Vendedores ambulantes en un galpón de avenida Rioja, metros al Norte de Libertador, en Capital, manifestaron contra la acción de la policía por el allanamiento y el secuestro de 8.000 copias truchas de música y películas.

La protesta consistió en un piquete con quema de neumáticos en el cruce de las avenidas Rioja y Libertador, porque el operativo se consideró una franca lesión al derecho de ganar unos pesos como trabajadores. Y un final no menos polémico con una señal de desafío: El regreso inmediato a la venta de los cuestionados discos piratas apenas se fue la policía.

El allanamiento de los 22 locales de la feria había sido ordenado por el juez de Instrucción Agustín Lanciani. Y fue ejecutado por pesquisas de Estafas y Leyes Especiales a cargo del oficial principal Daniel Merino de la policía local, y efectivos de la federal y de Sadayc (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música).

Según fuentes policiales, este organismo había puesto la denuncia en la policía federal apuntando a la ferial comunal y varios lugares más de la provincia, como principales infractores a la ley que protege la propiedad intelectual (11.723).

Unas 3.500 copias truchas se secuestraron de 19 de los 22 locales de la feria, y el resto de un depósito ubicado en el primero piso del galpón, al cual se ingresó luego de romper una puerta. Se pensaba que allí hacían las copias truchas, pero los policías negaron esa posibilidad a pesar de que allí hallaron una lectograbadora y cuatro parlantes, además de los discos.

Los investigadores sólo detuvieron a uno de los puesteros de apellido Vera, porque dijo que era responsable por todos los discos hallados en el lugar. Y ahora el juez debe resolver si libera o no al sujeto, y si lo procesará o no; también debe analizar qué responsabilidad les cabe a los dueños de los puestos donde se halló la mercadería trucha, que ayer salieron a desafiar la medida judicial con la inmediata venta de más discos. El final por ahora, es abierto.