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I PARTE
Cuando las negociaciones del capítulo de Agricultura llegaron a
convertirse en el nudo gordiano a desenredar para cerrar el TLC, los
medios anunciaron con bombos y platillos que el presidente Álvaro Uribe
viajaría a Washington a destrabarlas. Se llegaba a la etapa culminante,
que se denominó la fase política, y el país se llenó de esperanzas en
los logros que Uribe podía alcanzar ante quien siempre lo ha llamado
“mi amigo”.
Un análisis del marco de la negociación y un ejercicio comparativo
entre la oferta que Colombia había hecho en 2005 de los llamados
productos “sensibles”, cuando dejó de funcionar a cabalidad la mesa
agrícola, con los términos en los cuales se cerró la negociación
permite concluir que los buenos oficios de facilitación de Uribe
fueron, antes que otra cosa, servicios en favor de Estados Unidos que
ahora trata de justificar con una estrategia oficial fundada en
falacias.
Introducción: El mundo entero conoce que tanto Estados Unidos como
Europa exportan sus géneros agropecuarios a precios por debajo del
costo de producción, lo que se conoce como “dumping”, una práctica
comercial ilegítima condenada en la misma OMC. Por consiguiente,
desentenderse de esto y eliminar tarde o temprano para esos productos
los impuestos de entrada a un país no es más que legalizar esa espuria
práctica. El IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy) estimó
para 2002 el porcentaje en el cual Estados Unidos exporta algunos
géneros por debajo del costo de producción así: 40% para el trigo, 25%
para el maíz, 30% para la soya, 57% para el algodón y 20% para el
arroz. Además, la Universidad de Tennessee ha mostrado los ingentes
beneficios que ese tipo de comercio ha traído a las empresas pecuarias
estadounidenses, que adquieren en su mercado interno a la barata el
alimento para sus especies. El núcleo central de esa política son las
cuantiosas ayudas internas que el gobierno entrega como subsidios
directos al sector y que el investigador de Heritage Foundation, Brian
Rield, ha calculado entre 12 mil y 30 mil millones de dólares anuales y
que el Departamento de Agricultura evaluó en 24.065 millones para 2005,
en 15.680 para 2004 y estima en 19.805 para 2006.
Tampoco se desconocen los daños que sufren los agricultores de los
países receptores de esas exportaciones subsidiadas, tanto por la
pérdida de su propio mercado interno como por la inviabilidad de
exportar hacia los externos donde competir se vuelve una utopía. Cifras
del Banco Mundial indican que si se eliminaran la protección y todos
los subsidios, cuyo valor anual es seis veces superior al de la ayuda
externa, 439.808 millones de dólares en 2003, hoy las exportaciones de
las naciones pobres serían 24 por ciento más altas y sus ingresos
rurales superiores en 60.000 millones de dólares y éste no será el caso
del TLC, donde la negociación no incluyó la eliminación de ningún tipo
de subsidio interno a su sector por parte de Estados Unidos. La labor
de exterminio del ingreso de los agricultores y campesinos, que viven
del cultivo de los mismos bienes agropecuarios de exportación de las
potencias, contradice el supuesto acceso a “comida barata” con el cual
se valida este tipo de libre comercio. El director de la FAO, Jacques
Diouf, repitió en Buenos Aires en 2004 la posición de esa agencia
contra los subsidios y medidas proteccionistas aplicadas por EEUU y la
Unión Europea, a las que señaló como "una de las causas determinantes
de que más de 800 millones de personas en el mundo padezcan hambre”.
Así se crea más hambre que el que eventualmente se puede curar.
Finalmente, los subsidios a productos para el arroz y el algodón y
otras materias primas, como lo observa un editorial del New York Times
del 27 de octubre de 2005, fueron introducidos como rubro presupuestal
hasta 2011 con lo cual no quedan sometidos a discusión de ninguna
política específica. Se consigna de hecho una ayuda permanente a las
firmas comerciales como Cargill, ADM y Zen Noh que mercadean hacia el
exterior, como en caso del maíz, el 80% del volumen o a empresas como
la Arkansas Riceland que percibe 110 millones de dólares anuales de
ayudas estatales; la mitad de lo que el gobierno ha prometido a todo el
sector agropecuario colombiano como soporte anual para defenderse del
TLC.
