En Colombia hay miles de hombres y
mujeres condenados por el “delito de rebelión” –tipificado en el mismo
código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria
de “terrorismo” [1], una categoría conceptual en la que cabe todo lo que
le moleste al estado colombiano y al gran capital de un país saqueado
que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas.
De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima
que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su
pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del
medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes
agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos
humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial. Los
montajes judiciales con testigos pagados y pruebas falsificadas,
sacadas incluso de 'computadores mágicos', son urdidos de manera
sistemática contra los perseguidos políticos: los procederes ilegales
del estamento militar y sus testigos adiestrados en las oficinas
militares [2], son avalados por el aparato Fiscal de manera escandalosa,
y se articulan con leyes de criminalización de la protesta: el aparato
judicial es usado como arma de guerra contra la población, para
desarticular la organización social e impedir el pensamiento crítico.
Por
otro lado también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto
social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados
por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación
es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado
colombiano intenta tapar el sol con un dedo.
La existencia de miles de presos
políticos es testimonio de la guerra represiva desatada por el estado
colombiano contra la reivindicación social; por lo tanto exigir la
libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción
de una verdadera paz con justicia social.
En Colombia el capitalismo se expresa al
paroxismo: el terror correlativo al saqueo de los recursos para
beneficio del gran capital se aplica de la manera más descarnada contra
la población, con la finalidad de desplazar ingentes cantidades de
personas de las zonas codiciadas, y de eliminar reivindicaciones. Hay
más de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras
en Colombia, multinacionales y latifundio acaparan las tierras robadas, y
hoy legalizan títulos de propiedad en base a astutos malabarismos
amparados por la Ley Santista relativa a la tierra, que como bien
denuncian las comunidades: legaliza el despojo. En tiempos en que el
capitalismo mundial profundiza al extremo las contradicciones entre
acumulación capitalista y supervivencia de la especie, las estrategias
represivas desarrolladas en Colombia son destinadas también a ser
aplicadas en la región, lo que constituye una razón más para
solidarizarse con el pueblo colombiano -además de las razones éticas.
- TORTURAS: el asesinato de familiares como forma de tortura
Sobre las torturas hay muchísimo que
denunciar, las aberraciones cometidas contra los presos políticos se
superan en horror unas a otras, y son cometidas al amparo del ostracismo
e invisibilización: por ello la solidaridad con los presos políticos
debe plantearse como una prioridad social. Hay presos que pasan años
metidos en calabozos [3], hay golpizas, humillaciones, torturas físicas y
sicológicas; hay presos empujados a la muerte porque se les niega la
asistencia médica [4], presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos
terminales que viven una tortura permanente, al serles negados incluso
los medicamentos contra el dolor y al ser inmersos en patios llenos de
paramilitares cuando están totalmente indefensos. Un caso revelador es
el caso del preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos
amputados, que además devino ciego por la negación de la debida
asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede
en una penitenciaría sin presos políticos, en un pabellón lleno de
paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al
DIH [5]. Igualmente hay varios presos políticos y de guerra que han
sufrido el asesinato de sus familiares porque se han negado a fungir
como falsos ‘testigos’ para la policía en los montajes judiciales contra
líderes campesinos, sindicalistas y activistas sociales. Un caso de
este drama es el del preso político Carlos Iván Peña Orjuela. Carlos
Iván ha sido sometido a presión por parte la policía judicial de la
SIJIN para que atestigüe contra líderes campesinos del Magdalena Medio.
Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía
desapareció y asesinó a su hermano menor, luego encarceló bajo montaje
judicial a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar
también al niño de 6 años. El Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos denuncia:
“fue
presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar
muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió
amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó
directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no
amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los
tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial
colombiano.” [6]. Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: “la
desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político
(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El
detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien
contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él
advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (…)
En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no
quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a
capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El CSPP
denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la
policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles
con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones
extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización
masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas
masivas’”[Ibíd.].
______________
NOTAS:
*El presente texto es un aporte breve - a petición de los lectores- sobre la temática de los presos políticos en Colombia, recomiendo la investigación extensa sobre el tema, que se presenta en 5 partes, de las cuáles a 20 de mayo 2012 ya han sido publicadas 4. La quinta parte será una investigación más extensa sobre la tortura en las cárceles colombianas, y será publicada en junio 2012.
