Hoy
las movilizaciones sociales en todo el planeta están marcadas por el
rechazo total a los valores económicos globalizados y a las
consecuencias derivadas de los acuerdos comerciales internacionales. Se
demanda una economía al servicio de la sociedad.
Las clases populares, los más golpeados por la miseria,
se niegan a creer el discurso acerca de los “enormes beneficios que el
libre comercio otorgará a los pobres”. Las consecuencias directas de la
“liberalización comercial” van desde el desplome de los precios
agrarios internacionales, a la inundación de los mercados locales con
productos de precios irrisorios eliminando la subsistencia de millones
de personas, a la destrucción de la manufacturación artesanal y el
empleo, hasta la privatización de las fuentes energéticas y los
servicios públicos (salud, educación, agua potable, etc.). Las
recientes Directivas Europeas, como por ejemplo la llamada
“Bolkestein”, avanzan en esta línea.
El derecho de los pueblos a definir su propio modelo de
sociedad y a implementar aquellas políticas más acordes con su realidad
y con sus objetivos de bienestar humano, se está viendo socavado por un
modelo único que impulsa la privatización y mercantilización de todos
los bienes y recursos. A las personas se les niega el derecho a la vida
y se les desposee de sus libertades y su capacidad de decisión. Y la
humanidad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud a causa
de nuestro modelo de producción y consumo.
Solo una minoría de los países “desarrollados”, en
especial los centros financieros y las grandes empresas multinacionales
son los únicos beneficiados del sistema comercial que representa y
profundiza la OMC. Hacernos creer que el comercio internacional será el
“motor para el desarrollo” y decir que la liberalización que se
pretende será fundamental en la lucha contra la pobreza es una gran
falacia. Ningún país es estable sin una política tendente a fortalecer
su propia estructura económica y social interna ni olvidando los
mecanismos de redistribución de la renta y de equidad. Ningún pueblo
alcanza su bienestar si se los roba sus riquezas, si su economía
depende del exterior o su medio ambiente se deteriora.
Las organizaciones sociales, de agricultores,
consumidores, ecologistas, políticas, sindicales y ONGs para el
desarrollo que firmamos este manifiesto queremos expresar de nuevo
nuestro rechazo a la OMC y al proceso de fortalecimiento e imposición
de sus decisiones no democráticas en el mundo.
Es necesario situar a la OMC en su justo lugar, para
situar también al comercio internacional en su justo lugar. La historia
de la OMC nos permite decir que si sus consecuencias son desastrosas
para la población mundial y el medio ambiente, no existe ningún motivo
para mantener su existencia. El comercio internacional, guiado hoy por
los intentos de eliminación de toda regulación y control de las reglas
de intercambio, no soluciona la pobreza y la exclusión que padece el
70% de la humanidad.
Las políticas de la OMC provocan desempleo y la erosión
de bienestar social. Teniendo en cuenta que las mujeres realizan más de
la mitad del trabajo en el campo, la industria y los servicios, reciben
sin embargo una remuneración mucha más baja que los hombres, son ellas
quienes sufren en mayor proporción la degradación de las condiciones
laborales, la desprotección y la precariedad.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto, con
nuestra trayectoria y compromiso de años por un medio rural vivo tanto
en el Norte como en el Sur, queremos destacar de nuevo el terrible
impacto que la OMC está teniendo sobre campesinas/os, ganaderas/os,
pescadoras/es, indígenas, y trabajadoras/es rurales sin tierra que hoy
representan el 75% de los pobres del mundo. En lugar de luchar contra
la pobreza, la OMC a través de sus acuerdos multiplica el hambre, las
desigualdades y la exclusión de millones de personas del acceso a
bienes comunes y recursos productivos tales como la tierra, el agua,
los peces, las semillas, las tecnologías y el conocimiento. Lo que
impide tener una vida digna y obliga a millones de personas de emigrar
del campo a la cuidad o, incluso, a países lejanos, poniendo en riesgo
su propia vida, como ha quedado patente tras los asesinatos de
inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Los miles de personas
que mueren cada año en las fronteras de la Unión Europea (UE) son
consecuencia de las políticas migratorias que violan el derecho a la
libre circulación y el Convenio de Ginebra para la protección de
refugiados. En el ultimo eslabón de las políticas comerciales
internacionales los migrantes que consiguen “saltar la valla” se
convierten luego en “esclavos” de una economía informal que les declara
personas de “segunda” sin el derecho a tener derechos.
