La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APEMIT) y la Asociación de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE) han presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial en el que denuncian una presunta financiación irregular del poder judicial por parte de las entidades de gestión.

Ambas entidades, en representación de 1.370.000 consumidores, adheridos a “todos contra el canon” denuncian entender que podría estar existiendo una financiación irregular del poder judicial, que afecta directamente a su independencia frente a los ciudadanos a favor de particulares y de las entidades privadas de gestión usando para ello buena parte de lo recaudado por el llamado "Canon Digital".

La denuncia argumenta que:

1. El órgano administrativo encargado directo de la formación de Jueces magistrados, secretarios judiciales y fiscales tiene por norma y costumbre conveniar o permitir conveniar con las principales Entidades de Gestión de derechos de autor (SGAE, EGEDA, AISGE, AGEDI o AIE) y asociaciones o sociedades interpuestas (PROMUSICAE, FAP, FAPAE, ASOCIACION DE DEFENSA DE LA MARCA, ETC.) la formación de los antedichos funcionarios, así como “premios”, permisos, y “honorarios” ofertados a los que quieran colaborar o formarse de conformidad a los intereses de las anteriores.

2. Las anteriores sociedades no son administraciones publicas (dedicadas al bien común) sino entidades privadas con evidente ánimo de lucro, sujetas todas ellas en sus relaciones con la administración a la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Que todas ellas en sus informes de gestión anuales y repetitivamente se vanaglorian de “formar a su conformidad (conformidad de los intereses de cada entidad de gestión) a jueces, magistrados, secretarios judiciales y fiscales”.