Según el Acuerdo de Londres, los países que tengan el inglés, el francés o el alemán como lengua oficial no requerirán que se traduzca la descripción completa de una patente al idioma utilizado mas comúnmente por los mismos. El inglés, el francés y el alemán son, además, los tres idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, con sede en Munich. Este cambio tiene como objetivo reducir los costes administrativos y financieros para los solicitantes de patente, pero también es motivo de preocupaciones.

El acuerdo, que se firmo en el año 2000, entrará en vigor cuando ocho países, incluidos Gran Bretaña, Francia y Alemania, lo hayan ratificado.

Hasta ahora, Francia no lo había ratificado, pero, el 9 de octubre, el Senado francés decidió aprobar el acuerdo, dando de esta forma luz verde para su entrada en vigor en la primera mitad del año 2008.

A esta ratificación le precedió un enardecido debate sobre la propiedad intelectual en la Asamblea Nacional francesa. Los partidos de la oposición manifestaron sus temores de que haya una avalancha de patentes y de que las grandes empresas opten por proteger las fórmulas o procedimientos específicos que se emplean durante la fabricación más que los productos finales.

Según algunos políticos, esto podría tener consecuencias nefastas para la pequeña empresa puesto que le impediría utilizar la
información que esté protegida por una patente.

“El reto para Francia es impedir que las patentes se conviertan en productos de supermercado”, declaró Alan Claeys, un miembro socialista de la Asamblea Nacional. “Una patente sirve para proteger una técnica innovadora cuyos términos están explícitamente descritos. El peligro hoy en día es que se tiende cada vez mas (en campos como el del software) a patentar el conocimiento y no la innovación. Si esta tendencia sigue su curso, dará lugar a una serie de patentes injustas a largo plazo que jugarán en contra de nuestros laboratorios y de la pequeña y mediana empresa.

No obstante, Jean-Pierre Jouyet, el Secretario de Estado de Asuntos Europeos, sostuvo que el acuerdo “no desfavorecerá en manera alguna a la pequeña y la mediana empresa”.

Alrededor del 90% de las empresas francesas, declaró el Sr. Jouyet, registran sus patentes en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual y 50% de las mismas solicita la aplicación de la patente en toda Europa. Una vez que el acuerdo entre en vigor, estas empresas continuarán a registrar las patentes a nivel nacional y, al mismo tiempo, se beneficiarán de unos costes reducidos para hacer valer las patentes en otros países europeos.

“Con la ratificación de este acuerdo, nos estamos adaptando mejor a la globalización a través de Europa”, declaró. En su opinión, el acuerdo es positivo para la lengua francesa.

“El hecho de que Francia se negase a ratificar el acuerdo llevaría a los otros 13 países a negociar entre ellos una estructura que privilegiaría el inglés”, añadió. “Nuestro objetivo es facilitar el registro de patentes, las invenciones de nuestras empresas deben ser conocidas en otros países”.

Los partidarios del acuerdo lo consideran como un ingrediente esencial en los esfuerzos para reformar el sistema de patentes europeo que se estableció en la década de los 70.

Este sistema exigía que las aplicaciones de patentes otorgadas por la Oficina Europea de Patentes fueran traducidas a 22 idiomas.

Se han mencionado estos requisitos tan costosos como la razón por la que los investigadores en Europa se muestran mas reticentes a solicitar una patente que sus homólogos estadounidenses.

Proton Europe, una red de académicos especializada en la tecnología, calcula que entre el 30% y el 50% de todas las invenciones de este continente tienen su origen en las universidades. Paradójicamente, las patentes registradas por las universidades constituyen menos del 3% de todas las patentes registradas en la Oficina Europea de Patentes.

En un estudio llevado a cabo por Proton Europe se observo que había mas de 10000 solicitudes de patentes prioritarias realizadas por las universidades estadounidenses en el año 2005. La cifra correspondiente a las universidades europeas para el mismo año era del orden de 2000.

Y esto a pesar del hecho de que los 2,8 millardos de euros proporcionados por el sector empresarial para la investigación en las universidades europeas era una cifra mucho mayor que la del apoyo a las universidades que se proporcionó en Estados Unidos.

“Aquí, en Europa, tenemos un sistema de patentes muy diferente del que existe en Estados Unidos”, declaró Gilles Capart, presidente de un grupo de trabajo sobre la política de patentes en Proton Europe. “Ya es hora de que resolvamos ese problema.

No podemos permitirnos el no hacerlo, puesto que sabemos que esta causando un déficit en la economía del conocimiento de Europa en comparación con la de Estados Unidos”.

Capart reconoce que la aplicación de patentes (que es, en su origen, un concepto del sector privado) a los descubrimientos realizados por estudiantes va contra la filosofía de base sobre la que se fundamenta la educación superior en Europa. Desde que Friedrich von Humboldt creó la Universidad de Berlín en 1810, la libertad académica ha sido uno de los preceptos principales profesados por los educadores de todo el continente.

“Se consideran las patentes como la malversación de un bien publico”, añadió Capart. “Sin embargo, una de las misiones de las universidades es compartir el conocimiento. Una manera de hacerlo es a través de las publicaciones, y una patente es una publicación que protege la inversión”.

El Trinity College de Dublín decidió en 2003 que el hecho de aceptar dinero del sector empresarial para llevar a cabo una investigación estaría sujeto a que se registrasen las patentes para las invenciones que se derivasen de la misma.

“No hay ninguna señal de que nuestro espíritu intelectual se haya visto afectado”, declaró Eoin O’Neill, el director de los Servicios de Innovación de dicha universidad irlandesa.

El grupo de presión de los trabajadores de BusinessEurope ha acogido con alegría la aceptación por parte de Francia del Acuerdo de Londres, con el argumento de que los costes de traducción constituyen un promedio de 30-40% de los costes totales de la presentación de una patente europea. El acuerdo reduciría estos costes a la mitad.

“Necesitamos un sistema de mercado rentable”, declaró Ernest-Antoine Seilliére, el presidente de la organización. “El Acuerdo de Londres reducirá los costes de las patentes en Europa. Este paso adelante servirá también como impluso positivo para otras mejoras en el sistema europeo de patentes”

No obstante, los que se oponen a los esfuerzos para aplicar un reglamento estricto para la propiedad intelectual en lo que respecta al software opinan que la entrada en vigor del acuerdo será un paso hacia atrás.

Benjamin Henrion, de la Fundación para una Infraestructura de Información Libre, predijo que, para las empresas Chinas, será mas fácil hacer valer sus patentes en Europa si las presentan en inglés.

“Un 30% de las patentes que solicita la industria china son patentes para software”, añadió. “Si reducimos las barreras, este porcentaje crecerá. Me sorprendería mucho lo contrario”.

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