157.000 euros de multa por utilizar un programa P2P para compartir 24 canciones. La acusación, que ha salido muy satisfecha del juicio, ha sido la propia industria discográfica, que por lo publicado en los medios americanos, estaría representada en esta ocasión por Capitol Records, Sony BMG Music Entertainment, Arista Records, Interscope Records, Warner Bros. Record Inc y UMG Recordins. La sentencia, que ha intentado “ser ejemplar”, ha sido criticada en foros de todo el mundo, al considerarse injusto que una mujer pague la rabia de una industria que sufre las consecuencias de una práctica habitual de millones de personas en todo el mundo. De hecho, en la demanda, las compañías aseguraban que la mujer había compartido 1.702 canciones usando la red Kazaa, aunque finalmente se enfocó el caso sobre 24 canciones.

Las compañías dieron con Jammie Thomas mediante, “SafeNet”, un su servicio antipiratería que pudo obtener canciones registradas por las empresas contratistas que venían de la dirección de esta madre soltera que ve con desesperación como acaba de arruinar su vida de una forma impensable.

En Estados Unidos se mantienen abiertos 26.000 procesos como el de Jammie Thomas y la industria ha celebrado que la de Thomas sea una sentencia ejemplar. Sin embargo, el abogado defensor de Thomas no opina lo mismo: “Jammie está llorando (…) está preocupada por su casa, por las letras de su coche (…) es una mujer que paga poco a poco y ahora la Justicia le reclama un cuardo de millón de dólares”.

Hasta el momento, el “caso Thomas” no puede darse en nuestro país. En España La Ley de Propiedad Intelectual persigue la piratearía, pero también recuerda que “la reproducción de obras ya divulgadas cuando sea para su uso privado y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa" no es un delito.

Al margen de la ruina de Jammie Thomas, el caso ha dado la vuelta al mundo y, en especial, en Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre la legislación de la propiedad intelectual. Varias asociaciones de internautas han insistido en las últimas horas en que es “urgente” la adaptación de la industria musical a los nuevos tiempos y que “terminen estas injusticias”. Por su parte, el abogado Ray Beckerman, de Nueva York, ha escrito ampliamente sobre el caso en el blog llamado “La industria de la música versus el pueblo”. Asegura que la sentencia es “una de las cosas más irracionales que he visto en mi vida profesional (…) ¿Un veredicto de US$222.000 por infringir 24 canciones que valen US$23.76? (…) Es un exabrupto y espero que despierte la conciencia del mundo de que necesitamos empezar a ayudar en su defensa a los que enfrentan estos cargos”.

Todo apunta a que el caso Jammi Thomas no ha hecho más que empezar.