En momentos en que nuestro país a través de los organismos estatales correspondientes está tratando de canalizar recursos como nunca antes se había hecho, con un abanico de programas, subvenciones y estímulos para aumentar en calidad y cantidad las investigaciones científicas, arrecian las críticas de algunos personeros del sector académico que justamente es el más beneficiado de estos programas llevados adelante por el Estado Venezolano.

Es de suponer que algo no encaja bien, quizás el tener que compartir los ingentes recursos canalizados a través de la LOCTI con otros actores no considerados “académicos” , tales como las Redes de Innovación Productiva, o el surgimiento de otros centros de investigación allende los ubicados en las universidades públicas de larga data, de donde han surgido estas críticas apadrinadas por ciertas posiciones públicas de sus autoridades.  

La investigación científica básica como generadora de procesos aplicados que se manifiesten en un aumento de la calidad de vida integral de la población debe corresponder a la política nacional que en dicha materia genere el ente correspondiente,  más aún si es el Estado la principal fuente de recursos para la investigación.

Se menciona, entre otras cosas, la declinación de la producción de artículos científicos como muestra de la disminución de la actividad científica. ¿Será que esta variable de medición no capta los procesos relacionados con la popularización de la ciencia que se llevan a cabo en escuelas y comunidades, que son los que entran en contacto con la gente y sus necesidades? 

Si tocamos el tema de la infraestructura científica y el desarrollo de nuevos caminos que hace poco siquiera osábamos imaginar, tenemos más tela que cortar.

El desarrollo y lanzamiento del satélite Simón Bolívar es sólo una muestra de ello, ejemplo de aplicación soberana y original de la tecnología satelital al servicio de la gente, como por ejemplo la telemedicina y la teleeducación,  más allá de la mera repetición de datos, voz e imágenes para la industria de la comunicación al servicio de los monopolios de los centros de poder mundiales.

Se interpreta la necesaria pertinencia social de las investigaciones con directrices ligadas a las “preferencias políticas del régimen” cuando esto más que un deber es un principio ético. Se denuncia las restricciones al acceso a Internet cuando el país se ha sembrado de infocentros y las universidades han sido dotadas a través de la Misión Alma Mater de salas equipadas con esta tecnología.

Más allá de la “objetivas” observaciones por parte de los paladines del método científico haya que buscar las reales motivaciones de esta campaña comunicacional, que por ahora se manifiesta en artículos a dos fuentes prestigiosas de la divulgación científica internacional,  en un capítulo más de una conocida agenda que ya lleva 10 años en pleno desarrollo.

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