¿Hasta cuándo el gobierno defiende a los corruptos?

La empresa más importante del estado Trujillo, Cemento Andino, S.A. (CASA), se encuentra totalmente paralizada, su producción de lo que va de año es cero. Sus equipos están totalmente destruidos y no se vislumbra una posibilidad de que esta situación cambie, ya que el gobierno regional y nacional no hacen nada para revertir esta situación. Desde hace más de nueve años la empresa está siendo administrada por funcionarios incapaces nombrados por el Ministerio del Poder Popular para la Industria, quienes, en ese período de tiempo (agosto 2006 a abril 2016), fueron muy eficientes en destruir la empresa y reduciendo la producción de 2.200 T.M. de cemento diario en agosto 2006, a cero T.M. en abril 2016 y la nómina fue aumentada de 212 trabajadores a 1.600 aproximadamente. El comedor de los trabajadores fue cerrado y a los mismos no los reciben en las clínicas por falta de pago. El contrato colectivo, vencido desde hace ocho años, no ha sido renovado, recibiendo los trabajadores sueldos miserables, así como beneficios irrisorios desfasados en el tiempo.

Ahora bien, recientemente, los señores diputados del Consejo Legislativo del Estado Trujillo (CLET), en una visita que efectuaron a las instalaciones (paralizadas) de CASA, informaron que “ellos defenderán la empresa para que no caiga de nuevo en manos del sector privado”. ¿Defenderán los diputados una empresa que fue quebrada por funcionarios corruptos? ¿Saben estos diputados que la empresa aún pertenece en un 60,4% al sector privado y un 39,6% al sector oficial, y que, por lo tanto, es una empresa privada con participación minoritaria del Estado venezolano? ¿Los diputados defenderán la corrupción que se ha enquistado en esa empresa? ¿Saben los diputados que un saco de cemento se vende en la ciudad de Valera en Bs. 3.000, cuando en la empresa se factura a Bs. 112? ¿Saben los diputados que desde que la empresa está en manos de funcionarios del gobierno éstos no han convocado a las asambleas ordinarias (ni extraordinarias) de accionistas para rendir cuenta de sus actuaciones al frente de la empresa? ¿Saben los legisladores trujillanos que en la ciudad de Cúcuta era más fácil conseguir un saco de cemento andino que en la ciudad de Valera? ¿Saben los diputados trujillanos la situación crítica que están viviendo las familias trujillanas por la falta de cemento y por la contratación de más de quinientos chinos empleados en la ampliación de la planta? ¿Saben los legisladores trujillanos que la ampliación de la planta es un acto de corrupción, ya que los accionistas no fueron consultados sobre esta inversión?

Por otra parte, el gerente de ENCONTRU, empresa perteneciente a la gobernación del estado Trujillo, manifestó que la misma se encontraba quebrada por falta de cemento, ya que Cemento Andino, S.A., su único proveedor, no estaba produciendo ¿Qué dicen al respecto los diputados trujillanos?

Pero lo más grave es la situación de hambre por el desempleo que están viviendo las personas que laboran en el área de la construcción, como albañiles, ayudantes de albañiles, amarradores de cabilla, herreros, plomeros, carpinteros, electricistas, etc. (todo es una cadena de trabajo), por la falta de cemento, ya que este es un producto que genera gran cantidad de mano de obra. ¿Qué dice al Sr. gobernador al respecto?

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Sala Constitucional, por su acostumbrada ineficiencia, tiene mucha culpa de lo que sucede en la empresa Cemento Andino, S.A., ya que, desde agosto de 2006, tiene en sus manos un juicio sobre la propiedad de los bienes cementeros que se disputan las empresas Cemento Andino, S.A. (CASA) y Corporación de Cemento Andino, C.A. (CCA, C.A.). La primera empresa demuestra su propiedad por una decisión firme del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Pena del Área Metropolitana de Caracas, sentencia ratificada por el TSJ. La segunda empresa sustenta la propiedad mediante un supuesto acto de compra venta (se presume simulación de venta) de los bienes cementeros, entre ellos y el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), donde se presume la violación de la Ley de Privatización, la Ley de Licitación (vigente para ese momento), la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para ese momento), la Ley de la Contraloría General de la República y el documento público publicado por el FIV en el Diario el Tiempo de Valera, cuando ofreció ilegalmente en licitación dichos bienes. ¿Porqué el TSJ no toma la decisión sobre la propiedad de los bienes cementeros y resuelve la situación jurídica de CASA? ¿Porqué el CLET no le solicita al TSJ celeridad en el juicio señalado?

Carajo, tomen decisiones porque el pueblo se cansa.

**Prof. ULA – Trujillo

gzambrano11hotmail.com


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