II PARTE
Durante 21 meses de negociación, el gobierno, con el ministro Andrés
Arias a la cabeza, prometió defender productos a los que llamó
“sensibles”. Al final, tan especial clasificación apenas se concedió al
arroz, al maíz y a los cuartos traseros de pollo, cuando inicialmente
se habló de 14 cadenas productivas que incluían soya, leche, sorgo,
algodón, entre otros. Un recuento del proceso negociador de estos
renglones permite juzgar si de verdad el tratamiento que se les brindó
en la negociación obedeció a la categoría particular que se les había
asignado, especialmente en la fase final dirigida por el presidente
Uribe.
Por mucho tiempo el gobierno sostuvo que persistiría el Sistema Andino
de Franja de Precios con el cual ahora está protegida la agricultura,
luego advirtió que lo cambiaría por uno de Salvaguardias Especiales
Permanentes, que consistirían en dejar entrar sin el pago de aranceles
cantidades reguladas de producto que, de sobrepasarse, bien por excesos
de volumen o bien por exageradas rebajas de precio, recibirían arancel
de castigo; después dio a conocer que esas salvaguardias no operarían
permanentemente, sino por un tiempo, luego anunció que tampoco
operarían si el precio internacional descendía mucho y que para
importar géneros agropecuarios en el TLC no se exigiría como requisito
haber comprado la cosecha nacional. Poco a poco, como en un strip
tease, el gobierno fue despojándose de uno en uno de los instrumentos
de protección mientras Estados Unidos conservaba los suyos. Las
discusiones entonces versaron sobre los términos en los cuales se iba a
concretar el holocausto agrícola de Colombia y, aun en este plano, las
concesiones hechas a Estados Unidos para el cierre de la negociación
fueron más humillantes. Veamos los casos de esos productos “sensibles”.
El caso del arroz. En junio de 2005 la oferta de Colombia era permitir
el ingreso sin aranceles de 27.000 toneladas de arroz blanco, imponer
80% como arancel de castigo para cantidades mayores, permitir que esa
cantidad de arroz libre de impuestos creciera a un ritmo de 3,5% por
año hasta durante 20 años al cabo de los cuales de todos modos quedaba
un impuesto para las importaciones del 25%, que se conoce como arancel
residual. Para el cierre, después del periplo de Uribe, el monto
inicial de toneladas libres de impuestos subió a 79.000, más de tres
veces lo ofrecido hace 4 meses, el ritmo de crecimiento anual de esa
cantidad pasó al 5%, el plazo para llegar al pleno comercio, con
arancel del 0%, bajó a 19 años y, pese a que el arancel de castigo se
mantuvo, solamente operará para los primeros diez años en tanto el
arancel residual del 25% también se entregó.
El caso del maíz. Si lo del arroz es triste, lo del maíz es patético.
De un ofrecimiento de ingreso a Colombia de 500.000 toneladas de
Estados Unidos libres de impuestos en septiembre de 2005, se pasó a una
cifra final de 2 millones. En septiembre de 2005 también se ofreció
aprobar que esa cuantía sin aranceles creciera año por año al 3,5%,
después del viaje de Uribe se cedió hasta el 5% y el impuesto con el
que se castigarían las importaciones mayores a la cuota permitida que
antes se había puesto entre 70% y 60% bajó al 25%, que es una suma
igual al porcentaje al cual se vende el grano gringo por debajo de su
costo, lo cual hace que en la práctica el efecto real de tal gravamen
sea nulo.
