En Argentina también se consigue. La reciente tragedia que enlutó a familias de trabajadores bolivianos reducidos a servidumbre en un taller de costura “clandestino”, puso en evidencia que, lejos de tratarse de una situación de excepción, este “modo de producción” en la industria textil y de confección, constituye un sistema de “capitalismo salvaje” impulsado por las grandes marcas en todo el mundo, donde máquinas de última generación y trabajo “esclavo” conviven en los “talleres del sudor”.

En aras de obtener la máxima ganancia, el capitalismo global contemporáneo “vuelve a las fuentes”, reproduciendo las condiciones de impiadosa explotación de la primera revolución industrial de comienzos del siglo XIX que fueran tan crudamente descripta en la literatura clásica. Entonces, los “proletarios”, campesinos despojados de sus tierras y expulsados hacia las grandes ciudades, solo contaban con su “prole” y con su fuerza de trabajo, “libres” para venderla en el mercado por mendrugos... o morirse de hambre. Hoy, son nuevamente campesinos inmigrados de países vecinos, quienes, con su prole y carentes hasta de documentos, se hacinan en “talleres del sudor” en condiciones de servidumbre. “Ver las condiciones de trabajo y de vida en los talleres “truchos” de aquí de Flores es como leer a Engels... casi doscientos años después”, señala Gustavo Vera, del Centro Comunitario “La Alameda” y vocero de la Unión de Trabajadores Costureros.

La explotación textil y de indumentaria como modo de producción globalizado contemporáneo, comenzó en el Sudeste Asiático, se extendió por África, y se continuó en México y Centro América, favorecida por las políticas y tratados de libre comercio y protección de inversiones, exenciones impositivas, libre giro de ganancias, desregulación laboral, desmantelamiento de los controles estatales, alta corrupción. La producción se fragmenta y se desterritorializa, el capital se va mudando y se relocaliza en aquellos países y regiones que les ofrecen mejores “condiciones y garantías para su inversión”, esto es, menores costos laborales, menores controles y restricciones ambientales, mayor tasa de explotación de los seres humanos y la naturaleza. En este contexto, las grandes empresas crearon una estrategia a fin de minimizar sus propios riesgos, que consiste en “externalizar” la producción, “el hardware”, contratando a otras empresas y trabajadores en distintas partes del mundo que se ocupan de producir sus productos. De esta manera, la gran empresa reduce sus operaciones reservando para su propio control las fases “soft” del negocio, con mayor poder y valor agregado, como son el diseño de productos y marcas, el dominio de las tecnologías y “know how”, la logística, el marketing, el crédito y el manejo financiero. Como muy bien lo describe la canadiense Naomi Klein en su libro “No Logo”, todo esto se sintetiza en el control de “la marca”, del “logo” (Nike, Levis, Gap, etcétera). Este panorama afecta seriamente las condiciones de los trabajadores, sobre todo al interior del sector de la confección, donde la producción se basa en la utilización de mano de obra intensiva, puesto que ninguna máquina pudo superar el trabajo humano en las tareas de terminación de las prendas. Paradojas del capitalismo globalizado donde conviven maquinarias de última generación con el trabajo esclavo.

En Argentina, las grandes marcas trabajan con numerosos talleres clandestinos y operan de forma descentralizada, ocultando de esta manera las condiciones de trabajo esclavo y su propia responsabilidad. La investigación “El sector textil y de indumentaria desde la perspectiva de género”, que completó en marzo último la Fundación El Otro, con el apoyo de la ONG Oxfam de Holanda, destaca tres modalidades ilegales de actividad que tienen lugar en la Argentina: los talleres próximos a la esclavitud, cuyas víctimas son principalmente personas de origen boliviano y paraguayo; el trabajo a domicilio, donde mujeres pasan de 12 a 16 horas diarias ante la máquina de coser y deben correr con los gastos de insumos; y los pequeños talleres, cuyos empleados cobran en negro entre 1,50 y 2 pesos la hora.

El Centro Comunitario de la Alameda, la Unión de Costureros y la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre se encuentran actualmente preparando un informe que contiene una lista de 120 talleres denunciados por sus propios costureros, de los cuales se ha identificado su vinculación a más de cuarenta marcas, algunas de menor importancia, otras de falsificación de marcas y otras más conocidas, como Lacar y Montagne, que ya fueron denunciadas penalmente por la Defensoría del Pueblo en octubre pasado por presunción de servidumbre y trata en sus talleres textiles. Según informó a S.C. Gustavo Vera, existen otros informes concurrentes, realizados en los hospitales Santojani y Muñiz que dan cuenta que un 80% de los casos de tuberculosis tratados en esos establecimientos corresponden a trabajadores costureros bolivianos, quienes laboran bajo condiciones de hacinamiento, en las que se inhala polvo continuamente, y un gran número padece también de anemias severas. También indica que, cuando fueron allanados simultáneamente los talleres “truchos” que trabajaban para Lacar y Montagne, uno de los talleristas tenía 80 máquinas y nadie pudo explicar cómo obtuvo una rentabilidad tan extraordinaria que le permitiera multiplicar por ocho sus maquinarias. “Una de las hipótesis que tenemos es que varios de estos talleres son testaferros de “las marcas”, y cuando estalla algún problema judicial salta el testaferro, pero “el logo” queda impune.
Cuando existe una presunción de servidumbre o trata, un juzgado tiene la obligación legal de hacer un allanamiento simultáneo, tanto a la marca como al taller, ya que ambos son solidariamente responsables. Las autoridades de policía que tienen poder de aplicación para inspeccionar estos talleres son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Vera asegura que este sistema no funciona como debería. La policía no le toma la denuncia por “carecer de documentos” y el Consulado de Bolivia, donde son derivados, los impulsa a desistir de la acción legal. Hay patrones que no solamente pagan a la policía para no tomar las denuncias, sino que lo realizan delante de los costureros, transformándolos en testigos para que les comenten a sus pares que el Estado está con ellos, que son impunes a la ley. “Una acción de terrorismo de Estado”, denuncia Vera, y agrega: “La víctima de trata es una persona que está privada de sus derechos humanos, a la que la sociedad debe darle una reparación”. Un proyecto de ley, impulsado por el Centro Comunitario La Alameda, propone que se faculte al Gobierno de la Ciudad de Bs. As. para confiscar maquinarias de talleres clausurados, y entregarlas a las víctimas, a fin de que éstas las trabajen en forma de cooperativas en galpones habilitados a ese efecto, funcionando como proveedores del Estado, y recibiendo la necesaria capacitación y transferencia de tecnologías. Un verdadero reto al estado, un desafío que también convoca al INTI.

Autores: Equipo de Comunicación del INTI integrado por Pablo Bergel (Director), Carmen Canteros, Liliana Cánaves, Marcos Guido y Cristina Jiménez.
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