La Directora General de política de copyright del gobierno canadiense ha sido destituida al saberse que estaba involucrada sentimentalmente con el director del lobby de las grandes compañías cinematográficas. La cosa no sería tan problemática (al fin y al cabo, cada uno puede tener la vida privada que quiera) si no fuera porque todo el mundo sospechaba que la ley que prohibía introducir cámaras de video en los cines, y que se aprobó en tan solo dos semanas, estaba escrita al dictado del antedicho lobby. Un caso parecido, pero no igual, sucedió en Europa, donde el conflicto de interés de la europarlamentaria Fotour, quien condujo la aprobación de la IPRED y está casada con un directivo de Vivendi-Universal, no sirvió para lograr ni el bloqueo de la directiva ni la dimisión de la parlamentaria. En España, por supuesto, esto no pasa. Aquí los legisladores no se meten en la cama con las entidades de gestión, pese a que las leyes aprobadas puedan hacer pensar lo contrario.