El caso de los cuartos traseros de pollo. Colombia en julio de 2005,
con el ánimo de excluir con un truco este producto del TLC, había
ofrecido una concesión a Estados Unidos de 1.000 toneladas anuales
fijas de libre ingreso, en una mercancía que en el Norte se cataloga
como desperdicio. Si “nuestro socio” quería exportar se sometería a los
aranceles que están consolidados ante la OMC, entre el 70% y el 209%.
Luego de la intervención de Uribe, la suma libre de tributo se
incrementó a 26.000 toneladas y ya no sería fija la cantidad sin
aranceles sino que crecería a un ritmo del 4% anual. Se determinó en
164% el arancel de castigo para exportaciones estadounidenses de este
“desperdicio” mayores a la cuota permitida, porcentaje que llegará a
cero en 18 años.
El caso del algodón y el fríjol. Estos dos productos que generan empleo
e ingreso rural y campesino no pudieron ser peor negociados. Para el
primero de ellos, en julio de 2005, se había fijado para las fibras que
más se producen en el país, larga y media, que toda importación tendría
un impuesto del 10% que se llevaría a cero en cinco años disminuyendo
de manera proporcional en ese lapso. Después del desplazamiento de
Uribe a Washington se negoció su ingreso libre en cualquier volumen
desde el primer año de vigencia del TLC, así como ya se había hecho con
el trigo y la cebada. Y, con el fríjol, las 6.000 toneladas libres de
arancel que se habían ofertado en junio de 2005 se volvieron 15.000 en
febrero de 2006 y el plazo de 20 años, que se había contemplado para
llevar a cero el arancel del 60%, se convino en la mitad, en 10 años.
Porcicultura. En septiembre de 2005, las partidas de productos de
porcicultura se ofrecieron con algunas salvaguardias, y se hablaba de
desgravaciones desde el 70% a 15 y 20 años. Con la visita de Uribe este
plazo se volvió de apenas cinco años y el máximo arancel quedó en el
30%, aunque es conocido que la carne de cerdo de Estados Unidos es
precisamente un 30% más barata. Ante esta negociación, Freddy
Velásquez, presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores, dijo:
“El sector porcicultor tiene un sentimiento de frustración por lo
negociado en carne de cerdo con Estados Unidos...los efectos negativos
sobre la producción nacional se podrían observar a partir del año
tres…”.
Oleaginosas. Igualmente en septiembre de 2005 se había ofrecido que las
grasas y aceites tendrían aranceles de 40% y que se desgravarían
proporcionalmente en 20 años para los más vulnerables y para los otros
entre 15 y 5 Para la torta de soya se ofertó una cuota de 55.000
toneladas. Cuando Uribe fue a destrabar la negociación, con excepción
del aceite crudo de soya, los demás productos de la cadena quedaron con
arancel entre el 23% y el 26% que desaparecerá en cinco años y la cuota
de torta de soya quedó extendida al máximo posible desde el primer año
sin impuestos.
Está así demostrado que las gestiones en Washington del presidente
Uribe ampliaron las concesiones ya otorgadas por los técnicos y que eso
fue lo que permitió cerrar el TLC. Es un atentado no solamente contra
las ramas agrícolas y pecuarias mencionadas sino contra el sector en su
conjunto debido al alto grado de sustitución que hay entre unos y
otros.
III PARTE
Pese a lo visto, el gobierno insiste en que el TLC en agricultura es un
acuerdo ganador ya que, a pesar de las concesiones hechas en el mercado
nacional, Colombia consiguió acceso real para sus productos “en el
mercado más grande del mundo”. Como dicho “acceso” estará condicionado
más por las barreras no arancelarias que por los aranceles, el
promocionado “acceso real” está supeditado a las primeras y, en
especial, a las normas sanitarias y fitosanitarias. El ministro, Andrés
Arias, sostuvo en reciente escrito que el acceso real está garantizado
porque “Colombia logró la conformación de un mecanismo permanente de
consultas, coordinación y reglas de juego transparentes en materia
sanitaria y fitosanitaria. Ello agilizará el acceso efectivo de
nuestros productos agrícolas al mercado norteamericano”. Afirma esto
aunque, como se anunció públicamente el 21 de febrero, Colombia “dejó
de insistir en el comité de trabajo para superar los impedimentos al
ingreso de productos agroindustriales al mercado de Estados Unidos
sustentados en MSF innecesarias”.
