Crónica de las leyes contra el saber

En el 48 ac ardió la primera Biblioteca de Alejandría. No fue intencional, sino un accidente en la lucha de Ptolomeo contra su hermana Cleopatra y su mentor Cesar. Los restos y lo acumulado en los cuatro siglos siguientes formaron una nueva biblioteca llamada Serapeum, porque se instaló en el templo de Serapis.

En el 391, el emperador Teodosio mandó cerrar los templos paganos y el patriarca cristiano Teófilo de Alejandría (385-412) tuvo un pretexto para quemar el Serapeum. Ese incidente y otros similares, destruyeron todo testimonio del saber de entonces y Europa vivió en la más oscura ignorancia durante 500 años. Occidente recuperó su cultura greco-romana sólo gracias a los árabes de Córdoba. La revelación de la cultura europea original hizo reflorecer la idea humanística en el tardo medioevo y dio lugar al Renacimiento. Europa volvió a investigar y a escribir sobre el hombre y su entorno; lo que con la invención de la imprenta facilitó la fundación de bibliotecas públicas. El acceso burgués a la cultura deslizó el Renacimiento en el Iluminismo, que nos legó la libertad filosófica y la ética institucional laica del mundo moderno. 

En los años 70, hay una vuelta al pasado. Se aprueban en algunos países leyes que castigan penalmente la discusión o investigación de versiones históricas oficiales, lo cual las hace sospechosas, porque las verdades asentadas sobre una sólida base documental no necesitan muletas legales. El hecho recuerda la práctica inquisitorial para mantener los disparates científicos de la Biblia. El último episodio, en 2011, es sobre un “Genocidio Armenio”, de 1915, que se atribuye a los turcos. El caso tiene tintes irónicos; no es Armenia quien penaliza su discusión, es Francia. Luego no es Turquía sino Alemania quien pide perdón, por ser aliada de Turquía en la Primera Guerra Mundial; parece que los alemanes le tomaron gusto a decirse culpables.

En 1994, con NAFTA, los Estados Unidos iniciaron una cadena de acuerdos dichos de “Libre Comercio” en los que se incluye siempre un capítulo sobre “Propiedad Intelectual”. Ese capítulo contiene normas que prolongan y aumentan los monopolios en el uso del saber para producción de medicinas y agroquímicos. Se llega así al absurdo de que patentes vencidas que pasan a ser patrimonio intelectual de todo el mundo, sigan siendo saber prohibido en los países que firmaron esos acuerdos con Estados Unidos, con esperas ulteriores de 5 a 10 años para producir las versiones genéricas que ahorran gastos y mejoran la salud pública y la agricultura. La Unión Europea repitió luego normas similares en sus “Acuerdos de Cooperación”.

En 2007 se comenzó a negociar en secreto el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), una iniciativa de Estados Unidos y la Unión Europea a la que se sumaron los vasallos de siempre: Australia, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza.    En 2010 se conoció un borrador oficial y comenzó la inquietud por la total falta de transparencia. Sin embargo, no hubo debate previo en los órganos nacionales ni una discusión en los organismos internacionales vinculados al comercio, la Propiedad Intelectual o la libertad de expresión.

El ACTA desborda las reglas multilaterales internacionales y obedece a la lógica monopólica y represiva que la industria del entretenimiento quiere aplicar a Internet y la industria farmacéutica al comercio de medicinas. El 26 de enero, 2012, cuando la Unión Europea lo firmó, renunció el relator de ACTA ante el Parlamento Europeo, Kader Arif, diciendo que ACTA era una “mascarada” contra la sociedad civil, que omitía las objeciones del parlamento europeo sobre la libertad individual y denunció maniobras para impedir que se alertase a la opinión pública sobre su contenido.

En 2011 vino SOPA, una ley estadounidense para espiar y policiar en Internet y en estos días se discute en Melbourne la TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) con objetivos similares a los de ACTA, sin mucho éxito.

En febrero 2012, el Patriarca Teófilo vino de vuelta. Un tribunal  de Munich, con una pobre interpretación de la Propiedad Intelectual, ordenó el cierre de  Library.nu e Ifile,it, que tenían una biblioteca pública común en Internet, con más de 400 mil títulos, para lectura y descarga gratuita. La orden judicial obedece a una denuncia de 17 editoras: Cambridge University Press, Elsevier, Georg Thieme; Harper&Collins; Hogrefe; Macmillan Publishers Ltd; Cengage Learning; John Wiley & Sons; the McGraw-Hill Companies; Pearson Education Inc; Oxford University Press; Springer; Taylor & Francis; C H Beck; Walter De Gruyter, Association of American Publishers, Börsenverain y la Internacional Publishers Association. Una alianza coordinada y asistida por la firma de abogados Lausen Rechtsanwalte.  El vínculo entre un sitio y el otro se hizo con la ayuda de PayPal, siguiendo la huella de las donaciones.  

La denuncia concierne sólo 170 títulos, pero la orden es de cierre total. El caso es significativo, porque no se trata de música pop o películas, sino de fuentes de saber. Las obras ofrecidas se relacionan con la enseñanza y la investigación. Su acceso era útil en países con infraestructura educativa débil y poco dinero para financiar bibliotecas y eso comienza a darse ahora en países desarrollados. El cierre no aumentará las ventas, porque muchas de las obras ofrecidas no se imprimen o tienen poca demanda, tampoco es probable que quienes las obtenían gratuitamente puedan o quieran pagar una copia onerosa. Una pregunta que flota en el aire es la de que si con la misma lógica con que se cerró a Library.nu, se van a cerrar las bibliotecas públicas con acceso gratuito o ¿es que se van a cobrar derechos por sacar fotocopias de los libros o por tomar notas del contenido? 

Un objetivo de tal ofensiva es también borrar de la cultura a los autores incómodos. Son los autores con ideas contra los excesos del capitalismo más factibles que las de Marx los que van desapareciendo de las bibliotecas. Ni siquiera en la Facultad de Economía de la Universidad de Ginebra se encuentra la obra de Sismondi, el célebre ginebrino que acuño el término proletario, que prestó ideas a Marx y a Keynes y que es más actual que nunca. Es raro encontrar a Friederich List, Malthus, St. Simon, Pareto o a Sombart, inventor de la palabra capitalismo. No hablemos de un Geoge Sorel o un Jean Jauréz, cuyo enfoque de la mundialización tiene total actualidad.    

El cierre de Library.un e Ifile.it más parece relacionado con limitar el conocimiento al conjunto de teorías económicas y políticas que abren espacios a las empresas transnacionales y que hoy se proclaman como receta única, científica e indiscutible. Esa preferencia doctrinal se debe, sin duda, a su mecánica electoral infalible para escoger líderes políticos que sirven los intereses de una oligarquía apátrida y a su nulidad para hacer más ecuánime la elevación de los estándares de vida.

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Umberto Mazzei


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