Las recientes multas por violación de patentes impuestas a Microsoft han levantado un polvorín jurídico y económico. Las empresas de este sector en EE. UU. creen que el régimen de patentes, aplicado al software, puede dañar su competitividad
Los abogados de Microsoft no ganan para sustos. Sobre
el despacho de Brad Smith, director del equipo jurídico de la compañía,
caen nuevos problemas: aparte de la enésima reprimenda de la Comisión
Europea, ha tenido que atender a dos juicios en Estados Unidos, ambos
relacionados con supuestas violaciones de patentes. Primero, un
tribunal de California la ha condenado a pagar 1.100 millones de euros
a Alcatel Lucent, tras dictaminar que ha infringido dos patentes acerca
del formato de compresión digital mp3. La segunda batalla ha llegado
hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que la semana pasada
escuchó los argumentos de las partes en el caso Microsoft contra
AT& T, también en torno a una disputada patente de software.
La sentencia sobre el mp3 es relevante por su alcance financiero:
sería, de confirmarse, la más cara de la historia, casi el doble de la
suma que pagó Kodak a Polaroid en los años 90, condenada por violar una
patente de cámaras instantáneas. A Alcatel Lucent le habría tocado un
premio gordo, ya que recibiría el valor equivalente al 8% del coste de
su "fusión entre iguales" del año pasado, gracias a que la dote de la
novia americana incluía la rica cartera de patentes de los laboratorios
Bell. Es posible que las partes lleguen a un acuerdo, que rebajaría el
coste a Microsoft mientras que Alcatel Lucent tendría en la mano un
precedente para demandar a decenas de empresas incursas, presuntamente,
en la misma infracción.
Su complejidad hace imposible adentrarse en los detalles del segundo
caso. En el 2001, AT& T llevó a Microsoft ante los tribunales,
acusándola de incorporar como componente de Windows una técnica de
reconocimiento de voz patentada por sus ingenieros. Tres años después,
ambas firmaron un acuerdo extrajudicial que, legalmente, sólo era
aplicable a las ventas de Windows en EE. UU., ámbito de la patente. Fue
entonces cuando Microsoft dio una extraña pirueta, al presentar una
demanda contra AT& T, con el objetivo de obtener el reconocimiento
judicial de que los efectos de la patente no alcanzan a las copias de
Windows producidas y distribuidas fuera del país.
La decisión que deberán tomar los jueces del Supremo tiene sobre ascuas
a la industria estadounidense del software. Si la sentencia fuera
contraria a Microsoft, otras empresas tendrían que revisar sus
estrategias globales, y tal vez llegaran a la conclusión de que sólo
instalando sus centros de I+ D fuera del país estarían a salvo de
depredadores. La patronal del sector [ www. ccianet. org] ha
reaccionado dramáticamente: "Cuando nuestro sistema legal permite que
alguien registre una patente mal definida, lo que hace es facilitar el
montaje de una bomba de tiempo". Abundan los episodios de emboscadas
destinadas a rentabilizar tardíamente una patente dormida: el más
célebre fue la demanda contra la canadiense RIM (Blackberry), que
durante años tuvo que defenderse de una demanda capciosa, hasta que
acabó desembolsando 400 millones de euros para salvar su cotización en
bolsa, hundida por la incertidumbre.
Las proyecciones del caso actual van más lejos. Leyendo el acta de la
vista oral se puede comprobar que a) pese a su edad, los jueces han
aprendido más sobre tecnología que lo que muchos ingenieros saben sobre
derecho, y b) el tono de sus preguntas ha puesto en evidencia que no
simpatizan con la noción de que las invenciones de software sean
defendidas mediante el régimen de patentes, que fue concebido para
proteger a las industrias productoras de bienes tangibles.
El problema de fondo, resumió el anciano juez Anthony Scalia, consiste
en determinar si el software forma una cadena intangible de cientos o
miles de componentes y funciones, de imposible desagregación, que sólo
adquiere sentido en su forma final, al combinarse con otro software o
con un dispositivo electrónico. La reflexión de Scalia evoca una de las
objeciones contra la patentabilidad del software: la innovación es
incremental, porque nadie se pone a desarrollar un programa partiendo
del pensamiento; en esta industria, los equipos trabajan en común y
comparten resultados con otros equipos, con el objetivo de avanzar por
caminos que otros han transitado antes que ellos.
Varios comentaristas han subrayado la ironía de que sea precisamente
Microsoft, adalid en Europa de la patentabilidad del software -
rechazada por el Parlamento Europeo, partidario del derecho de autor-
quien reclame en su propio país la reforma del sistema de patentes, por
considerar que perjudica su capacidad competitiva. Esta contradicción
se explica, según el abogado especialista Xavier Ribas, por que "el
sistema de patentes se basa en el concepto de novedad, mientras que el
de propiedad intelectual se rige por la originalidad; el primero
encorseta la innovación y sólo sirve para consolidar posiciones de
dominio ya establecidas."
En resumen: para que el software, como sostienen algunas empresas, se
considere como una patente, la invención no sería física o tangible lo
suficiente y tendría que tutelarse mediante el derecho de autor. Pero
si las firmas consiguen imponer la estrategia la intensidad de la
protección pasaría a ser superior a la actual. Y generaría retornos
generosos, a través de las licencias, reforzando las posiciones
monopolísticas.