No obstante, lo que Arias presenta como un instrumento expedito de
acceso no es tenido como tal por el negociador de la mesa de normas
sanitarias, Juan Lucas Restrepo, quien reiteradamente advierte que el
capítulo, con todo y mecanismos, constituye tan sólo un 20% de
posibilidades de acceso y que el resto, el 80%, depende de el
sometimiento del país a planes de trabajo en materias de sanidad animal
y vegetal acorde con los estándares estadounidenses. Ya se han
destinado 100 millones de dólares para ello y, con certeza, tales
planes estarán supervisados por oficiales de Estados Unidos, asesorados
por consultores contratistas de ese país y redundarán en la compra de
tecnología estadounidense. Al final, el capítulo sanitario se
convertirá en un filón de negocio para las firmas de Estados Unidos que
se desempeñan en ese campo alimentado por las manías exportadoras de
algunos colombianos.
Digamos de antemano que las normas de salubridad respectivas en Estados
Unidos tampoco son la panacea. Varias organizaciones civiles
respetables como Public Citizen, Food and Water Watch o Community
Nutrition Institute han hecho estudios y pronunciamientos públicos
poniendo en tela de juicio la labor del Food Safety Inspection Service
a quien acusa de usar una táctica inmoral que flexibiliza las normas a
las importaciones animales y vegetales solamente cuando están
controladas desde el país de origen por comercializadoras
norteamericanas como la subsidiaria de cárnicos de CARGILL, la empresa
Excel.
Y aun así. La redacción del capítulo no otorga plenas garantías de
acceso. Los renombrados mecanismos, como “el comité de consultas y
concertación que resolverá demandas de acceso” y “podrá tener en cuenta
evaluaciones técnicas hechas en Colombia”, por el mismo leguaje
melifluo con el que se definen sus propósitos permite recordar esta
frase de un político colombiano: “si quieres envolatar una decisión,
conforma un comité”. Del mismo tenor es la figura del funcionario de la
oficina de la Representación Comercial de USA que atenderá, se presume
que con diligencia, las solicitudes que presente Colombia a las
autoridades sanitarias.
Como algo lamentable debe consignarse el que como en Colombia el
sistema sanitario calificado de entrada como deficiente, la
reciprocidad en el control no se dará. De ahí se deduce que los
excedentes de productos agropecuarios como vísceras, arroz partido,
residuos de trigo y cebada, transgénicos, que no estarán regulados por
el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, desperdicios de la industria
azucarera, residuos sólidos de grasas, granos en calidades inferiores,
lactosueros, y otras bazofias por el estilo entrarán como “Pedro por su
casa”. No se requerirá de productos de gran calidad para sentenciar
contra al agro y a sus productores colombianos.
Aunque con este esquema el gobierno asegura que Colombia podrá exportar
frutas y hortalizas, pese a que Estados Unidos de todos modos
conservará la potestad para imponer “los límites de tolerancia sobre la
presencia de pesticidas” en este sector, y también aceite de palma,
flores, azúcar, bioetanol y biodiesel, un estudio prospectivo del Banco
de la República, con relación a las exportaciones agropecuarias entre
2007 y 2010 en el TLC, asevera que sólo crecerán 191 millones de
dólares. Este cálculo se hizo creyendo que Colombia alcanzaría una
cuota azucarera, que incluye panela, productos con alto valor agregado
de azúcar y azúcares, de 100.000 toneladas, cuando a la postre obtuvo
una de 50.000 y que las ventas de tabaco y aceite y grasas de palma se
duplicaran. Con relación al primero apenas se alcanzó una cuota
adicional de 4.000 toneladas cuando se aspiraba a 13.000. De tal manera
que los 191 millones serán en realidad algo menos de 100.
