En las últimas semanas hemos asistido a una crisis profunda de la gran mayoría de las empresas del estado ubicadas en el complejo industrial Matanzas de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, caracterizada por baja producción, uso ineficiente de los insumos, atraso en los mantenimientos, falta de repuestos, retraso en el pago a los proveedores, desmotivación generalizada en los trabajadores y para colmo, retraso en el pago de las nóminas e incumplimiento de los beneficios contractuales. La derecha se aprovecha de esta situación de las empresas, escondiendo la realidad, que este gobierno del presidente Chávez las colocó en la mejor posición de su historia, luego de haber recibido unas empresas quebradas por todos los gobiernos del bipartidismo. Aunque debemos reconocer que desde mediados de 2005 comenzó una pequeña declinación, con resultados aún favorables, que se fue profundizando y que con la crisis eléctrica se pronunció de manera muy marcada hasta llegar a los niveles actuales.
Revisemos críticamente los errores cometidos, para poder enfrentar de manera contundente a la derecha entreguista. En el año 2005, se creó el MIBAM y se impulsó la política de profundización de la revolución, promoviendo la participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones, política correcta y ajustada al momento histórico, caracterizado por alta moral, la mística y la identificación de los trabajadores con el proceso bolivariano, así como los resultados tan favorables que tenían las empresas. Inexplicablemente el ministro y su grupo de trabajo transformaron la coyuntura en una cacería de compañeros, descabezando a los equipos que habían logrado recuperar las empresas e instaurando un modelo organizativo descontextualizado, que tiene su expresión más emblemática en la elección de gerentes en ALCASA, acto que confundió los intereses sindicales-economicistas-clientelares prevalecientes, con la gestión revolucionaria. Recuerdo que el presidente Chávez se quejó en una ocasión, comentando que parecía que estábamos frente a un cambio de gobierno. Una oportunidad histórica para el salto cualitativo de la clase trabajadora que se desperdició, principalmente por la ambición de cuotas de poder regional, de un grupo.
Luego el gobierno nacional, insistiendo en su política de construir una sociedad justa dirigida por los intereses de la clase trabajadora, entregó el Ministerio a un representante de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, obviamente vinculado a un sector de los dirigentes sindicales de la zona, generándose otra gran oportunidad para colocar a la clase obrera en la dirección de los procesos productivos, pero la dirigencia sindical priorizo su posición en la exigencia de beneficios económicos para los trabajadores, sin importar la capacidad real de las empresas, para así garantizar el control de los sindicatos, objetivo que consiguieron a medias. Esa priorización economicista y clientelar trajo una consecuencia muy negativa, alejaron a la gran masa de trabajadores del objetivo primordial del socialismo, que es superar la alienación en el trabajo, identificarlo con los resultados productivos de su esfuerzo y con desarrollo económico y social del país.
Posteriormente vino la etapa de Rodolfo Sanz, quien llegó a Guayana con el discurso de saneamiento de las empresas, de recuperar su capacidad productiva y económica. Igual que en las oportunidades anteriores, un planteamiento que daba respuesta a la situación del momento. Sin embargo, se encargó en un primer momento de mudar a un número importante de personas del centro del país hasta Guayana, entre los que se encontraban altos grados militares, incluso algunos que participaron en el golpe de abril de 2002, que ni conocían el funcionamiento de una empresa, y los colocó a dirigir la CVG y a las empresas del estado. Desconocieron la trayectoria, la experiencia y el conocimiento de los trabajadores que se merecían ser promovidos a cargos supervisorios y gerenciales, la gran mayoría defensores del proceso revolucionario, generando una profunda desmotivación en los cuadros naturales de relevo. Adicionalmente pararon los mantenimientos, desarticularon la estructura de proveedores, generando una crisis muy profunda en el aspecto productivo, lo que condujo a las empresas a una baja muy pronunciada de sus niveles de producción, que hábilmente el Ministro justificó con la sequía terrible del lago de Guri, transformándose en el líder nacional del ahorro energético, pero dejando al entramado industrial de Guayana gravemente herido. Ellos se fueron y quedamos los revolucionarios de Guayana dando la cara.
La estocada final al MIBAM se la dio la segunda designación del Chino Kanh como ministro. Quien se inició sobre la base de la propuesta del “Plan Guayana Socialista”, dirigido por el Ministerio de Planificación y elaborado por trabajadores de gran experiencia identificados con el proceso de transformación socialista. Lamentablemente no se tomó en cuenta esta gran esfuerzo de los trabajadores revolucionarios de Guayana, y sucedió que nunca arrancó el Plan, tal como lo describí en el artículo escrito en el mes de junio en Aporrea, “Ministro Menéndez hay que arrancar el Plan Guayana Socialista”
Como vemos, las empresas públicas lograron con este proceso revolucionario resultados muy satisfactorios, que por la ambición de cuotas de poder regional de un sector del Chavismo y por la cultura clientelar y economicista predominante, luego se revirtieron. Sin embargo, si sumamos todos los errores antes expuestos con gran crudeza, nunca llegan ni remotamente, a la gravedad de las consecuencias de una política de Privatización, como la que representa Capriles Radonsky y su equipo, para los trabajadores de las empresas de Guayana.