De cara a la próxima cumbre en Hong Kong la OMC dividió
los países del Sur (quienes hace dos años se negaron en bloque a las
imposiciones de la UE y EEUU) y acordó tres temas principales: la
agricultura, los productos no agrícolas o industriales y los servicios.
Aunque la agricultura sigue siendo el asunto primordial
en la actual ronda de negociaciones, por lo que respecta a la UE y a
EEUU el interés primordial es el de conseguir el mayor acceso al
mercado de los servicios y de los productos industriales para sus
respectivas multinacionales. La Comisión Europea está dispuesto a
utilizar la agricultura (que representa tan sólo el 2% del PNB de la
UE) como moneda de cambio, perjudicando lo poco que queda de la
agricultura familiar, si como contrapartida los países empobrecidos
abren sus mercados de productos industriales y de servicios a los
suministradores de servicios (que producen el 71% del PNB de la UE) y
fabricantes multinacionales.
Por todo lo anterior las organizaciones firmantes pedimos:
1. La paralización de las negociaciones comerciales de
la OMC hasta tanto no se efectúen unas evaluaciones sociales,
laborales, ambientales, económicas y de género de los acuerdos ya
adoptados desde 1995.
2. Que las normas comerciales estén sujetas al respeto
de los derechos fundamentales de las/os trabajadoras/es frente a
gobiernos o compañías que intenten ganar una ventaja injusta en el
comercio internacional con la violación de las normas fundamentales del
trabajo, consagradas en los acuerdos de la OIT.
3. Que las normas comerciales estén sujetas al respeto
del derecho a un medio ambiente sano y limpio. El medio ambiente, las
semillas, la biodiversidad, la sabiduría de los pueblos indígenas, el
agua o el aire no son una mercancía.
4. En temas agrícolas:
Que
la agricultura y la alimentación salgan definitivamente de la OMC, y
que su tratamiento sea debatido en el marco de la FAO como organismo
específicamente destinado a estos temas por Naciones Unidas o en un
marco local donde decidan las comunidades campesinas.
La
elaboración de un Convenio Internacional por la Soberanía Alimentaría
como marco político orientador en el tratamiento de la agricultura y la
alimentación a nivel global.
Que
las comunidades campesinas y los gobiernos mantengan su derecho a
proteger, apoyar y promover sus sistemas locales de producción
agropecuaria, apoyados sobre un modelo de producción basado en la
explotación familiar sostenible, diversificada, destinada a abastecer
los mercados interiores (como forma de luchar contra el hambre) y
solidaria con el resto de los pueblos.
A
partir de las premisas anteriores, rechazamos que el acceso a los
mercados tal como se está planteando en estos momentos se convierta en
el tema central del debate agrario.
La
eliminación del dumping en las exportaciones agrarias. El principio que
debe regir cualquier acuerdo internacional agrícola es que ningún
producto pueda ser exportado a precios por debajo de sus costes reales
de producción.
Reclamamos
la necesidad de desarrollar un Plan de Rescate Internacional de los
precios de los productos básicos agrarios y de las materias primas, que
remuneren de manera justa el trabajo de millones de campesinos y
campesinas, pastores y pescadoras del mundo.
Reclamamos
la necesidad de políticas agrarias públicas en todo el mundo que tengan
entre sus prioridades la regulación del mercado y el control de la
producción. Rechazamos la actual Política Agraria Común (PAC) de la UE.
Abogamos por una política agraria que asegure una producción agrícola
sostenible para el consumo doméstico con un mejor reparto social y
económico de las ayudas destinadas a las pequeñas y medianas
explotaciones sostenibles con el objetivo de mantener el mayor numero
de explotaciones agrícolas en Europa y frenar el despoblamiento del
campo.
5. En lo que concierne al acceso de mercado de
productos no agrícolas o industriales (que abarca incluso materias
primas, productos forestales y de la pesca), denominado NAMA en la
jerga de la OMC, que no se negocie ninguna baja de las tarifas
aduaneras, ya que UE y EEUU únicamente quieren aumentar su cuota de
exportación en sectores como electrónica, material deportivo,
bicicletas, productos químicos, calzado, joyas y piedras preciosas,
productos farmacéuticos y equipamiento médico, materias primas y
productos forestales y de la pesca. Una nueva abertura de los mercados
nacionales en los países del Sur supondría la pérdida de empleos, el
deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la pobreza.
