MADRID, 8 (EUROPA PRESS) Las principales asociaciones españolas de usuarios de Internet acogieron hoy con escepticismo la aprobación por parte del Gobierno del plan de lucha contra la piratería y criticaron su ausencia en los órganos de trabajo designado. En el documento hecho público hoy por el Ministerio de Cultura se alude en varios momentos a la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, pero no se hace mención alguna al colectivo internauta.

El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, dijo a Europa Press que plantear el tema de la sensibilización en torno a la piratería "está bien, pero patina por un lado". A su juicio, a pesar de que "es un problema social, no se ha consultado con los agentes sociales, los internautas, la industria, los consumidores, los sindicatos, etc.".

Por ese motivo consideró "una trampa" la creación de grupos de trabajo en los que no estará representado el colectivo internauta, aunque sí la Administración, las entidades de derechos de autor y la industria. "No vale hacer un planteamiento sobre Internet con gente que tiene intereses inconfesables sobre la Red", añadió Domingo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, consideró "positivo" que se distinga entre el 'top-manta' y los intercambios de archivos en la Red frente a la "criminalización" anterior, así como que trabajen conjuntamente las entidades de propiedad intelectual y el sector tecnológico.

Por contra, lamentó haber sido excluido de los grupos de trabajo, a pesar de haber remitido escritos a los ministerios de Cultura e Industria y a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) para que el colectivo internauta fuera escuchado. "Cultura nos dijo que contaría con nosotros, en una carta del 15 de febrero, pero no nos han llamado nunca", se lamentó Pérez Subías.

Para el máximo responsable de la AUI, debe establecerse que "los contenidos sólo son responsabilidad del que los mueve, pero no de compañías, del que pone el soporte". En caso contrario apuntó que el sistema "sería imposible de llevar a cabo" y supondría "un paso atrás" en derechos como la defensa de la intimidad y la privacidad de las comunicaciones.