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El jurado le ordenó pagar 1,92 millones de dólares -80.000 dólares por canción- a seis compañías discográficas: Capitol Records, Sony BMG Music, Arista Records, Interscope Records, Warner Bros. Records y UMG Recordings.
La asociación de la industria discográfica estadounidense (Recording Industry Association of America, RIAA) y los grandes sellos musicales demandaron a miles de personas por bajar ilegalmente de internet música y compartirla con otros usuarios. En su mayoría, los demandados aceptaron pagar montos entre 3.000 y 5.000 dólares para cerrar el caso.
Thomas-Rasset fue la primera de ellos que se negó a un acuerdo y llevó la demanda a la corte.
La RIAA anunció en diciembre que no demandaría más a autores de descargas ilegales de música y en cambio buscaría que los proveedores de acceso a internet tomaran medidas contra la piratería.
La decisión fue un viraje radical por parte de las casas de discos, que persiguieron a unas 35.000 personas por descargas ilegales desde 2003.