En Venezuela estamos en presencia de una crisis política esencialmente porque hay dos proyectos de país que están en disputa.
Por tanto, sin simplismo por delante y haciendo una distinción entre el prejuicio y la opinión al mejor estilo de Jean Paul Sartre, haremos un ejercicio sobre las salidas (cuatro) que se vislumbran para Venezuela en los tiempos por transcurrir.
La primera, negociar, el proyecto bolivariano con la oposición venezolana y con sus mandamás del norte. Sólo dos opiniones al respecto. Una, la de Víctor Álvarez, exministro de Hugo Chávez, quien ha dicho: “El gobierno tiene que evitar el desgaste que significa enfrentar un referendo revocatorio y la oposición debe contribuir a reactivar la producción y el empleo si quiere alentar sus esperanzas e ilusiones de gobernar con una economía sana y en un clima de paz social a partir de 2019. De allí la conveniencia para ambos de crear los consensos necesarios en la nueva AN para adoptar sin más retrasos las urgentes medidas que se requieren para corregir los desequilibrios macroeconómicos y reactivar el aparato productivo nacional. Otra, la de Heinz Dieterich: “Si la clase política bicéfala venezolana fuera un zoon politicon ---un ente político colectivo pensante--- con sentido de responsabilidad nacional, encontraría ahí el campo de negociación para la concordia oppositorum, en beneficio del país”.
En la teoría de juego sería el no suma cero, es decir, de cooperación y mutuo entendimiento. Algo así como un pacto de Punto Fijo remozado o actualizado.
La segunda, sería darle curso al conflicto o atizarlo lo que se ha dado en llamar el choque de trenes entre el gobierno y la oposición y eventualmente el desenlace de una “guerra civil”, es decir, una lucha entre enemigos que significaría el exterminio entre venezolanos al estilo de lo desarrollado en nuestro país en 1814 bajo el protagonismo de José Tomas Boves o en la Guerra Federal de 1859-1863.
Las consecuencias no sólo serían catastróficas sino sobre todo impredecibles.
Tercera, sería encausar el conflicto por la fórmula levantada y anunciada por la oposición venezolana, esto es, salir del presidente Maduro en los próximos seis meses, entre otras razones porque, como ello mismo dicen: “la crisis no es superable con este gobierno” y esto debe hacerse por la vía “constitucional, democrática, pacífica y electoral”.
En un programa de televisión el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, al hacer alusión a esos “métodos” constitucionales, habló de las siguientes alternativas: a) Renuncia o abandono del cargo de Presidente de la República, escenario que no se vislumbra en el horizonte de los próximos seis meses; b) Juicio Político al presidente que llevaría a su destitución para lo cual se necesitaría de una acusación formal y sustentada por parte del Ministerio Públicos y una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicias, cuestión que, de ensayarse, requeriría de un tiempo superior a los 6 meses; c) Revocación popular de su mandato, que está establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que se puede activar una vez cumplida la mitad del período para el cual fue elegido el presidente. En este caso, el plazo se cumpliría en abril de este mismo año y se necesitaría recoger firmas de “un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción”. Este pareciera el “método” viable y factible que maneja la oposición venezolana.
Ante este escenario hay que recordar que en el año 2004, con todas las secuelas negativas del golpe de estado de abril de 2002, paro petrolero-empresarial del 2002-2003, la discusión en una Comisión para el Diálogo paritaria gobierno- oposición bajo la “mediación” del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, y ante la diatriba sobre las planillas con las famosas firmas planas, el Comandante y Presidente Hugo Chávez, se levantó, cual ave fénix y pasando a la ofensiva, frente a una concentración en el Palacio de Miraflores, anunció el 3 de junio que por encima de las trampas de la oposición venezolana y con la interpretación del poema de Florentino y el Diablo, iría al referéndum revocatorio. En otras palabras dijo: “se me parece tanto a la campaña de Santa Inés, tanto se me parece que hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés, a partir de hoy hasta el día del referéndum revocatorio, la campaña de Santa Inés, hacia allá vamos porque tiene para mí un gran parecido, esto de la acción retrógrada de ir canalizando a la fuerza adversaria para la batalla definitiva. La batalla será el referéndum revocatorio", dijo Chávez aquel 3 de junio.