En Venezuela la derecha propone retomar la Agenda Venezuela de Teodoro Petkoff, frente al proyecto socialista.
El dirigente de la IV Republica Humberto Calderón Berti, afirmaba:
“Aunque no existe una información precisa al respecto, se menciona la cifra de 40-50 millardos de dólares como el monto total de las inversiones que el Estado venezolano ha invertido en las empresas de Guayana… Se pretendió independizarnos del petróleo y los resultados fueron exactamente lo contrario. Las empresas de la CVG han vivido en una situación de pérdidas casi permanente.
Durante los años de bonanza petrolera las pérdidas fueron cubiertas por los recursos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos. Cuando los precios del petróleo cayeron en 1986, y el peso de la deuda se comenzó a hacer insostenible, se empezó a plantear la necesidad de privatizar las empresas del Estado deficitarias…Mientras tanto las empresas siguen perdiendo cifras astronómicas de dinero. En la información reciente proveniente de la CVG se reconoce que las empresas dependientes de ella perdieron, en 1995, la fabulosa cantidad de 245 millardos de bolívares…La privatización es necesaria para evitar las cuantiosas pérdidas en las cuales incurran las empresas del Estado….Uno de los sectores más importantes a ser privatizados es el del aluminio. Está integrado por Venalum, Alcasa, Bauxilum y Carbonorca. El Estado venezolano ha invertido en este sector más de 6.000 millones de dólares. Con el proceso privatizador es poco probable que se obtengan 2.000 millones de dólares.
La privatización de las empresas del Estado puede ser una importante contribución para disminuir el déficit fiscal, cuyo financiamiento a través de aumentos de los combustibles, más impuestos y, particularmente, de la devaluación de la moneda son los responsables de la inflación.” (El Universal Caracas, jueves 12 de junio, 1997)
Esta declaración del Señor Calderon Berti nos aporta tres elementos muy importantes: La gigantesca cifra de Millones de Dólares, provenientes de la renta petrolera, que el estado venezolano invirtió en las empresas de Guayana, segundo, que las empresas hasta 1995 habían estado en una situación de pérdidas permanentes, hecho que logró revertir el gobierno Bolivariano hasta el 2007, y tercero, la barbaridad Neo-liberal, que había que privatizar las empresas para disminuir el déficit fiscal, o sea, una inversión de más de 40.000 millones de dólares del estado venezolano se debe transferir a las transnacionales por menos de 5.000 millones de dólares (estimado en ese momento por privatizar SIDOR y las empresas del aluminio), se despediría a más de 20.000 trabajadores y se controlaría la inflación. Este plan no pudo concretarse por la llegada de Chávez a la presidencia en 1998, sin embargo, 15 años después es exactamente la misma agenda del señor Capriles con su M.U.D., que esconde detrás de su mensaje ambiguo, escueto y lleno de lugares comunes, pero que por demagogo y temor a presentar claramente su propuesta electoral, no lo dice.
La agenda privatizadora de Capriles fue evidenciada por su posición política de apoyo y defensa irrestricta a la huelga patronal dirigida por FEDECAMARAS en diciembre de 2001, al golpe de estado de 2002 y posteriormente con más claridad, al paro petrolero. Capriles encarna en el presente una síntesis del Paquete de medidas de CAP en 1989 y de la Agenda Venezuela de Teodoro Petkoff, quien en 1997 afirmó:
“Sivensa Global: sobre las diferencias entre el programa de ajustes del gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 89 y la Agenda Venezuela, usted hablo de un juego de béisbol... Teodoro Petkoff: Así tengan las mismas reglas, cada juego de béisbol se desarrolla de modo específico. No hay dos iguales. En la Agenda Venezuela hay medidas semejantes, pero hay una diferencia esencial: se ha hecho un esfuerzo enorme por garantizar la viabilidad política. Porque estos son programas esencialmente políticos.” (Venezuela analítica, grupo SIVENSA febrero de 1997)
Teodoro nos aclara que el programa de ajustes de CAP en el 89 y la Agenda Venezuela de 1996 tienen las mismas reglas, lo que deben es garantizar su viabilidad política. El programa oculto de Capriles de 2012 igualmente tiene las mismas reglas, lo que varía es el momento político.
En su programa de gobierno “Comprometidos con el progreso de todos” Capriles pinta un gobierno que conseguirá la igualdad entre todos los venezolanos, resolverá todos los problemas de: Atención materno-infantil; Vivienda y su entorno; Educación y Desarrollo; Empleo y Emprendimiento; y Salud y Seguridad Social. Con cuatro condiciones: Convivencia democrática; Seguridad; Protección Social para la Familia y Reforma del Estado y Descentralización. Una lista de buenas intenciones, de un mundo feliz de igualdad para todos. Pero ni una palabra sobre su política petrolera, ni una palabra sobre las empresas del estado. Esto lo esconde, porque allí está la reedición de las políticas económicas neoliberales, que fueron desterradas por el presidente Chávez.
lmacquhae@cantv.net