(Caracas, 1-2-08) La Comisión Mixta designada por la Asamblea Nacional para conocer del caso de la tala de árboles en la población de Los Robles, en el estado Nueva Esparta, exigió una medida de protección para la concejala Natacha Núñez, del municipio Maneiro, y de todas las personas que fueron agredidas durante las acciones realizadas en contra del ecocidio ambiental ocurrido.

También se solicitó el resguardo de las instalaciones de la Radio Mundial Margarita y la protección del periodista Ramón Echeverría, y de Alex Andarcia y su esposa, quienes han recibido amenazas e intimidación por parte de autoridades policiales, y por desconocidos, a través de llamadas telefónicas y seguimiento de sus vehículos.

Ambas medidas fueron acordadas luego de la reunión realizada el pasado martes 29 de enero en la guarnición de la Guardia Nacional de Porlamar, a cargo del general José Aniceto Torrealba, quien también fue oficiado para participar en el encuentro.

Las personas convocadas para esta reunión de trabajo fueron: el Ing. José Luis Díaz Torres, director de la estadal de Ambiente (DEA); Lic. Edgar Villarroel, director de (Inparques); el Tte. Cnel. (GN) Osmel Benito Gil, director de Guardería Ambiental del Estado; Lic. Morel Rodríguez, gobernador del estado; Lic. Orlando Ávila, alcalde del municipio Maneiro; y el Lic. José Agustín Marcano, presidente del Consejo Legislativo Estadal.

La invitación se extendió al fiscal superior del Estado, quien estuvo en el sitio, y agraviados por la detención ilegal, e inconstitucional de que fueron objeto por parte de la Policía estadal, atendiendo órdenes del diputado Morel Rodríguez Rojas, del Consejo Legislativo.

También concurrieron: Carmen Heredia, del Ministerio del Ambiente; Rodolfo Tilleros, Ing. Lisette Millán, Dra. Mary Arelis Mezones, Ing. Osmar Barrios; Eunice Escobar, jefa de Gestión del Minfra; Eunice Escobar, del mismo organismo, y la jefa de Planificación, Rosalina de Abreu.

Por la comunidad de Los Robles Francisco Ávila, y Francis Ávila; la concejala del municipio Maneiro, Natacha Núñez; el director de Radio Mundial Margarita, Ramón Echeverría; Lic. Alex Andarcia, el Dr. Gerardo Aponte, abogado de los agraviados por las detenciones arbitrarias, y la Dra. Patricia Perazo.

Por la Asamblea Nacional estuvieron: la diputada Iris Varela, quien preside la Comisión Mixta y la diputada Lelis Páez por la Comisión Permanente de Política Interior; los diputados Julio García Jarpa, vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente, y Fernando Vásquez, presidente de la Subcomisión de Parques Nacionales y ABRAES; también la diputada Rosario Pacheco, miembro de la Comisión de Medios y del Bloque Parlamentario del Estado Nueva Esparta.

Ausencia de autoridades

La reunión había sido acordada a las 9:00 de la mañana, y dada la ausencia de las autoridades regionales, pasadas las 10:00 la diputada Iris Varela propuso declararlas como inasistentes.

“Procederemos a interpelarlos en Caracas, en el entendido de que serán citados los que tienen que ver con el área ambiental y también con la violación de derechos humanos”.

Orientó las intervenciones hacia los detalles sobre el ecocidio, la presunta violación de derechos humanos, abuso de autoridad y el presunto delito de corrupción por parte de personeros de la Gobernación del Estado.

El diputado Fernando Vásquez, en su intervención, señaló que luego de la inspección técnica realizada el día lunes, lo observado es un crimen de lesa naturaleza, “nos cuesta mucho dar una autorización para la factibilidad de una obra cuando está de por medio la vida, no puede ser que el desarrollismo prive sobre la conservación del ambiente sano, lo cierto es que aquí hay un crimen”.

El director de Inparques, Edgar Villarroel, señaló que el Instituto Nacional de Parques no tiene ninguna responsabilidad administrativa en estas áreas urbanas de las poblaciones, “pero como margariteño yo creo que hay que reflexionar y marcar un precedente, ya que los árboles talados son emblemáticos de la comunidad de Los Robles”.