La batalla se realizó, fue el 15 de agosto de ese mismo año, y los resultados fueron contundentes, más del 60% de los venezolan@s dijeron no a los intentos de la oposición por salir del presidente Chávez.
Por tanto, frente al “método” ya ha anunciado por parte de la oposición, hace falta que el gobierno nacional esté alerta y preparado para pasar a la ofensiva en caso de que sea el soberano que en definitiva tome la decisión.
Cuarto, radicalización del proceso. Para mucha gente del pueblo llano, de a pie, este es el escenario, entre otras razones porque es una deuda por cumplir. Esta es la oportunidad. Ahora o nunca. Y esto última implica tomar decisiones al menos en dos campos, diferenciados pero profundamente conectados. En lo económico. Un gobierno de izquierda, que busca construir el socialismo, necesita, para poder llevar a cabo esa tarea ciclópea y estructural, tener una base económica que rompa con la lógica del capital. Para ello debe obtener, por un lado, el control público de las riquezas nacionales y de otros tipos de bienes y por otro, desarrollar una base fiscal que cobre impuestos a los detentadores de la riqueza. Es decir, no sólo distribuir la renta petrolera (más del 60% hacia la inversión social), como ciertamente lo ha venido haciendo el gobierno bolivariano en estos 17 años y que nadie puede negar. Pero siendo la sociedad venezolana eminentemente capitalista, con clases sociales bien diferenciadas y con brechas de ingresos aún hoy profundas, hace falta que el Estado aplique políticas de impuestos que pechen real y fuertemente al capital, bajo el principio de la progresividad (recordemos que el IVA es profundamente regresivo), para luego redistribuir esos ingresos hacia la inversión social y los sectores que más lo requieren. En otras palabras, recoger del capital el dinero que posteriormente se devuelve a la sociedad en términos socialistas. El impuesto al lujo, a las grandes ganancias, al consumo suntuario, el tema con las prácticas especulativas de la banca y las trabas en el comercio exterior, son decisiones que no esperan para la Ad kalendas graecas (calendas griegas).
Porque estemos claro: la no construcción de una base económica, que supera el extrativismo y que permita sustentar la inversión social, puede conducir, tarde o temprano, a terminar abrazando los programas de ajuste del FMI y el BM, o atrapado en sectores financieros internacionales, tratados de libre comercio, en el endeudamiento con países que demanden materias primas (caso de China) o en el incremento del déficit público y de la deuda pública.
Y el otro campo es político. Para sostener la radicalización se necesita darle protagonismo al pueblo y para eso existe el poder comunal. Como lo dice en una entrevista el argentino Claudio Katz: “Venezuela tiene ya una legislación, una estructura, leyes votadas, que permiten administrar el país con una nueva forma de organización comunal; desde abajo para arriba, con distintas instancias, donde la democracia sea una realidad y donde el poder popular no se limite a ser un conjunto de instituciones defensivas. Es una arquitectura decisiva para disputar con el parlamento de la derecha. Si Maduro y la dirigencia venezolana quieren rescatar el proceso bolivariano, éste es el momento del poder comunal”
Por su puesto, que cualquier análisis u opinión medianamente objetiva tiene que tomar en cuenta que las salidas anteriores son exclusivamente entre actores nacionales y estos tienen una relación muy distinta con el gobierno que se considera el Ceo del mundo, esto es, el gobierno de Estados Unidos. En el caso de la oposición venezolana sus actuaciones y decisiones son dependientes de EEUU, mientras que las actuaciones y decisiones del Presidente Maduro pugnan por ser autónomas e independientes
Por tanto, lo que en otro país del mundo pareciera un conflicto nacional, en Venezuela se convierte en internacional.
*Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales. Exdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Profesor de Postgrado
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