo, comida y sin derecho alguno. Y esto es lo que más les molesta a los políticos corruptos y deshonestos que se enriquecieron favoreciendo a las clases altas en detrimento de la mayoría de la población. Cuando la clase rica y poderosa, tome conciencia de los beneficios resultantes en apoyar a un gobierno inteligente y honesto, los políticos corruptos se quedarán sin trabajo.
Ciudadanos! Luchemos por preservar una América Latina unida, más justa, más solidaria e independiente, por el futuro de nuestros hijos y nietos. Que no nos transformen en lo que ya sufrimos en dictadura, en lo que fue el Chile de Allende, en otra Siria, en otro Líbano, en otra Ucrania, en lo que hoy vive Venezuela, Honduras, México y tantos otros países donde las “guerras internas” impuestas desde el exterior consumen vidas y recursos.
Dictaduras en América Latina ¡NUNCA MÁS!
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