Difícilmente se puede encontrar una persona que niegue la falta de
seguridad jurídica en Ecuador. Sus instituciones están pulverizadas. Basta
con recordar que desde diciembre de 2004 hasta la fecha no hay
prácticamente Corte Suprema de Justicia, ni Tribunal Constitucional; que la
Fiscalía funciona con un subrogante desde hace meses y que, desde hace un
par de años, se registra una situación similar en la Contraloría
General de la Nación; incluso en la Defensoría del Pueblo no existe titular.

Desde todos los ámbitos de la vida nacional hay razones para exigir
instituciones jurídicas sólidas y confiables. Los solemnes reclamos por la
seguridad jurídica, sin embargo, se transforman en una tomadura de pelo
cuando casos jurídicos en donde sólo hay lugar para decisiones
jurídicas, se los quiere llevar al campo económico y político. Este es el caso
de la caducidad del contrato con la compañía petrolera Occidental
(OXY).

La ley es clara. No da lugar a interpretaciones. Tampoco hay margen
para negociaciones, menos aún espacio para cálculos de costo-beneficio. No
se requiere un gobernante salomónico. Simplemente hay que garantizar la
seguridad jurídica. Y eso exige un juez probo. De eso se trata. OXY ha
violado y sigue violando la Ley de Hidrocarburos y el contrato suscrito
con el Estado. Estas violaciones son causales suficientes para declarar
la caducidad del contrato: sea por el traspaso del 40% de derechos y
obligaciones del contrato de OXY a Encana sin que previamente se cuente
con la autorización expresa del ministro de Energía y Minas; por no
haber realizado las inversiones mínimas comprometidas contractualmente; por
insistir en infracciones al ordenamiento legal y reglamentario en casi
todos los ámbitos del contrato. Los incumplimientos continúan: en junio
OXY no estaba al día en la entrega completa del porcentaje de
participación que le corresponde al Estado, debe más de 1,5 millones de barriles
de petróleo.

Cumplida la ley, si se puede hacer un análisis de costo-beneficio
propio del mundo de los negocios. Entonces se podría escoger entre entregar
los campos a otra empresa o permitir que Petroecuador (preferentemente
a través de una unidad ejecutora) asuma el funcionamiento de la ex-OXY
en Ecuador. Y en esta definición, pensando en el interés nacional, no
conviene que una empresa privada se lleve los campos de OXY, que produce
más de 100 mil barriles al día y que le deja al país menos del 15% de
la renta petrolera (TEXACO, en los años 70 y 80, dejaba el 95%). Y que
no se siga desinformando, diciendo que Petroecuador no ha podido subir
sus niveles de producción por culpa de sus sindicatos, pues para
destruir sistemáticamente al ente estatal, entre 1994 y 2004, entre otras
trabas, no le entregaron 1.460 millones de dólares para todas las
inversiones necesarias en el campo de la producción de crudo, lo que provocó
pérdidas para Ecuador por 4.580 millones de dólares. Sobre estas cuentas y
negociaciones podemos discutir más adelante. Lo que interesa ahora es
simplemente el cumplimiento de la ley.

Darle la razón a la OXY, por miedo al garrote imperial, ratificaría que
este pequeño país andino no es más que una colonia y que el discurso de
la seguridad jurídica es una falacia.

*ALBERTO ACOSTA: Economista e investigador ecuatoriano. Columnista del
Diario Hoy y de otras publicaciones periódicas. Asesor de varios
movimientos populares.