Buenos Aires- 24 de agosto. La Oficina Nacional de Patentes (INPI) de la Argentina estaría implicada en maniobras de corrupción relacionadas con el pago de sobresueldos a sus empleados para acelerar la concesión de patentes debido a compromisos asumidos con el organismo internacional de propiedad intelectual (OMPI). Estos pagos no eran sometidos a los controles de auditoria que surgen de la normativa vigente en la administración pública de este país. Esta modalidad fue denunciada como modus operandi de varios organismos del estado argentino burlando los controles constitucionales.

Así lo expresa la investigación realizada por una agencia de noticias de la capital de Buenos Aires, donde se menciona que el mecanismo para el pago de “sueldos paralelos” a determinados directores, profesionales y técnicos del INPI utilizando los servicios de administración financiera de una fundación llamada Argen-INTA se iniciaron debido a la urgencia que aducía la oficina de patentes en eliminar el denominado “atraso de expedientes” derivado de las presentaciones de solicitudes de patentes de empresas extranjeras a lo largo de los últimos 5 años, tiempo que lleva en el cargo el actual presidente del INPI de argentina, Mario Aramburu.

Esta nueva sospecha se suma a las denuncias de laboratorios nacionales que acusan al organismo encargado de aplicar la ley de patentes, de conceder patentes de invención sin altura inventiva alguna, favoreciendo de este modo a importantes laboratorios extranjeros.

El artículo menciona que el anterior director de patentes (Ing. Luis Nogués)renunció a su cargo para incorporarse a un importante bufet de abogados (Richelet & Richelet), violando la normativa regulada por la Oficina Anticorrupción (OA) que establece un lapso de tiempo de 1 año para que un funcionario de alto rango pueda laborar en una actividad vinculada directamente con la actividad desempeñada en organismos del Estado argentino; lo mismo ocurrió con otros altos directivos de este cuestionado organismo.