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Entre los puntos que se discutieron estuvo la revisión de la Ley de Propiedad Industrial, tema que ambas cámaras y el representante de la cartera de Comercio, coincidieron en que es necesario reformar con miras a incentivar la producción nacional de medicamentos, que responda a las necesidades del pueblo venezolano, privilegiando el acceso a la salud, a través de las fabricación de medicamentos, sobre el del interés económico de las patentes.
Se planteó la necesidad de crear una alianza entre el gobierno y los empresarios, que son productores de medicamentos, que contribuya al debate de algunos aspectos que deben ser reformados del instrumento legal. El Ministro Samán, se comprometió a llevar la discusión a todos los sectores del país: comunidades, sector académico, empresarios nacionales, consejos comunales, Comunicadores sociales y Asamblea Nacional; con el fin sensibilizar a todo el país sobre estos temas.
Samán afirmó que, a pesar de una campaña para crear zozobra en algunos medios de comunicación, la discusión del tema no ocasionará desabastecimiento de medicamentos. Aseveró el funcionario que no existe riesgo e informó que se crearán equipos para debatir los cambios en la ley.
Destacó que la voluntad del Ejecutivo es que las patentes no sean un obstáculo para el acceso de los medicamentos o en su defecto para su encarecimiento, "todo lo contrario, respetando el derecho a la invención las personas, las personas puedan tener acceso a bienes esenciales para recuperar la salud", dijo.
Señaló que los tratados internacionales de propiedad intelectual están condenando al sector de medicamentos a desaparecer, y si eso sucede "se ve en peligro nuestra seguridad farmacéutica y soberanía como país".
Por su parte, los representantes de los Laboratorios y productores farmacéuticos agrupados en CANAMEGA, informaron, a través de un Comunicado Público, estar satisfechos con las declaraciones emitidas por el Minco y aseveraron que “Los derechos de patente conferidos por el Estado en materia farmacéutica deben ser legislados, garantizando que de su aplicación se derive el cumplimiento del derecho a la salud consagrado en la nuestra Constitución, al permitir a toda la población acceder a medicamentos novedosos, de calidad, a precios asequibles, que permitan un adecuado tratamiento médico y que evite el establecimiento de monopolios”.