*El presente texto es un aporte breve - a petición de los lectores- sobre la temática de los presos políticos en Colombia, recomiendo la investigación extensa sobre el tema, que se presenta en 5 partes, de las cuáles a 20 de mayo 2012 ya han sido publicadas 4. La quinta parte será una investigación más extensa sobre la tortura en las cárceles colombianas, y será publicada en junio 2012.
[1] Miles de hombres y mujeres condenados por el ‘delito de rebelión’: “(…)
Existencia del delito político que además está reconocido por la
legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados
internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos cómo
los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad
que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen
defender.”http://www.traspasalosmuros.net/node/748
Informe Perspectiva en Punto de Fuga: “La
estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por
rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto
para delinquir con fines terroristas con el claro objetivo de quitarles
el estatus político, facilitando incluso la extradición”http://issuu.com/traspasalosmuros/docs/traspasalosmuros
[2] El abogado defensor del periodista Joaquín Pérez Becerra llama a la solidaridad, a pocos días del juicio político
"Los informantes pagados por el estado son preparados en las oficinas de inteligencia militar”http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144172
[3] “Es
de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en
general la población reclusa, que asciende a más de 130.000 personas,
vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los
derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad
humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de
reclusión alejados de la familia, nos aíslan en patios de castigo, nos
condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas
perpetuas, es el caso del compañero Jorge Augusto BERNAL, miembro de
las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace 17 años, de los cuales 8
ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de
Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados, sin
acceso a atención médica(…) Este es uno de muchos casos de prisioneros
políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con
penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como
el del compañero Diomedes Meneses CARVAJALINO, en silla de ruedas,
parapléjico por torturas, y quien aun cumpliendo los requisitos para la
libertad condicional, le ha sido ilegalmente negada. (…) Ante el
aislamiento y castigo, y luego de procesos de ablandamiento moral, se
instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de
nuestra organización, como ocurre con el compañero Bernardo Mosquera
MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del
corazón, de 67 años, y ante sus problemas la única respuesta dada por el
INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales
lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos
beneficios jurídicos (…) Estos entre muchos casos, deben ser
investigados por las autoridades responsables de la protección de los
derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e
internacional.”http://www.traspasalosmuros.net/node/748
[4] Cárceles
en las que fallecen con escandalosa frecuencia los presos políticos y
de guerra. Negación de asistencia médica como tortura. Marzo 2012: Presos Políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica: http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=681:fcspp&catid=32:acciones-urgentes&Itemid=68
Testimonio
de la hija de Arcesio Lemus, prisionero político asesinado por el
Estado en 2010; Los presos políticos son torturados y condenados a
muerte de facto, por negación de asistencia médica http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145983
Enero 2012 : "Están aumentando los casos de prisioneros políticos asesinados" http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143800
"La
pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el
INPEC, tan lenta y dolorosamente" Fallece otro preso en una cárcel
colombiana por negación de asistencia médica, enero 2012: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142756
Abril 2011: Presos políticos muertos por negación de asistencia médica: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127100
VIDEO testimonio de tortura, Diomedes Meneses: http://blip.tv/cocalo/diomedes-3393961
[5] Preso
político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además
devino ciego por negación de la debida asistencia médica, y fue
encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin
presos políticos, con paramilitares, en violación al dictamen de
Medicina legal y al DIH. Aunque un juez determinó prisión
domiciliaria, el preso político Oscar Elías Tordecilla invidente y con
los brazos amputados, sigue encarcelado en situación limite. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=105346
[6] Los
crímenes de estado contra los familiares son utilizados como medida de
tortura y chantaje contra los presos políticos, si los presos no acceden
a convertirse en informantes, o para callar las denuncias. Asesinan al
hermano del preso político Carlos Iván Peña Orjuela y la policía
amenaza a su hijo de 6 años http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102342
“El
agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de
montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su
hijo (…) Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos
testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.” Tras las amenazas: “la
desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido
político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su
hijo.”
La niña Alida Teresa, hija de preso político, violada y asesinada por paramilitares, en impunidad 2012
http://www.kaosenlared.net/noticia/desaparicion-familiares-tortura-contra-presos-politicos-alto-estado-ge
En
libertad cinco campesinos de Santander y la familiar de Carlos Iván
Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: pasaron 7
meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la
organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra
el preso político Peña Orjuela por su negación a fungir como testigo
falso en los montajes judiciales de la policía SIJIN. http://www.conapcolombia.org/?p=338
Octubre
2011 en huelga de hambre los presos políticos de Palogordo exigiendo
asistencia médica para el preso político Peña Orjuelahttp://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=48