En nuestra golpeada y sufrida ciudad capital del Táchira, víctima de la violencia de una ultraderecha irracional que no quiere parar, existen como parte de las estrategias de guerra y acciones desestabilizadoras de una manera increíble, inexplicable e incomprensible empresas comercializadoras que con toda impunidad se burlan de las leyes y por alguna razón no son tocadas, como si tuviesen, parangonanando al agente 007, “licencia para matar”, en este caso “licencia para estafar”.
Se trata esta vez, de los expendios de BATERIAS PARA AUTOMOTORES, concretamente BATERIAS DUNCAN, ubicada en la Avenida 19 de abril, en donde diariamente de lunes a sábado, desde la madruga se observan enormes colas en las que muchas de las personas las hacen, para vender el número que les reparten del 1 al 100, a razón de 1000 bolívares o más según sea menor o mayor.
A mi amiga una profesora de la Universidad de los Andes, le tocó comprar el número 15 por 1000 bolívares y al llegar ante el vendedor, le cobraron por una batería de 800 la cantidad de 3.800,oo, bolívares, es decir el producto le salió en 4.800.oo, cuando el precio real es de bolívares 1.749.oo
Con rabia y decepción me contó lo sucedido, la conminé a denunciar y la respuesta fue la de muchos, en la que casi ya me incluyo, se denuncia y no sucede nada y encima se corre el peligro de sufrir consecuencias fatales, aquí donde los sicarios están como hormigas esperando a ver quién les contrata.
Doy fe que yo he vivido la experiencia de denunciar sin resultados, más ahora cuando supuestamente, las denuncias, sí se van a canalizar por un teléfono que la gobernación ha puesto en servicio el 0800-Táchira, que he utilizado en varias oportunidades para hacer denuncias puntuales, sin resultado alguno, como si quienes las reciben, las tiran a la papelera.
Esto me parece muy preocupante y más porque tiene tiempo de estar sucediendo con una IMPUNIDAD, desesperante y que se repite en todos los negocios que venden baterías así como cauchos.
Ahí dejo esto, a ver si con la ayuda de Aporrea, llega hasta la Superintendencia de Costos y Precios Justos y se toman los correctivos correspondientes así como las sanciones contra esos delincuentes que estafan al pueblo, respaldados en la ineficiencia de los organismos que deberían ocuparse de evitar estos desmanes.-
