La delegación colombiana intenta convencer a las otras dos de cambiar su normatividad. Estas consideran que se restringiría el acceso a los genéricos.

El objetivo del equipo negociador estadounidense, que apoya Colombia, es lograr que los datos de prueba (los que entrega un laboratorio al Invima para obtener el registro sanitario) tengan una protección de cinco años, es decir, que durante este tiempo ningún competidor pueda producir el medicamento protegido.

En ese propósito lo acompaña Colombia, que desde el 2002 expidió el polémico decreto 2085, aunque ahora, para estas negociaciones, propone reducir esa protección a tres años, lo mismo que para los agroquímicos, para los cuales Estados Unidos pide una protección de 10 años.

Países renuentes

La delegación colombiana, tanto en las reuniones de coordinación andina como en las que se han efectuado aquí en Cartagena desde el pasado lunes cuando se inició la séptima ronda de negociaciones del TLC, ha buscado infructuosamente traer hacia su posición a Perú y Ecuador.

Esos dos países han sido renuentes a darle su visto bueno a una propuesta que les implica cambios en su normatividad interna -que no contempla la protección a los datos de prueba ni para medicamentos ni para agroquímicos- y que les podría generar el rechazo de diferentes sectores de la población por el temor de un aumento de los precios de las medicamentos protegidos.

De acuerdo con lo conocido por EL TIEMPO, en diferentes momentos Ecuador se ha inclinado hacia la posición colombiana, pero ayer, hasta la hora de cierre de esta edición, no había adoptado una respuesta definitiva.

El año pasado, este diario alertó sobre un proyecto de decreto sobre protección de datos que circulaba en el Palacio de Carondelet (sede de la presidencia de la República de Ecuador) y que fue archivado por las reacciones adversas que produjo entre la población y diferentes sectores de opinión.

Unidad, a prueba

La delegación peruana ha mantenido un categórico rechazo tanto a la propuesta estadounidense como a la posición colombiana, cuyos negociadores se han esforzado por convencerla de un cambio de actitud sin resultados positivos.

Las divergencias entre los tres países en este punto no solo han prendido las alarmas entre los equipos gubernamentales sino que algunos círculos gremiales y empresariales ya comienzan a expresar su temor por las consecuencias que esto pueda tener en las mesas que abordan otros temas de la negociación, pero sobre todo que la unidad que han tenido hasta ahora los tres equipos andinos se resquebraje, justo en el momento que más se necesita: en la recta final de las negociaciones.

El jefe de negociaciones del TLC por Colombia, Hernando José Gómez, dijo ayer que hoy se pondrá sobre la mesa la propuesta andina sobre protección de datos, aunque, como se anotó, en la tarde había intensas gestiones con las delegaciones de Ecuador y Perú tratando de alcanzar una posición única.

'No ceder ante E.U.'

Ayer, la ONG Médicos Sin Fronteras pidió a los gobiernos andinos no acceder a las pretensiones estadounidenses de aumentar la protección a los medicamentos que impidan la presencia de genéricos, porque, argumentó, lo que se pone en juego es la salud y la vida de la población más pobre.
En el mismo sentido se pronunció la ONG Ifarma, que hizo un estudio sobre los efectos del TLC sobre la salud pública y que contó con el aval de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que estima que los precios de los medicamentos subirían más del 40 por ciento.

Roberto López, de la ONG AIS del Perú, hizo un llamado a los países andinos para que no se dividan ante un tema que lo que debe hacer es unirlos.

Voceros de Afidro (que reúne a las farmacéuticas internacionales) defendieron la necesidad de proteger los datos de prueba y otros aspectos de la propiedad intelectual como una forma de atraer inversión y tecnología.