Con relación a los productos tradicionales como banano, flores y café,
el TLC admite que las exportaciones ya ganadas no decaerán pero, a la
vez, que su crecimiento esperado será cero. Y, con relación al café, a
nuestro país podrá ingresar café procesado de Puerto Rico y Hawai sin
aranceles pese a lo cual no se logró que hubiera un reconocimiento
geográfico de marca para el Café de Colombia, lo cual se sujetará a lo
que decida un grupo de trabajo creado con tal fin.
Como colofón debe saberse que Colombia aceptó que solamente empresas
comercializadoras, y no los productores o procesadores, serán quienes
realicen las exportaciones. De tal modo que quienes producen deberán
sacrificar márgenes de ganancia en aras de que los intermediarios
puedan colocar las mercancías a precios competitivos. Y, de igual
forma, como la cláusula más humillante, el presidente Uribe y los
negociadores colombianos acordaron conceder a Estados Unidos la
cláusula NMF, por la cual todo lo que se negocie en otros tratados por
encima de las prerrogativas ya otorgadas a Estados Unidos se le
extenderá automáticamente a este país; valga la pena decir que Estados
Unidos no hizo la concesión recíproca.
IV PARTE: CONCLUSIÓN
De lo aquí anotado pueden sacarse las siguientes conclusiones.
Colombia, al renunciar a la protección arancelaria y al permitir
exportaciones de Estados Unidos a precios por debajo el costo de
producción, legaliza el dumping.
Al entregarse así al monopolio estadounidense el comercio de cereales y
oleaginosas, se sacrifica la seguridad y la soberanía alimentarias y se
violan los derechos colectivos consagrados en el artículo 65 de la
Constitución que establece la debida protección a la producción de
alimentos.
No sólo lo anterior sino que, a cambio de entregar un mercado masivo
estratégico como el de la dieta básica, Colombia no recibe sino
ilusiones en la posibilidad de competir contra otros países pobres en
mercados marginales, de nicho, en géneros tropicales. No hay garantía
de acceso real. Y, cuando lo hayaa, los productores deberán
sacrificarse en aras de los comercializadores, como ya pasa en el café.
A esa iniquidad debe sumarse la no reciprocidad en la cláusula NMF.
Constituye un delito de menoscabo de soberanía nacional.
El Banco de la República estima, con cuentas que pueden ser el doble de
la realidad, que las exportaciones agropecuarias de Colombia a USA,
entre 2007 y 2010, crecerán 191 millones de dólares; en tanto las
importaciones de bienes agropecuarios norteamericanos de Colombia, en
el mismo lapso y con un cálculo conservador, subirán en 570 millones.
Un impacto del volumen discriminado de exportaciones aseguradas para
los dos países como fruto del TLC se consigna en el siguiente cuadro.
IMPACTO DEL TLC EN EL PRIMER AÑO DE VIGENCIA EN EL COMERCIO AGROPECUARIO
Exportaciones aseguradas de inmediato
a Estados Unidos en Colombia fruto del TLC
Trigo 1'200.000
Maíz amarillo 2'000.000
Maíz Blanco 130.000
Maíz Blanco 130.000
Arroz blanco 79.000
Pollo 26.000
Lácteos 9.000
Carne Bovina Cortes finos Incierto
Algodón 70.000
Soya –torta y otros- 900.000
Fríjol 15.000
Frutas y Hortalizas Incierto
TOTAL 4'629.000 Toneladas
Exportaciones aseguradas de inmediato
a Colombia en Estados Unidos fruto del TLC
Azúcar 50.000
Tabaco 4.000
Palma Incierto
Carne Bovina 30.000
Lácteos 9.000
Etanol Incierto
Biodiesel Incierto
Frutas y Hortalizas Incierto
TOTAL 93.000 Toneladas
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