Tras el contundente e histórico golpe propinado a las transnacionales farmacéuticas por el gobierno brasileño, garantizando medicamentos contra HIV/SIDA (como el efavirenz) para su pueblo, una maniobra desde la oficina de propiedad industrial (INPI), enciende las alarmas de la salud pública del Brasil.

Los esfuerzos del Presidente Lula para garantizar una adecuada provisión de medicinas a precios asequibles y en cantidades adecuadas se ven erosionados: el día 27 de setiembre pasado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con solo 30 votos de países miembro, designo al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil como oficina que cumplirá la función de autoridad internacional de búsqueda y examen preliminar de patentes en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, siglas en inglés).

Esta designación facilitará que solicitudes de patentes extranjeras de principios activos farmacéuticos ingresen a territorio brasileño en un número muy superior al de los últimos años, (12.444 solicitudes de patentes en 2004) e impidiendo de este modo el desarrollo de futuras innovaciones de fármacos desarrolladas por laboratorios de industria nacional, como así también de inventores brasileños.

La oficina brasileña de patentes y marcas, dirigida por Jorge Ávila, adopta una clara política de alineamiento con este controvertido organismo especializado de las Naciones Unidas, y en franco apoyo a las políticas de propiedad intelectual postuladas por los países centrales y en dirección contraria a las políticas de salud impulsadas por el gobierno Lula.

El tratado PCT, es una especie de tratado TLC encubierto, que utiliza a las patentes como medio para la libre circulación de mercancías, creación de mercados monopolios, y fijación de precios ficticios, particularmente perjudiciales para el acceso a medicinas.

Los países latinoamericanos que en el pasado han adherido a este controvertido tratado internacional y que padecen sus consecuencias son: Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua y Trinidad y Tobago.