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(Asociación de Internautas) Mientras la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual (LPI), que da vía libre al establecimiento de un nuevo
canon para los soportes digitales, continúa su trámite parlamentario, y
ha pasado recientemente del Congreso al Senado, un amplio colectivo de
asociaciones profesionales y entidades representativas de usuarios,
empresas del sector de las tecnologías de la información,
telecomunicaciones e Internet, se han reunido esta mañana en Madrid
para reclamar mayor transparencia hacia el consumidor en este pago que
encarece de forma indiscriminada los productos y servicios, y reafirmar
su posición en contra del Canon Digital que perjudica el desarrollo de
la Sociedad de la Información y a la competitividad de nuestra economía.
A fin de recabar nuevos apoyos entre entidades sociales y ciudadanos
particulares, los firmantes de este comunicado han anunciado la puesta
en marcha de la plataforma www.todoscontraelcanon.es , y planificado
próximas convocatorias y actuaciones con los representantes de todos
los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado.
En concreto, estas organizaciones manifiestan el rechazo a gravar los
soportes, los equipos o redes y la tecnología en general con cánones,
cuyos beneficiarios sean un sector económico o una actividad de
intermediación específicos. Contraviene al interés general, ya que ello
conlleva que cualquier colectivo ó sector que se vea afectado por un
cambio tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnología
que ha provocado este cambio, e impide el desarrollo de nuevos modelos
de negocio.
Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución
alternativos a los modelos tradicionales. Un canon no debe proteger un
canal frente a otro, y la evolución al mundo digital desde el analógico
debe permitir que la gestión de derechos pueda realizarse por otros
métodos distintos al canon, una medida que no soluciona el problema de
fondo y legitima, de alguna manera, la propia descarga ilegal de música
u otros productos culturales. Sin duda debe cobrar por su trabajo quien
tiene derecho a ello; deben pagar por un servicio quienes deben
hacerlo, y conviene que todos utilicen las Nuevas Tecnologías.
Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y
redes de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que
tienen derechos (copyright) como para los que están libres de ellos
(copyleft, creative commons, etc.) y por tanto, si se grava de forma
indiscriminada, se penaliza (en beneficio de unos pocos) a todos los
usuarios. En este momento, además, la mayor parte de los contenidos que
circulan por estos soportes no tienen derechos (i.e. voz, correo
electrónico, navegación) o datos que, además, son de naturaleza privada.
Un canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan los
derechos al comprar o adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por el
hecho de almacenarlo en un dispositivo, o de moverlo a través de una
red de telecomunicaciones. El canon, como también se ha demostrado con
el Canon Analógico, no erradica, en ningún caso, la piratería o el ‘top
manta’, y en algunos casos, incluso la incentiva, al incrementar el
coste de los soportes, y propiciar que la compra de CDs, como otros
servicios de Internet, sean deslocalizados a otros países que no tienen
estos gravámenes.
Por todo ello, estas organizaciones firmantes reclaman una mayor
transparencia hacia el consumidor en relación a los impuestos que
actualmente se pagan en concepto de derechos de autor, no estando
dispuestas a admitir la equiparación del usuario de tecnologías, que se
ampara en el vigente derecho de cita, o en el derecho de copia privada,
con aquellos que actúan al margen de la ley, y se lucran ilegítimamente
vendiendo contenidos de terceros.
En este sentido, las organizaciones firmantes vienen a denunciar cómo
determinados agentes presionan públicamente, en los medios de
comunicación, y a todos los grupos parlamentarios, pretendiendo que se
regule a favor de gravar nuevos cánones a soportes, equipos, redes de
telecomunicaciones o accesos a Internet, y consiguen criminalizar al
usuario y proveedor de las nuevas tecnologías, de forma sistemática e
indiscriminada, al equipararles con delitos como la piratería o el ‘top
manta’.
Así, estos colectivos sociales expresan un total respeto por la
propiedad privada, y por los derechos de los autores de contenidos
cualquiera que sea su origen (texto, audio, video, fotografías, etc.),
y su máxima disposición a mejorar la colaboración con las autoridades
judiciales y policiales, dentro de la regulación que se establezca, con
las administraciones públicas, para la resolución y el esclarecimiento
de aquellas actividades delictivas que se puedan producir en torno al
mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con la
legislación europea.
Resulta evidente que cada vez son más agentes los que aprovechan las
características que aportan las TIC para facilitar el acceso y la
promoción de sus contenidos, y se entiende por ello que la industria de
los contenidos está en proceso de adaptación a esta nueva realidad.
Existe un número creciente de experiencias que demuestran que los
usuarios de las TIC están dispuestos a pagar cuando se les ofrecen
productos atractivos y novedosos, por lo que la industria y el sector
de los contenidos tienen casos de éxito basados precisamente en el uso
de las TIC. Adicionalmente, estas organizaciones piden un debate activo
para la búsqueda de soluciones sostenibles, acordes al signo de los
tiempos, en aras a la equiparación española a los parámetros de uso de
las TIC, desarrollo de Internet e índices de productividad con los
países del entorno.
Organizaciones firmantes:
AEDOC (Asociación de Empresas de Documentación Digital)
María Rodríguez Losada
AETIC (Asoc. de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones)
Jesús Banegas Núñez
AI (Asociación de Internautas)
Víctor Domingo Prieto
AMI (Asociación de Música en Internet)
Santiago Ureta Domingo
ANEI (Asoc. Nacional de Empresas de Internet)
Miguel Errasti Argal
ASIMELEC (Asoc. Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones)
José Pérez
ATI ( Asociación de Técnicos de Informática)
Fernando Piera
ASTEL (Asoc. de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones)
Lionel Fernández
AUI (Asociación de Usuarios de Internet)
Miguel Pérez Subías
CEACCU (Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios)
Isabel Ávila
CECAP (Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas)
Heliodoro Jiménez Peral
FACUA-Consumidores en Acción
Rubén Sánchez
Madrid, 4 de abril de 2006
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