Argumentó a su favor que la situación se desvió de lo técnico y político hacia un enfrentamiento político de masas, dijo que le llama la atención la violación de las normas que técnicamente se exigen para la realización de obras que puedan afectar el ambiente.

Tenemos información de que no hubo el de impacto ambiental, y que Minfra no fue consultado –aseguró Villarroel-, y sólo al Ministerio del ambiente se le solicitó un aval sobre unos árboles que se iban a cortar previo informe presentado por SASA, y algo que es más fuerte es el pronunciamiento del Instituto de Patrimonio Cultural, quien asume responsabilidad, pero tardía.

El diputado Julio García Jarpa intervino para manifestar su preocupación sobre la afirmación del director de Inparques, “este instituto si tiene competencia, en la preservación de las áreas verdes, vemos aquí a concejales agredidos y personas que fueron detenidas y ningún compromiso de los organismos del estado, la conservación es fundamental para la vida y en nuestras narices nos hacen ver que la lucha va por otro lado”.

Tenían que salir con la gente a defender sus árboles, el ambiente - reprochó García Jarpa -, la lucha por el ambiente es dura y los que defienden el ambiente siempre son castigados, pero tiene que haber un compromiso.

Señaló que el decreto 2305 y que la nueva Ley Orgánica del Ambiente fija elementos sencillos y técnicos para afectar el ambiente, y que los permisos de las alcaldías están claramente establecidos yo se extienden sólo en dos situaciones: por razones fitosanitarias o cuando exista peligro para los bienes y las personas.

También existe una normativa para el desarrollo urbanístico por la cual debe regirse el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (Minfra), quien es el que refiere el informe al Ministerio del Ambiente.

“Aquí tenemos que lograr un recurso para la reforestación de las zonas afectadas”.


Núcleo de la investigación

La batería de preguntas a responder tienen que ver con los responsables de la construcción, a los proponentes del proyecto y a los ejecutores de la tala de los árboles; sobre la responsabilidad de la Alcaldía; sobre la autorización de la DEA para la tala; de la responsabilidad de SASA, quien tiene que remitir los soportes de recomendación de la medida.

También apuntan hacia los representantes de Minfra y las autorizaciones para la construcción de obras civiles en zonas protegidas, al Gobernador del Estado, por estar involucrado personal de la gobernación en la tala de los árboles por parte de la empresa constructora.

“Los responsables del estudio de impacto ambiental tienen que responder por este crimen, y tenemos que saber sobre el destino de la madera de las especies cortadas; tenemos que conocer todo lo relativo al patrimonio cultural y social afectado”, instruyó Jarpa.

La diputada Iris Varela por su parte requirió información sobre la construcción civil y la data del proyecto; así como de las acciones que los organismos adelantaron para evitar la construcción, y sobre las medidas de protección que pudieron aplicarse a las especies mutiladas.

Igualmente, la diputada Lelis Páez apuntó su intervención a la búsqueda de la detección de las fallas de las instituciones, las omisiones y los errores, “también hacia el futuro para que se coordinen los planes ambientales, y sobre las oportunidades de la DEA y el Ministerio de Educación para programar en conjunto y elaborar una cartilla ecológica para las escuelas y los liceo para formar a verdaderos defensores del ambiente.

Otra interrogante formuló la diputada Rosario Pacheco con el fin de determinar si el Ministerio del Ambiente conoció del petitorio, ante el Juez Luis Hernández con fecha del mes de Octubre de 2007, solicitando la no construcción de la iglesia en La Plaza Bolívar de Los Robles.

En ese sentido solicitó una reunión con la ministra del ambiente, por considerar que el tema ambiental transversaliza la vida del Estado Nueva Esparta, “se trata del agua, de la salud y otros aspectos que afectan la calidad de vida de los margariteños, no tenemos respuesta de la DEA”.

Por la Dirección de Ambiente, Rodolfo Tillero dijo que la tala se dio sin los permisos respectivos, “hay un informe de Recursos Forestales, firmado por Osmar Barrios que refleja una post inspección para la construcción de la iglesia.

