A la justicia se la representa con los ojos vendados, porque ante la Ley somos todos iguales, pero la enfermedad sí discrimina, y mucho, entre quienes viven en países ricos o pobres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde un punto de vista geoeconómico hay tres tipos de enfermedades: las primeras inciden en todos los continentes, como las cardiovasculares, las del segundo tipo, también llamadas “enfermedades descuidadas”, afectan a países pobres y ricos pero con más casos en los primeros -tuberculosis, por ejemplo-, mientras que las del tercer tipo inciden casi exclusivamente en los países pobres -como la malaria-, carecen de interés económico para las transnacionales de la salud y son, por lo tanto, “enfermedades muy descuidadas”.

Este descuido se ha acentuado en las últimas décadas, en particular a partir de la inclusión de cláusulas de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio y los múltiples acuerdos bilaterales de libre comercio. La investigación médica se ha trasladado de universidades y laboratorios subsidiados por los Estados a empresas privadas con fines de lucro. Para motivar inversiones millonarias en el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías, la propiedad intelectual garantiza a la empresa el monopolio sobre su invención durante varios años. Este monopolio permite imponer precios de venta muy superiores a los costos de producción y así recuperar lo invertido en la investigación. El lucro es una motivación poderosa y la cantidad de patentes sobre nuevos medicamentos -o nuevos usos de medicamentos existentes, lo cual también es patentable- crece año a año.

“Como organización médica que somos, necesitamos de la innovación”, comentó Michel Lotrowska, representante ante la OMS de la conocida organización Médicos sin Fronteras. “Pero la innovación no tiene sentido si los nuevos productos están fuera del alcance de quienes los necesitan”.

En el caso de los medicamentos para el VIH-Sida, por ejemplo, el monopolio de la propiedad intelectual permite a los laboratorios vender a mil dólares dosis para un mes de tratamiento que pueden producirse por cien. Y esos medicamentos existen porque el VIH- Sida es una enfermedad del primer tipo. Para las del tercero, cuyas víctimas no van a poder pagar tratamientos costosos, simplemente no existe la motivación para investigar. Esta situación fue expuesta en mayo de 2006 en un informe a la OMS de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública. De inmediato se creó un grupo de trabajo intergubernamental sobre el tema, pero su primer año de trabajo no produjo ningún acuerdo. Tras una acalorada discusión sobre este fracaso, la directora general de la OMS, Margaret Chan, lo volvió a convocar. La segunda reunión del grupo acaba de finalizar en Ginebra y su resultado es un borrador con algunos acuerdos y una lista de discrepancias sobre las que deberá resolver la Asamblea Mundial de la Salud (los estados miembros de la OMS, representados generalmente por sus ministros de Salud Pública) el año próximo.

Que la Asamblea Mundial de la Salud haya puesto el tema en su agenda “representa una oportunidad excelente de cambiar el paradigma y desvincular el costo de la investigación y desarrollo del precio de las medicinas”, consideró James Love, representante de Knowledge Economy International, una ONG especializada en patentes, derechos de autor y propiedad intelectual.

Sangeeta Shashikant, de la Red del Tercer Mundo, dijo que la OMS, como principal institución mundial sobre salud pública, “debe asumir el liderazgo en temas que son de salud pública desde una perspectiva de salud pública, especialmente cuando hay tensiones entre ésta y los intereses comerciales”. Y explicó cómo en muchos países han sido los ministerios de Salud los que tomaron la iniciativa de utilizar al máximo las cláusulas de excepción previstas en la Organización Mundial de Comercio que permiten flexibilidad en la protección de la propiedad intelectual cuando la salud de la población está en juego.

Sin embargo, como explicó A.E. Ogwell, representante de Kenya y miembro del Grupo de Trabajo, “cada vez que un país trata de implementar estas medias y se dispone a importar medicamentos genéricos, hay enormes resistencias en países poderosos que obstaculizan a los africanos usar estas provisiones legales en nuestro favor”.

En la reunión del grupo de trabajo, Estados Unidos se opuso a todos los textos que describían al actual sistema de incentivos para la investigación como inadecuado o insuficiente para enfrentar las enfermedades de tipo dos y tres. El Grupo de Río -integrado por catorce países latinoamericanos y caribeños- propuso el principio de que “el derecho a la salud tiene precedencia sobre los intereses comerciales”, pero Europa y Estados Unidos sugieren como redacción alternativa que “los objetivos de salud pública y los intereses comerciales deben ser apropiadamente balanceados y coordinados”.

Hubo consenso en cuanto a fortalecer los sistemas de información y vigilancia sanitarios y la capacidad reguladora en los países en desarrollo, pero no lo hay sobre las propuestas de hacer una lista de tecnologías esenciales para la investigación y la producción local de medicamentos en el Sur o para urgir a los gobiernos de los países miembros a mitigar el impacto adverso sobre la salud de la migración de personal médico y de enfermería hacia el Norte.

También quedó pendiente de resolución el establecimiento de un fondo para financiar la investigación y el desarrollo de las enfermedades de tipo 2 y 3, y no hubo consenso siquiera en el establecimiento de una comisión que estudiara alternativas para financiar, coordinar y priorizar esta investigación.

En la sesión de clausura, Margaret Chan expresó su compromiso personal y el de la OMS para “avanzar en temas sobre los que estamos mandatados y en los que la organización está dispuesta a hacer más”. En tono mucho más precavido, el canadiense Peter Oldham, que presidió las negociaciones, expresó apenas esperanza de que en la próxima sesión del grupo de trabajo, en abril de 2008, no se revirtieran los avances logrados. Poco antes, Estados Unidos, respaldado por la Unión Europea, había dicho, en abierta crítica al secretariado de la OMS y al propio presidente de la sesión, que algunas frases del documento final, señaladas como consenso, debían estar entre corchetes (señal de desacuerdo en los documentos en negociación en las Naciones Unidas).

El delegado brasileño comentó que “si bien los avances son dolorosamente lentos, la OMS está más comprometida” y que “hará falta mucho más esfuerzo para cambiar la cultura del monopolio y la concentración del poder”.

Este artículo se basa en informes de Riaz K. Tayob, publicados en South-North Development Monitor (SUNS).