El gobierno británico va a presentar un proyecto de ley para proteger la creatividad frente a la piratería. Legalmente, tiene dos novedades básicas. Por un lado, obligará a las compañías a cortar la conexión a internet a quienes descarguen películas o música. Por otro, permitirá acceder a los datos de los usuarios que infrinjan la ley. ¿Podríamos ver algo semejante en España?

Carlos Sánchez Almeida, abogado especialista en internet y propiedad intelectual, tiene la impresión de que, gane quien gane en las próximas elecciones, el gobierno español resultante tomará la línea marcada por Francia y Reino Unido. Sin embargo, cuestiona la verdadera profundidad de estas reformas legales.

"Cuando se ha acostumbrado al pueblo a pan y circo, no se le puede quitar el circo". Según él, es demasiado tarde. Ningún partido político asumirá el riesgo de echarse encima a millones de ciudadanos que se quedan sin internet o sin películas. Al mismo tiempo, ninguno querrá enfrentarse a las grandes compañías proveedoras de internet, que se verían obligadas a perder clientes.

A la espera de que en Francia aprueben el proyecto definitivo -la votación está prevista para este verano- y en Reino Unido presenten oficialmente el proyecto de ley (lo que se sabe hasta ahora ha sido a través de una filtración publicada por el diario Times), Sánchez Almeida está convencido de que las leyes que aprueben en estos dos países serán para "quitarse el muerto de encima". Opina que se las apañarán para que la decisión de obligar o no a las compañías a cortar la conexión recaiga en los jueces para cada caso.

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, representante de las discográficas en España, también cree que propuestas como la británica llegarán a España tarde o temprano. "Es inevitable si se quiere proteger el sector de la creación intelectual". Aún así, al no conocer las medidas concretas que se adoptarán finalmente, Guisasola indica que, por el momento, lo más importante de estas propuestas son su simbolismo. El hecho de que los gobiernos adopten un papel activo -aunque sea aparente- en la defensa de los derechos de autor implica que no es un capricho mercantil de los creadores, sino que realmente hay un problema con internet y la piratería.

Guisasola, de hecho, también entrevé cierto simbolismo en la propuesta. Está seguro de que en Francia no se va a aprobar la medida con toda su dureza, y mucho menos en Reino Unido. Pero los gobiernos lo sueltan para apoyar a los autores a la hora de presionar a las operadoras al negociar. Los creadores, explica, aspiran a que las proveedoras de internet accedan a un canon sobre la red para llevarse "parte del pastel". "Es una guerra entre gigantes en la que los usuarios no tienen nada que ver. Es una cuestión de dinero".

Spain is different

Lourdes Muñoz asegura rotundamente que el PSOE no apoyará nunca una medida como la británica. Es la encargada de temas de sociedad de la comunicación y telecomunicaciones del partido socialista. En primer lugar, se apoya en que en Reino Unido no hay derecho a la copia privada. En España sí. Por lo tanto, una propuesta de ese estilo implicaría un cambio mucho más profundo de la legalidad española. Además, Muñoz defiende que desconectar a los usuarios de internet va en contra del derecho a la comunicación. Lo compara con cortar la línea telefónica a una persona que alguna vez haya utilizado el teléfono para cometer un delito.
Sánchez Almeida ahonda más en las diferencias jurídicas de la Península. Si no hay ánimo de lucro en el intercambio de películas o música, no hay delito y, por tanto, no se puede perseguir por la vía penal (por lo cual cualquier sanción de cárcel queda descartada). Sólo queda el juicio civil, en el que el denunciante tendría que demostrar que se ha vulnerado la ley de propiedad intelectual. Dicha vulneración sólo se daría si se demuestra que con el intercambio se perjudica la finalidad de la obra. Es decir, los autores tendrían que certificar que las copias de una determinada película distribuidas por internet han disminuido la recaudación de dicha película.

Además, en España la ley de propiedad intelectual no menciona nada sobre las descargas. Sólo plantearía problemas a quien sube el archivo a internet, porque sobrepasaría el derecho a copia privada, incurriendo en una falta de comunicación pública de una obra. Bien es cierto, tal y como matiza Sánchez Almeida, que casi todos los programas P2P (software para compartir archivos) hacen que al tiempo que te descargas algo lo pongas automáticamente a disposición de quien, a su vez, se lo quiera bajar de tu ordenador.

Algunas cifras

En Reino Unido, esta propuesta ha llegado cuando hay unos seis millones de usuarios descargando archivos ilegalmente de internet. En España, según la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA), hay 17,6 millones de usuarios. El 58% descargan discos y el 52% películas. Estaríamos hablando de más de 10 millones de personas bajándose música y unos 9 millones, películas.

Las cifras que maneja Promusicae hablan de 1.000 millones de archivos de música descargados y 200 millones de películas. Sólo en 2007 y en España. Además, desde la patronal de las discográficas han percibido que las descargas en España se duplican cada año. Según Guisasola, estos números han hecho que el mercado musical en España haya caído un 25% en 2007, y un 50% en los últimos cinco años, "mientras que la demanda y consumo de música ha crecido".

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