Esta época, en la que el derecho intelectual de los seres humanos se lo han apropiado las grandes corporaciones del mundo, existen organismos e instituciones que protegen el uso de la propiedad intelectual, e industrial, en algunos casos. En Venezuela, existe el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

El SAPI es un organismo gubernamental adscrito al Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco), se encarga de brindar servicios especializados para el uso estratégico de la propiedad intelectual. Entendiéndose la propiedad intelectual como derecho de autor. Además se encarga de la propiedad industrial, en cuanto a registro de marcas y patentes.

El SAPI fue creado en el año 1998 y es el resultado de la fusión entre el Registro Autónomo de la Propiedad Industrial (marcas y patentes) y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, organismo del antiguo Ministerio de Justicia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27 señala que toda persona tiene derecho a gozar e integrarse a la vida artística, cultural y los avances científicos, además del derecho a recibir una protección moral y material, producto de su trabajo intelectual.

Bajo esta visión, en el país se pretende reformar la Ley Nacional del Derecho de Autor y la Autora del año 1993, mediante un proyecto que está aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional.

Derecho usurpado

“En estos momentos, este proyecto se encuentra en consulta pública”, dice Eduardo Samán, presidente del SAPI, quien también trae como ejemplo que el derecho de autor en este proyecto de ley, se quiere extender a derecho de autor y la autora.

De acuerdo al proyecto de ley, el responsable del SAPI expresa que con esta legislación se busca devolverle al ser humano el derecho intelectual, el cual se ha cedido a las corporaciones (disqueras, editoriales, industrias cinematográficas, entre otras). “Pues un derecho que debe ser para los seres humanos, ahora lo gozan estas grandes empresas. Éstas han usurpado ese derecho”.

“Otro de los aspectos a los que apunta el proyecto de ley”, comenta Samán, “es que el derecho sólo lo puede tener una persona natural, una persona jurídica no puede tener ese derecho ni puede ser habiente. Entonces una persona natural (dueño del derecho) puede cedérselo temporalmente a una empresa para que esta comercialice la obra, en unos límites que establece ese mismo proyecto de ley, ya que ese derecho tiene que regresar otra vez a la persona natural. Este derecho es de por vida. Un derecho que nace en el momento de la creación de la obra”.

En este sentido, el autor no acude al Estado para que le otorguen el derecho. Asimismo, entra en juego el derecho moral y el derecho patrimonial. El primero es inalienable, es el derecho que se tiene de ser nombrado y que la obra no sea modificada. El patrimonial, es el beneficio material que se puede recibir del producto del trabajo.

Eduardo Samán, manifiesta en este diálogo, “pensamos que la discusión de este proyecto de ley debe llevarse a las bases de la sociedad”, bajo esta línea el SAPI se encuentra organizando junto al Centro Nacional del Libro (Cenal), diferentes foros con escritores y público en general para abordar el tema del proyecto de ley.

Samán es contundente cuando señala “el derecho de autor no es una forma de propiedad” y explica que la tendencia neoliberal es convertir el derecho de autor en una forma de propiedad, llevar ese derecho a un título de propiedad, ya que lo tienen las grandes corporaciones. Por lo tanto, “es necesario construir una doctrina revolucionaria en la propiedad intelectual”.

Creando la doctrina

Samán señala “Es necesario construir una doctrina revolucionaria en la propiedad intelectual, empezar a cambiar lo que la burguesía le ha hecho creer a la gente. Por ejemplo, nos han hecho creer que la patente es una forma de proteger al inventor y no es así, la patente es un contrato social que establece el Estado con el inventor, donde hay una contraprestación, un beneficio social, eso tiene que ver con la doctrina del derecho de la propiedad intelectual”.

De acuerdo con esto, el SAPI forma parte del convenio Cuba y Venezuela, en el marco de cooperación de estos dos países. En este sentido, existen una serie de programas que llevarán adelante el servicio y la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual.

En primer lugar, se tiene previsto conformar un equipo de trabajo bilateral que puedan integrarlo representantes de otros países latinoamericanos y del Caribe, para la construcción de una Doctrina Revolucionaria en Derechos de Propiedad Intelectual, en función de la realidad de nuestro desarrollo tecnológico y formas justas de intercambio de bienes y servicios.

Crear, en el mes de septiembre, una Maestría en Gestión de Propiedad Intelectual en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que sirva como Centro de Formación de Cuadros Latinoamericanos y del Caribe para enfrentar el avance globalizador neoliberal de las transnacionales y las restricciones que imponen a través de la propiedad intelectual.

Organizar una publicación internacional sobre propiedad intelectual, conformado por un comité editor latinoamericano y del Caribe, de circulación mundial, tanto en formato impreso como digital, de la nueva doctrina y un medio para la publicación de los trabajos de la maestría.

Posteriormente, conformar un Comité de Negociaciones que posibilite escenarios de convergencia mutua y la concertación de posiciones en materia de propiedad intelectual con países y bloques de América Latina y del Caribe y el resto del mundo.

Por último, elaborar un Marco de Principios (lineamientos/políticas) que al aplicarse a la cooperación en todos los terrenos asegure que los derechos de propiedad intelectual y las disposiciones contractuales se ejerciten en forma compatible con los ideales de solidaridad, equidad y justicia social entre los países.

Entre las acciones que lleva adelante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), con el propósito fundamental de construir una nueva institucionalidad, se está modernizando la plataforma tecnológica del servicio para aumentar la eficiencia y disminuir el tiempo del trámite.

Además se ha incorporado a la página web del SAPI, la consulta del estado administrativo de la patente, aparte de todos los datos necesarios para obtener el registro de marcas y patentes. Es decir, los usuarios pueden entrar a Internet e informarse todo lo relacionado al SAPI.

En otro aspecto, se tiene previsto acondicionar físicamente la sede del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es decir brindarle un espacio digno a los usuarios y trabajadores del organismo. Continuando con la modernización de la plataforma tecnológica, ya se creó una sección de contraloría social en la página web del SAPI. “Nosotros hacemos públicos nuestros estados financieros y ejecución presupuestaria”, afirma Samán.

El SAPI y su visión del ALBA

En este aspecto, Eduardo Samán, tiene su propio criterio y manifiesta “la propiedad intelectual y las marcas, las patentes, la invención se han convertido en instrumentos de dominación. En lugar de contribuir como es su esencia al desarrollo científico y tecnológico. Son un instrumento de dominación, de apropiación del conocimiento”.

Entre tanto, argumenta con su visión de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y expresa “existe una concepción errada de ésta. El ALBA no es un tratado, no es un documento, es una forma de vida. Hay una creencia que el ALBA es un documento que va a luchar contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ésta es una expresión de un proceso de neocolonización y neoesclavitud. El ALBA es el proyecto que detiene el proceso de neocolonización. EL ALBA es la construcción de una nueva realidad en Latinoamérica”.

El acuerdo del ALBA va más allá del convenio Cuba-Venezuela, comenta Samán, apunta hacia crear un pacto en lo político, social, económico, cultural. Ese acuerdo es la iniciativa para construir una patria grande. “En la propiedad intelectual, queremos construir esa patria grande”.