Las firmas y proveedores de servicios de países en desarrollo pueden enfrentar nuevos desafíos a su supervivencia y a su porción del mercado si una nueva ofensiva de los países industrializados prospera en la OMC. Su nueva propuesta de “referencias” obligaría a los países en desarrollo a liberalizar más subsectores a un ritmo más rápido, poniendo a las empresas nacionales a la defensiva.

Los países en desarrollo lanzaron una ofensiva conjunta para introducir nuevos métodos a fin de que los países en desarrollo liberalicen sus subsectores de servicios en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La intención es que esa liberalización se apruebe en la Conferencia Ministerial a celebrarse en Hong Kong en diciembre.

Esto ha alarmado a muchos países en desarrollo, cuyas delegaciones lo ven como un intento por subvertir el sistema actual, por el que cada país puede decidir su propio ritmo de liberalización, en los subsectores que elija.

La ofensiva se reveló en una reunión realizada el 13 de septiembre en la OMC, cuando algunos miembros (entre ellos la Unión Europea, Japón, Suiza, Australia y Corea del Sur) presentaron seis documentos que proponían nuevos métodos para acelerar el ritmo de liberalización de los servicios antes de la conferencia de Hong Kong. Estados Unidos y Canadá también apoyaron las iniciativas.

Los países en desarrollo recibieron las propuestas muy fríamente. En otra reunión, el 23 de septiembre, muchos de ellos manifestaron objeciones y criticaron las propuestas por considerar que intentaban cambiar la naturaleza del acuerdo sobre servicios y los métodos de negociación de la OMC, y que eliminaban los mecanismos de flexibilidad de que ahora disponen los países para elegir el ritmo y grado de liberalización en los diferentes subsectores.

Entre los países que alzaron su voz estuvieron Brasil, Indonesia, Filipinas, Sudáfrica, los del Caribe y los menos adelantados.

Está en juego el destino de las empresas y los proveedores de servicios de los países en desarrollo. Si los países abren sus mercados muy abruptamente, esas pequeñas y medianas empresas correrán el riesgo de ser desplazadas por las firmas mucho más grandes de los países ricos.

El sector de los servicios incluye bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras, comercio mayorista y minorista, servicios públicos (energía, agua y telecomunicaciones), transporte, servicios postales, educación y servicios profesionales (por ejemplo de abogados, médicos, arquitectos, etc.)

En muchos países en desarrollo, los servicios constituyen el sector más importante en términos de constribución al producto interno bruto, a los ingresos y al empleo. También es el sector en que están más afianzados los profesionales e instituciones, con un alto grado de identificación y participación nacional.

Fue con el objetivo de irrumpir en los mercados de los países en desarrollo que las gigantescas empresas de servicios de Estados Unidos, Europa y Japón persuadieron a sus gobiernos de que incorporaran un acuerdo sobre servicios al sistema comercial durante la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales.

Muchos países en desarrollo se opusieron, arguyendo que los servicios no eran en esencia un tema comercial y por tanto no podían aplicarse normas comerciales al sector. Temían que la apertura de los servicios condujera al desplazamiento de bancos, comercios y servicios de telecomunicaciones nacionales por empresas extranjeras. Sólo aceptaron un acuerdo a condición de que se le incorporaran salvaguardas y libertad de elección de políticas.

Las salvaguardas incluyen el “enfoque de lista positiva” (es decir que sólo los subsectores incluidos en la lista se consideran comprometidos para la liberalización), la capacidad de incluir también en la lista restricciones a la plena liberalización en los subsectores escogidos, y el sistema de negociaciones bilaterales de “pedido y oferta”, que permite solicitar la apertura de varios subsectores a un país, pero prevé que éste es libre de comprometer el subsector que elija y en la medida que considere apropiada.

En las negociaciones, se aseguró a los países en desarrollo que podrían elegir si liberalizar o no, y en caso afirmativo, a qué ritmo y en qué subsectores. Esta flexibilidad también fue incorporada a los artículos 4 y 19 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1995.

Sin embargo, este “pacto” corre el riesgo de romperse, dado que los países industrializados exigen la introducción de un nuevo enfoque (llamado método “de referencias” o “multilateral”), por el que los países en desarrollo deberían comprometerse a liberar un número determinado de subsectores, y en un grado mínimo.

Un objetivo especial es la liberalización de la “presencia comercial”, o el Modo 3 del GATS. Se pide a los países en desarrollo que abran un porcentaje mínimo de subsectores a la participación de empresas y proveedores de servicios extranjeros. Algunas propuestas plantean que los países en desarrollo consoliden los niveles actuales de liberalización y luego se comprometan a un mayor grado de liberalización.

Las nuevas propuestas son contrarias a los mecanismos de flexibilidad previstos en el GATS. Por ejemplo, una de ellas plantea que 10 subsectores (los más importantes económicamente) sean elegidos en el nuevo método “de referencias” o “multilateral”. De esos 10 subsectores, los países en desarrollo tendrían que elegir cinco o seis para liberalizar, y los industrializados, ocho.

Es posible que determinado país en desarrollo no haya considerado liberalizar seis de los 10 subsectores, sino sólo uno o dos, pero ahora se le exigiría abrir seis. Además, en los seis subsectores elegidos, se le puede exigir determinada medida de apertura. Por ejemplo, es posible que no se permitan restricciones al grado de propiedad extranjera, o que se impongan límites al número y el grado de las restricciones.

También se verá afectado el espacio político que muchos países mantienen entre el compromiso que hacen en la OMC y sus medidas reales de liberalización.

Es posible que muchos países hayan elegido liberalizar varios subsectores pero no deseen hacer compromisos en la OMC, dado que serían legalmente obligatorios. De esta forma, un país que ha abierto determinado subsector puede dar marcha atrás o aumentar sus restricciones si cambian las circunstancias (por ejemplo, en una crisis financiera).

En cuanto a la propuesta de consolidación del actual nivel de liberalización o de hacer compromisos en el GATS en los subsectores aún no liberalizados, esto eliminaría la actual flexibilidad para que un país se retracte si la situación así lo amerita.

Los países industrializados arguyen que los países en desarrollo han hecho pocas ofertas de compromiso, por lo tanto el nuevo método es necesario para que aceleren la liberalización.

Los países en desarrollo replican que son los países ricos los rezagados, porque no han hecho ofertas para liberalizar el movimiento de mano de obra, el servicio clave en que los países más pobres tienen interés.

Asimismo, creen que es su derecho, conforme al GATS, liberalizarse a su propio ritmo, y que los países industrializados no están respetando ese principio porque sus empresas están impacientes por obtener acceso a los mercados y dominar los negocios en los países en desarrollo.

Este conflicto puede tener graves consecuencias para el desarrollo. Si los países ricos logran su propósito, los países en desarrollo podrían verse obligados a abrir sus servicios a un ritmo más rápido que el que sus empresas pueden tolerar para enfrentar a la competencia extranjera.

Además, la participación nacional en sus economías se reduciría, y muchos subsectores vitales caerían bajo el control de firmas extranjeras.

Es esencial, entonces, que políticos y el público en general (así como las empresas afectadas, por supuesto) despierten ante este nuevo desafío que enfrentan y participen en las actuales discusiones de la OMC. – Third World Network Features