La Comisión Europea propuso hoy relanzar el debate sobre la patente europea y realizar un "esfuerzo final" para culminar su aprobación, bloqueada desde hace varios años por el enfrentamiento entre los Estados miembros sobre el régimen lingüístico.

   El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, puso en marcha una consulta pública para conocer la opinión de la industria y de los particulares sobre cómo mejorar el sistema europeo de protección de la propiedad intelectual. Los interesados deben enviar sus opiniones a Bruselas antes del 31 de marzo y el 13 de junio se organizará una audiencia pública.

   McCreevy señaló que la existencia de reglas "satisfactorias" sobre la propiedad intelectual es "esencial" para estimular la innovación y el desarrollo de nuevos productos, y contribuir al crecimiento y al empleo. "Queremos optimizar estas ventajas en Europa creando un auténtico mercado único para las patentes", añadió.

   La consulta se centra en tres temas principales: la patente comunitaria, la forma de mejorar el actual sistema de patentes en la UE y los campos donde es posible una armonización. El Ejecutivo comunitario pregunta también sobre las medidas provisionales para mejorar la protección de la propiedad intelectual mientras concluyen los trabajos de la patente comunitaria, a través de la armonización de las legislaciones nacionales, el reconocimiento mutuo de patentes o la fijación de reglas de competencia en caso de litigio.

   El objetivo de la patente comunitaria es reducir los costes. Según los datos de Bruselas, el coste de registrar una patente en ocho Estados miembros es aproximadamente 50.000 euros, de los cuales cerca de un 25% corresponde a la traducción. En contraste, en Estados Unidos la patente no pasa de 10.000 euros. Esta diferencia constituye, según el Ejecutivo comunitario, una de las razones que explican el retraso de la UE respecto a EEUU en I+D.

   El proyecto de patente comunitaria, debatido durante 10 años, fue objeto de un acuerdo político en 2003, después de decidirse que las lenguas de trabajo serían el inglés, el francés y el alemán, pero que las reivindicaciones --textos de síntesis de las patentes- serían traducidas al resto de idiomas oficiales de la UE.

   Sin embargo, los Estados miembros dejaron abiertos dos flecos que se han enquistado hasta hacer improbable el acuerdo definitivo: la validez jurídica de las reivindicaciones traducidas ante posibles conflictos y el plazo para que la empresa responsable de la patente presente estas traducciones.

   En el primero de los puntos, Alemania --el país cuya industria aporta el mayor número de patentes a la UE-- exige que las reivindicaciones sólo tengan valor informativo; España --cuya industria es mayoritariamente usuaria de patentes ajenas-- lidera la reclamación de que tengan valor jurídico pleno, incluso si presentan errores. En cuanto al plazo de presentación, Berlín exige un mínimo de 12 meses, mientras que Madrid no acepta un máximo mayor de seis meses.