Preocupación del Gobierno por una encuesta europea
La
Cancillería expresó malestar por una divulgación que sindica a la
Argentina como un país "problemático" en materia de propiedad
intelectual a raíz de la piratería.
El Gobierno argentino ha recibido con preocupación la reciente
divulgación por parte de la Unión Europea de una "encuesta" en la que
se hace referencia, en tono crítico, al nivel de protección de los
derechos de propiedad intelectual en la Argentina. La publicación de la
misma parece formar parte de un movimiento de la Unión Europea
tendiente a alterar, en su beneficio, la normativa en materia de los
derechos de propiedad intelectual. A pesar de que la Unión Europea no
incluye a la Argentina entre los países a los que califica como "más
problemáticos", nuestro país rechaza la publicación de apreciaciones
erróneas en lo que concierne al cumplimiento por parte de la República
Argentina de aquella normativa.
La legislación argentina vinculada
con la propiedad intelectual (tanto para derechos de autor como para la
propiedad industrial) es conforme al Acuerdo de la Organización Mundial
de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (acuerdo conocido por su sigla en español
ADPIC, o su sigla en inglés, TRIPs) y a los principales convenios
internacionales en vigor.
A su vez la legislación vigente penaliza
las infracciones y pone remedios legales eficaces a disposición de los
titulares que vean sus derechos afectados.
Cabe aclarar que se
está haciendo referencia a derechos privados de naturaleza territorial,
respecto de los cuales los Estados son soberanos, de acuerdo a su
práctica y ordenamiento jurídico interno. Esta libertad tiene por
objeto resguardar las diferencias existentes entre los distintos
principios jurídicos aplicables, considerar los diferentes niveles de
desarrollo social, económico y tecnológico y crear un equilibrio entre
los derechos y obligaciones negociados a nivel multilateral.
La
Argentina ya puso esto de manifiesto a la Unión Europea, reafirmando
que la legislación argentina es consistente con las normas
internacionales y que la aspiración europea de elevar los standards de
protección no coincide con el interés nacional en la materia.
En ese
mismo contexto, recientes informaciones de prensa contienen
apreciaciones equivocadas sobre la normativa del país en propiedad
intelectual, sobre su compatibilidad con el ADPIC y sobre los
dispositivos legales existentes para combatir la violación de los
derechos de marcas.