Quizás una de las actuales y más claras evidencias de la explotación del hombre por parte del capital en su fase más salvaje y en un país que queremos sea socialista lo representa hoy la gran industria mundial del oro en Venezuela.
Una historia diferente separa al minero del trabajador petrolero, ambos buscaron fuera de sus nichos autóctonos mejores condiciones de vida pero mientras el trabajador del petróleo se encontró con un amo visible e identificable contra quien iniciar luchas reivindicativas que en su momento llevaron a la gran huelga petrolera del año 36 y adentrarse en un ciclo dialéctico de explotación y luchas con expectativas históricas; el minero del oro fue más bien dejado en el ostracismo, sacralizado como un aventurero, como el destructor directo de nuestro ecosistema diría un ambientalista sesgado, una especie de lumpen que se consume y prostituye en las selvas auríferas, a todo ello se le agrega, ahora también, como la causa “primaria” de la Malaria en Venezuela.
Una cadena de adjetivos y culpas sobre el minero, como si ese oro que él extrae no va a parar con gran plusvalor a las arcas de los grandes bancos del mundo.
Reunir esta feroz explotación del minero del oro con la reemergencia de la malaria, ni es casual ni es responsabilidad del explotado como se ha ido sembrando en la conciencia de muchos desprevenidos; por el contrario, responde a las “exigencias” de una industria y un mercado mundial del oro donde ni el Estado venezolano ni su Banco Central están ajenos. El minero del oro y la Malaria en Venezuela, ciertamente van de la mano, la pregunta es porque, quien es responsable y como acabar esa relación.
La iniciativa económica nacional del octavo motor conocido como el Arco Minero del Orinoco que busca organizar y aprovechar mejor los beneficios económicos y de divisas, a partir de la extracción del oro, entre otros minerales, tiene que comenzar por reconocer a un minero proletario, darle su verdadero sentido histórico, aquel que favorezca a su consciencia de clase: un trabajador claramente explotado aunque a veces encubierto por las decenas de miles de bolívares que en pocos días puede obtener. Un trabajador, cuando mucho, protegido físicamente por sindicatos igualmente aun desclasados; en fin, un trabajador marginado de una seguridad social nacional. Seguridad que dicho con la claridad necesaria es responsabilidad del Estado venezolano, quien inadvertido ha permitido que ese trabajador viva y duerma en la intemperie, entre 4 palos e ineficaces cobertores de plástico negro. Estado también, que ajeno, permite al minero verse obligado a trasladar su familia con niños y a veces recién nacidos hasta esos “lugares de trabajo”, todos ellos generadores y víctimas de una actividad producto de uno de los negocios más eficaces pero injustos del continente.
Veamos ahora a la Malaria en Venezuela, y demostremos que su alta incidencia relativa a toda La América y su frustrante reemergencia escapa por lejos de las acciones independientes de un ministerio en salud al cual muchos voltean para achacar exclusivamente su culpa y responsabilidad. Agradezcamos más bien, a los herederos de un avisado Gabaldón que venció a la malaria en este país, la identificación y contención de un problema que no puede sino irse de sus manos. Gracias más bien a una Dirección de Salud Ambiental estadal y nacional que nos permite saber que aproximadamente 60 % de los más de 100.000 casos de malaria que tuvimos en el año 2015 en Venezuela se infectaron en un solo municipio, el municipio Sifontes del Estado Bolívar, una entidad con algo más de 70.000 habitantes pero con la minería de oro y el número de mineros más importante del país; mineros que, aun con un suficiente ingreso de volátil dinero, mal viven y mal consumen, parecido a como lo hacían los mineros de mediados del siglo pasado, con el agravante que en 2015 se acompañan mucho más de su familia. De ese total de casos en el municipio Sifontes al menos 9 % (unos 5.000 casos en 2015) fueron niños y adolescentes menores de 14 años muchos de ellos quienes por vivir con sus padres en esas áreas mineras enfermaron de Malaria.
Sea oportuno este momento de nuevas estrategias económicas nacionales y también de una sana rectificación y reactivación propuesta por el Presidente Maduro para preguntar: Cuál es la responsabilidad del Banco Central de Venezuela, comprador oficial actual y futuro del oro que se genera en el país y principal pero invisible e indirecto empleador del minero, en las condiciones de vida, de trabajo y de las enfermedades (entre ellas la Malaria) que en ocasión del trabajo se les somete a padecer.
Cuál es la responsabilidad del Ministerio del Trabajo y además en él la de El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para velar por la integridad de aquellos ambientes abiertos e inseguros donde al minero le toca trabajar y además vivir.
Qué papel tiene el Ministerio Público y la Ley Orgánica de Protección al niño, niña y adolescente (LOPNA) para garantizar la salud y seguridad de los menores en las áreas mineras, no para desmembrar una familia sino para garantizarla unida en óptimas o al menos mínimas condiciones de buen vivir.
Como deben conjugarse el Ministerio de la Vivienda y el de Ambiente para ofrecer un hábitat digno y seguro a estos trabajadores y no como ocurre actualmente para enmascarar una realidad con la interpretación sesgada de leyes ambientales que limitan la construcción en espacios habitables de zonas “protegidas”, como si el humano quedase fuera del ambiente, que de paso tampoco o muy poco es protegido. Es que no existen alternativas mundiales de viviendas temporales o de tipo campamento para la explotación minera. Es que acaso no es tiempo, con la riqueza que el oro produce, pasar del chinchorro con mosquitero a viviendas con mallas, barreras contundentes al Anopheles transmisor del parasito de la malaria.
Definitivamente la malaria, hoy parte del minero y su familia, no es un problema exclusivo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, es un problema del Estado Venezolano que solo puede ser abordado con la interdisciplinariedad requerida; aunque sin duda, lo primero es reconocer en el minero su condición de trabajador, trabajador venezolano sujeto a todos los derechos y deberes que la constitución le concede y eliminar para siempre la imagen del aventurero irresponsable ávido de una riqueza fácil y fortuita.
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