Hasta los momentos ninguna disquera, editorial o productora cinematográfica ha interpuesto alguna denuncia ante el Ministerio Público por la venta de copias no autorizada de libros, discos compactos y películas, entre otras obras de autoría intelectual.

El director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), Eduardo Samán, además recordó que los derechos de autor son de índole privada y la infracción sobre los mismos requiere de una denuncia ante el Ministerio Público por parte del titular.

Añadió que el Estado venezolano necesita esta acusación para poder confiscar o fiscalizar los procedimientos en este sentido.

En cuanto al término “piratería” comentó que desde hace algún tiempo pretende ser acuñado pero no es correcto, pues la Ley se refiere expresamente al asalto de naves en alta mar y esto no tiene nada que ver con las copias no autorizadas de libros, CD y películas.

Recordó que actualmente existen diversas campañas en la televisión, internet, así como en vallas publicitarias, en las cuales tratan de hacer uso de esta palabra.

Las copias no autorizadas no están constituidas solamente por aquellas reproducciones artesanales que se venden en el comercio informal sino que incluyen otros mecanismos menos visibles, refirió.

Samán mencionó el caso de algunas editoriales que publican 100 mil ejemplares de un libro pero cancelan los impuestos y derechos por 10 mil textos.

El director general de SAPI expuso que así como en el mercado existen las copias artesanales también pululan aquellas reproducciones de fabricación semi industrial que son vendidas casi igual a las autorizadas.

En el caso específico de los autores y creadores -y no de las editoriales o disqueras- comentó que muchas veces no se oponen a que sus obras sean vendidas en el mercado informal de forma masiva, pues están claros en que la adquisición en discotiendas y librerías es mucho menor.

Además, dijo que un beneficio colateral para que sus creaciones sean más conocidas y popularizadas es que se amplía la posibilidad de ser contratados para realizar presentaciones y conciertos, lo cual es más provechoso desde el punto de vista económico.

En el caso específico del software denunció que detrás de las copias no autorizadas están las grandes empresas transnacionales, las cuales se aprovechan de la situación para popularizar los programas y cuando se ha extendido su uso presionan con demandar a las compañías importantes, en caso de negarse a adquirir el producto certificado u original.

Según Samán, en Colombia existe una resolución mediante la cual se obliga a las autoridades a fiscalizar a las compañías o personas que adquieran copias presuntamente no autorizadas, con el propósito de hacer que compren las originales. Puntualizó que esta iniciativa pretendió ser impulsada en Venezuela sin éxito.

Hay que mencionar que el Gobierno Bolivariano impulsa el uso del software libre y desde hace un año, aproximadamente, se está migrando hacia dicha plataforma, aunque el decreto como tal fue refrendado el 28 de diciembre del año 2004.