La violencia desatada en Mérida por grupúsculos de estudiantes y que dejó como saldo la muerte del joven Douglas Rojas fue el resultado de una protesta convocada para llamar la atención sobre la inseguridad que vive la ciudad. Bajo ninguna circunstancia justificamos el asesinato del estudiante pero tampoco estamos de acuerdo que se use el fallecimiento de una persona para hacer campañas políticas. El respeto a la dignidad humana, el derecho a la vida, el respeto a la propiedad entre otros derechos, están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la firma de las Convenciones que la nación ha suscrito como garantía de los derechos universales del hombre. No puede acusarse alegremente al gobierno del presidente Hugo Chávez de ser represivo; muchos de los dirigentes políticos que aseguran vivir bajo una dictadura disfrazada de democracia fueron copartícipes o cómplices del asesinato de innumerables estudiantes, dirigentes políticos y opositores de izquierda de los gobiernos de turno. Quienes vivimos en la ciudad de Mérida estamos a merced de los grupos que con frecuencia intentan imponer la ley de la violencia; no es posible que busquen excusas nimias para generar caos e incertidumbre entre la población. Estamos convencidos que detrás de estos hechos existe un interés por darle un matiz político para crear matrices de opinión negativas y así atacar al gobierno.

Resulta paradójico que mientras los grupos violentos opositores justifican sus acciones con el cuento de protestar contra la inseguridad, personeros de la Universidad de los Andes culpan a supuestos infiltrados del gobierno de ser los causantes de los actos vandálicos. Quines vimos al autobús de la ULA arremetiendo contra bienes públicos y privados ya no nos asombramos; sabemos que son conductas agresivas que caracterizan a sujetos cuyo único fin es fomentar la zozobra entre los ciudadanos de la capital emeritense. Por supuesto, el plan no quedaba allí. Exportar al resto del país las protestas estaba en la agenda de los saboteadores de oficio y los “demócratas” por convicción que conforman parte de las filas de la oposición. No es extraño que los habitantes de Mérida aseguren que se buscaba un muerto para arreciar los ataques contra el gobierno. Incendiar el país utilizando a los estudiantes como carne de cañón no es nuevo. Poco importa a los políticos el dolor que provocan en familias humildes, ellos sólo aprovechan las oportunidades para atizar un supuesto clima de impopularidad y descontento.

En Mérida estamos cansados de las acciones violentas. Un grupo mínimo de malos estudiantes no puede pretender someter al resto de la población civil. Ellos saben que la ciudadanía no los apoya; incluso muchos de los dirigentes extrañamente no son los más brillantes y tiene años dentro del recinto universitario calentando puestos y negándoles la oportunidad a muchos estudiantes que si quieren cursar una carrera y graduarse. Mérida les ha brindado su cobijo, su calor humano, su amistad, su amor. Quienes hacen vida en ella consideran a los estudiantes baluartes; entonces ellos están obligados a devolver el mismo trato que reciben. Convivan con la ciudad que les adopta, eso no cuesta mucho.

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