(Caracas, 18 de mayo de 2012) Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), fueron condenados siete exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por haber solicitado 30 mil bolívares para gestionar la entrega de un vehículo, hecho ocurrido el 27 de agosto de 2010, en el estado Zulia.
Durante el juicio, el fiscal 12° de la referida jurisdicción, Richard Linares, ratificó la acusación contra los exfuncionarios de la policía científica Fernando Campos (subcomisario); Alexis Cepeda (inspector) y los agentes Abraham Montoya, Jeferson González y Javier González, por la comisión de los delitos de concusión, privación ilegitima de libertad y acto falso de funcionario público.
Igualmente, el representante del Ministerio Público ratificó la acusación contra el exinspector Elisaul Colina y el exagente Robert Jiménez por la comisión del delito de acto falso.
Adicionalmente, a Jiménez se le ratificó la acusación por ser cómplice en el delito de concusión.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción y el Código Penal.
Es importante destacar que además deberán cancelar el 20% de los 30 mil bolívares que solicitaron a la víctima y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años.
Luego de evaluar los argumentos y las pruebas presentadas por el MP, el Tribunal 8º de Juicio del estado Zulia, dictó la condena de seis años para Campos; Cepeda, Montoya, Jeferson González y Javier González; mientras que para Jiménez cinco años y Colina cuatro años de prisión la cual deberán cumplir en el Centro Penitenciario de Maracaibo conocido como Sabaneta.
Es importante destacar que esta investigación se inició luego que un ciudadano denunciara haber sido víctima de maltratos por parte de los funcionarios policiales, quienes además le habrían solicitado la citada cantidad de dinero para devolverle un vehículo de su propiedad.
La víctima fue detenida a pocos kilómetros del puesto fronterizo de La Goajira (Puente Páez), donde los funcionarios le exigieron sus documentos de identidad y de propiedad del automóvil que conducía.
A pesar de que supuestamente la documentación estaría legal, los efectivos policiales se lo llevaron a la Subdelegación del Cicpc; le retuvieron el vehículo y le exigieron el dinero para liberarlo y entregarle el carro.
En vista de ello, la víctima acordó realizar el pago e inmediatamente se dirigió ante una dependencia del Ministerio Público a realizar la denuncia, por lo que se abrió una investigación.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante el Tribunal 7º de Control del estado Zulia, contra los siete efectivos policiales, toda vez que durante una inspección realizada en la mencionada sede del Cicpc, ubicada en Paraguaipoa, se encontraron elementos de interés criminalísticos que los vinculaban con el hecho.