6. No a la negociación de nuevos tratados relativos a
inversiones o competencia. Las inversiones privadas en cualquier país
deben estar sometidas a la legislación nacional en cada país, y ésta
debería impulsar en primer lugar la inversión y la industria locales,
sometiendo cualquier inversión a los criterios y principios del respeto
ambiental, la sostenibilidad y los derechos laborales. Un acuerdo
multilateral destinado a favorecer las inversiones sin tener en cuenta
lo anterior estaría aumentando la brecha entre Norte y Sur dentro de
nuestro planeta.
7. Una moratoria sobre el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS) y que se rechace el intento de la UE de
acelerar la “liberalización” de un mayor número de servicios, adoptando
un nuevo esquema de negociación complementario y multilateral mediante
el cual los países de la OMC se verían obligados a comprometer de
manera simultánea un número mínimo de sectores determinados, sobre una
lista de aquellos considerados más importantes (fundamentalmente los
relacionados con las infraestructuras: electricidad, agua, gas,
transporte, telecomunicaciones, etc.). Que se excluya a los servicios
públicos del comercio internacional, se prohíba las privatizaciones así
como promover convenios entre entidades públicos para garantizar el
acceso a los servicios esenciales, como la educación, la salud, la
electricidad o la provisión de agua potable de todas las personas. Son
las autoridades públicos quienes deben garantizar la prestación de
todos los servicios públicos con calidad, participación y cercanía a la
ciudadanía.
8. Garantizar el derecho de las autoridades de proteger
la salud pública y de promover el acceso a los medicamentos para todos,
independientemente de la capacidad de producción local de cada país.
9. Una moratoria del Acuerdo General sobre Patentes de
la OMC, que debe oponerse a todas las patentes sobre la vida, ya sean
sobre genes, células o tejidos humanos, plantas, animales,
microorganismos o cualquier otra forma de vida. La biodiversidad del
planeta es un patrimonio de la humanidad que no puede ser utilizada
para generar beneficios privados, mediante la apropiación de los
conocimientos o recursos biogenéticos de las poblaciones autóctonas,
mediante prácticas de biopiratería y desplazamiento.
10. La obligación de los gobiernos de proteger a los
agricultores que no quieren cultivar, producir ni importar transgénicos
y a los consumidores que no quieren comerlos acogiéndose al principio
de precaución. Asimismo, debe ser aprobada una normativa eficaz que
reconoce del derecho de las autoridades locales y regionales de
declarar su zona libre de transgénicos, como estrategia de protección
de su medio ambiente y paisaje, su cultura y patrimonio, sus semillas y
prácticas agrícolas, su desarrollo rural sostenible y su futuro
económico. Exigimos normas claras sobre la trazabilidad, el etiquetado
y la publicidad de propiedades nutritivas funcionales o sanitarias de
los alimentos, así como de la posible presencia de ingredientes
transgénicos o derivados de ellos que asegure el derecho a la
información y la elección de los consumidores y usuarios sobre lo que
adquieren o toman.
11. Que los países empobrecidos no se dejen intimidar o
manipular, que rechacen en bloque cualquier acuerdo en la OMC, no
tienen nada que ganar, pero todo que perder.
Otra cumbre fracasada abre la oportunidad de reconducir la economía mundial en base de las necesidades de las sociedades.
Instamos a la ciudadanía y todas las organizaciones
comprometidos con una mundo más justo a sumarnos a las movilizaciones
que a nivel global tendrán lugar durante el tiempo que transcurrirá
hasta la VI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio en Hong Kong entre los días 13 y 17 de diciembre.
Nos solidarizamos con las personas y comunidades de
todos los continentes que luchan contra la OMC y los acuerdos
comerciales regionales, bilaterales y multilaterales.
Primeras firmas de organizaciones adherentes: ATTAC
España; Campaña ¿Quién debe a Quién?; Ecologistas en Acción; Espacio
Alternativo; Esquerra Unida del Paìs Valenciá; Observatorio de la Deuda
en la Globalización; Plataforma de Servicios Públicos de la Comunidad
de Madrid Plataforma Rural (Amigos de la Tierra, Colectivos de Acción
Solidarios, Cáritas Española, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y
Ganadera (COAG), Sociedad Española de Agricultura Ecológica, CERAI,
CIFAES, Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios, Sindicato de
Obreros del Campo y del Medio Rural, Entrepueblos, Veterinarios Sin
Fronteras, Sodepaz, Sodepau, Xarxa de Consum Solidari) Sindicato
Labrego Galego; (...)
Las organizaciones que quieran adherirse pueden añadir sus datos en el siguiente recuadro y enviar un correo a:
plataforma-sspp@nodo50.org
