En una reunión reciente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR) se hizo eco de las preocupaciones planteadas por los opositores costarricenses del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, en particular, de cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, firmó el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR) el 21 de noviembre, tras casi tres años de debates nacionales y más de 3 años después de que el representante comercial del país lo firmara, según trascendió. En Costa Rica, el último de los siete países signatarios en aprobar el tratado comercial, hubo intensos debates internos acerca de las consecuencias, tanto beneficiosas como adversas, del tratado.

El CESCR se encuadra en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene la tarea de supervisar la observancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) por parte de los Estados. Estos se reúnen periódicamente con los expertos del CESCR a fin de analizar el progreso obtenido en el logro de los compromisos en materia de derechos humanos. El período de sesiones de este año se llevó a cabo del 5 al 23 de noviembre, aunque los debates relacionados con Costa Rica tuvieron lugar el 6 y el 7 de noviembre.

Las observaciones finales del Comité establecen: “El Comité observa con preocupación el posible impacto de la entrada en vigor del [CAFTA] en las obligaciones de los Estados Partes que les impone el Pacto y, en particular, en la agricultura tradicional, los derechos laborales, el acceso a la salud, la seguridad social y los regímenes de propiedad intelectual que protegen, entre otros, el acceso a los medicamentos genéricos, la biodiversidad, el agua y el derecho de las comunidades autóctonas asociado a dichos recursos”. Las disposiciones sobre propiedad intelectual están comprendidas en el Capítulo 15 del tratado.

El tratado comercial fue tan cuestionado en Costa Rica que se debió realizar el primer referéndum nacional en la historia de este país, de modo que los ciudadanos pudieran votar por su aceptación o rechazo. El referéndum respaldó el CAFTA por un margen muy estrecho: con solo el 51,61 por ciento de los votos a favor. Las observaciones finales del Comité también alientan a Costa Rica a adoptar “las medidas necesarias” para brindar acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos genéricos, y a garantizar que “los regímenes de propiedad intelectual no se vean afectados adversamente” por la aplicación del CAFTA.

En un documento resumen sobre los debates, la organización sin fines de lucro 3D, consagrada a los derechos humanos y al comercio, citó específicamente el Artículo 15.9.6 e indicó que dicho artículo permite la extensión de la duración de las patentes por ‘demoras irrazonables’ en el procesamiento de la patente, y esto podría retrasar la introducción de medicamentos genéricos en el mercado durante hasta cinco años. El Artículo 15.10.1 concede potencialmente a los propietarios de productos farmacéuticos los derechos exclusivos de no solo el medicamento, sino también de todos los datos de pruebas de salud y seguridad del medicamento, durante hasta cinco años, señaló 3D. Esto representa una extensión de facto de la patente desde la perspectiva de las empresas de medicamentos genéricos, que no pueden llevar a cabo el proceso de investigación y desarrollo durante ese período.

Esta fue una oportunidad única para debatir las inquietudes acerca del efecto de la propiedad intelectual sobre el acceso a los medicamentos. El CESCR se reúne cada algunos años con los signatarios del ICESCR con el fin de ‘dialogar’ acerca de la situación actual con respecto a la observancia de las normas sobre derechos humanos estipuladas en el Pacto. Según Caroline Dommen de 3D, el formato del ICESCR como tratado legal –además de tratado moral y político–, cuyo fin es proteger los derechos humanos, puede cumplir un papel importante como una herramienta adicional de rendición de cuentas para responsabilizar a los Estados del impacto social de los tratados económicos.

Si bien actualmente no existe ningún mecanismo de reclamación para las personas que estiman que se han violado sus derechos amparados en el ICESCR, un mecanismo se encuentra en proceso de elaboración, aunque como protocolo opcional no vinculante, a menos que los signatarios del ICESCR lo ratifiquen de manera separada.

Los miembros del CESCR no estaban disponibles para realizar comentarios en el momento en que se publicó este artículo.

Zoe Goodman, representante de 3D que participó en el período de sesiones, afirmó que si bien la delegación del Gobierno costarricense prometió supervisar la aplicación del CAFTA en cuanto a las violaciones de derechos humanos, no proporcionó “ninguna medida específica que el Estado esté planeando implementar para garantizar que el derecho a la salud no se vulnere”. Agregó que estaba satisfecha de que el Comité haya planteado las disposiciones sobre propiedad intelectual como un tema de derechos humanos, pero se mostró decepcionada por el hecho de que no se solicitó que se siguieran las cuestiones a fin de determinar los detalles del plan de Costa Rica para garantizar el acceso a los servicios médicos teniendo en cuenta las nuevas restricciones sobre patentes.

El comunicado de prensa de 3D sobre el CESCR señaló que el CAFTA-DR podría provocar “el aumento de los precios de los medicamentos por los menos en un 800 por ciento” y reflejó preocupación porque el uso masivo de los medicamentos genéricos, sobre los que se basa la capacidad de Costa Rica de proveer servicios médicos a la mayor parte de su población, podría verse amenazado por las restricciones más rigurosas de propiedad intelectual.

La organización Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) expresó en un comunicado de prensa que es probable que el tratado comercial y su régimen reforzado de propiedad intelectual garanticen un mejor acceso a los nuevos medicamentos mediante la protección de incentivos para la innovación. En el mismo comunicado se alega que luego de la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los pacientes en México se beneficiaron con marcadas mejoras en su salud. Los defensores costarricenses del CAFTA-DR afirman que también brindará más oportunidades económicas para el país y que un mercado más amplio y más competitivo provocará la disminución de los precios en beneficio de los consumidores pobres.

---

This work is licensed under a Creative Commons License. All of the news articles and features on Intellectual Property Watch are also subject to a Creative Commons License which makes them available for widescale, free, non-commercial reproduction and translation.