De izquiera a derecha: Alejandro Roca, Felisa Miceli y Mario Aramburú

En un intenso movimiento de presiones e instalación de la agenda de propiedad intelectual en la República Argentina, se desarrollará los días 19 y 20 de setiembre de 2007, un congreso (ELDIPAT 2007) organizado y financiado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el amigo local, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

De acuerdo a sus auspiciantes, el motivo del encuentro será “El desafío de rentabilizar y comercializar la inversión en propiedad industrial”, temática archiconocida en el mundo de las patentes y las marcas que domina el neoliberalismo.

Para que no queden dudas, la ceremonia de inauguración estará a cargo del supuesto anfitrión, Mario Aramburu, presidente del INPI, y sus socios más cercanos, Alejandro Roca Campañá, Director de Desarrollo Económico para Latinoamérica y el Caribe de la OMPI; y Teresa Mogín Barquín, Directora de la española OEPM. Luego será el turno del vicepresidente de la EPO, Manuel Desantes. Todo será en idioma español para que el mensaje se entienda bien. Más tarde comenzará la “Conferencia magistral”: “El sistema de patentes, Quo vadis? A cargo de este último funcionario ibérico.

Dada la frecuencia de realización de este tipo de eventos, dos veces al año, desde el 2005, tal parece que los efectos de la Cumbre de Mar del Plata y los esfuerzos realizados por los gobiernos y pueblos de Latinoamérica en construir un modelo de desarrollo propio, (desde el Sur, como lo pregona el Gobierno Argentino) no han llegado a determinadas áreas de su mismo Estado, o entonces, existe una política de doble discurso en el país de las pampas: se acepta lo que se necesita para que el gobierno sobreviva, pero se cede dócilmente a las presiones de las corporaciones, organismos internacionales y gobiernos poderosos.

Sabiendo ya, que la propiedad industrial, las marcas y las patentes, constituyen un mecanismo de consolidación de monopolios y creación ficticia de ganancias por parte de empresas multinacionales, no se entiende porque el Ministerio de Economía insiste en la organización de este tipo de eventos propiciados y financiados por organismo internacionales que del mismo modo que trabaja el FMI o el Banco Mundial (BM), prestan cooperación a cambio de propiciar políticas favorables a los intereses mercantiles de los países “más avanzados”. En razón de lo expuesto nos formulamos los siguientes interrogantes: ¿Es que este tipo de eventos están fuera de la órbita del Estado Argentino? ¿Es la propiedad intelectual una zona librada al accionar de los lobbies norteamericanos y europeos? ¿La política argentina en materia de propiedad intelectual es contradictoria, o es coherente?