La planificadora del Ministerio del Ambiente, Lisette Millán señaló que el decreto 1257 del año 2002, se usa para planificar, y que ellos sólo fueron observadores, y que sólo recogen información escrita y oral para suscribir el documento, “asistimos a la convocatoria que hizo la gobernación en el Anfiteatro de Los Robles, nosotros sólo recogemos información”.

Explicó que el primer llamado se suspendió por falta de asistentes, que a la segunda asistieron 84 personas y a la tercera 104, a pesar de que la población roblera es de 5 mil habitantes.

De acuerdo a la explicación de Millán el Ministerio del Ambiente sólo habla de la variable ambiental y que la Alcaldía revisa todos los informes y luego decide, “la acreditación técnica no es una autorización sino un requisito más del Ministerio del Ambiente”.

También Eunice Escobar del Ministerio de Infraestructura aseguró que se enteraron de la poda después de ocurrida, y que tanto la Gobernación y la Alcaldía debieron enviar el proyecto, “pero no nos llegó, Minfra no hace la denuncia porque no tenemos competencia en materia ambiental”.

Para la concejala Natacha Núñez la consulta pública sobre la construcción de la iglesia no tiene validez, porque sólo asistieron 100 personas y no pueden decidir por encima de la Ley y la constitución, “no se nos presentó el plan de uso y en esto el Ministerio de Ambiente no puede lavarse las manos, y todos saben que allí no se puede construir sin permiso del instituto de patrimonio cultural”.

Denunció que personas que se oponen a la obra y que trabajan en la gobernación ya fueron puestas a la orden de personal, “aquí están amenazados vecinos, autoridades, concejales, el pueblo, miembros de la comunidad que no nos vamos a poner por encima de la ley”.

Derechos colectivos y difusos

La materia de que se trata no es para proteger a la gente de Los Robles sino a todos los pobladores de Margarita, Venezuela y el mundo - dijo Luis Miguel Rojas-, director agrario que se sumó a la labor de amparo, y solicitó un minuto de silencio por los árboles asesinados.

El periodista Ramón Echeverría consignó por escrito las denuncias sobre todas las amenazas de Remy Rosas, de la empresa constructora, “nos sacaron de la plaza hacia la comandancia y nadie hizo nada, hemos sido seguidos por patrullas, hay carros que pasas por nuestras casas y me han declarado persona no grata en Los Robles”.

También Alex Andarcia denunció a Inepol por detenerlo de manera arbitraria, “ellos dicen que nosotros agredimos a Morel Rodríguez, el hecho es que solicitamos un derecho de palabra y como arremetieron contra mi, me voy hacia la prefectura y allí el diputado Morel Rodríguez Rojas ordena que me pongan las esposas”.

Los medios no informan - continúo Andarcia-, aquí tienen comprado a los medios, aparte la gente de la guarnición no se apareció, anoche dañaron los carros incluyendo el de mi esposa y el de Natacha Núñez.

Finalmente el abogado Gerardo Aponte, defensor de los agraviados relató los hechos ocurridos a raíz de la detención del periodista y el lic. Andarcia y sobre las dificultades para verlos y asistirlos jurídicamente, “estaban incomunicados, pero sus agresores tenían acceso a ellos, el comisario César Narváez no sabía que hacer con los presos, tanto así que nos dejó solos en la comandancia y se fue”.

Solicitó que un fiscal conozca de estos casos, así como el Consejo Moral Republicano, “necesitamos la presencia de un fiscal nacional con competencia plena porque aquí la policía solo responde a las órdenes de Morel Rodríguez”.

Por su parte el general José Anselmo Torrealba, jefe de la guarnición considera que hay suficientes elementos para llegar a una conclusión, así como para determinar las responsabilidades a que haya lugar.

“Como fuerza armada somos agentes de seguridad pero no ciudadana, estamos para apoyar a los organismos de seguridad, en este problema fuimos llamados por alteración del orden público, es la policía que debe llevar la parte ciudadana adelante, garantizamos la vigilancia del sitio, y el adelanto de la obra no va”.