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Caracas, 22 Oct. ABN (Lorena González V.).- Antes de empezar la
entrevista, el director general de participación ciudadana, cultura y
medios alternativos de la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio
Martínez, tuvo la prudencia de imprimir uno de los mapas que diseña
cuando le emerge su faceta de planificador apasionado.
De la impresora salió la cartulina blanca llena de coloreadas figuras
geométricas que describían las “fases políticas para la construcción del
poder popular”.
Martínez, “un loco soñador”, concibió en ese papel la evolución
necesaria que debe sufrir la vida social y política venezolana para
poder concretar el socialismo del siglo XXI.
Ex militante de la Causa R y de Patria Para Todos (PPT), en la
actualidad es miembro de la Coordinadora Popular de Caracas, una
organización social con vocación política cuyo fin es “la defensa y
profundización de la revolución bolivariana con base en la construcción
del poder popular”, explicó.
Muchos de sus compañeros en la Coordinadora son líderes sociales que
desde sus cargos gubernamentales trabajan por espacios de encuentro para
la promoción del empoderamiento del pueblo.
Agregó que la viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de
Participación Popular y Desarrollo Social, Lídice Navas, es una de
ellos.
La defensa y reivindicación del poder popular se sustenta en que éste
“es el fundamento del socialismo del siglo XXI”, expuso Martínez.
Es por eso que la dirección a su cargo pretende lograr la participación
de la gente en la elaboración de las leyes que van a regir la vida en
sociedad.
“Antes, esta dirección se dedicaba a otras cosas. Este año, con la
llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de la AN, se le dio mucha más
fuerza en la nueva institucionalidad”, señaló.
Asimismo, recordó que la nueva estructura interna de la AN es el
resultado del cambio institucional que diseñaron los trabajadores y
directivos del órgano legislativo.
Anaranjado turbio
Una vez sobre el escritorio, el dibujo cartográfico fue la brújula de la
conversación interrumpida algunas veces por quienes entraban a la
oficina del director de participación ciudadana para consultarle asuntos
de trabajo.
En la yuxtaposición de cuatro figuras geométricas (un círculo y tres
óvalos) con colores semánticos, Martínez sintetizó su visión del poder
popular.
Un círculo “anaranjado turbio” representa el estado actual de la
participación ciudadana y la democracia revolucionaria. Según explicó,
la tonalidad escogida es sinónimo de confusión.
“Yo creo que estamos en un estadio intermedio del poder popular porque,
como producto de la organización de las misiones gubernamentales y de
otras formas de hacer políticas sociales, han florecido formas
organizativas que están aisladas y deben interconectarse”, extendió.
Una de las tareas que el entrevistado le asignó al Ministerio de
Participación Popular y Desarrollo Social es, precisamente, la de
levantar una red de redes, o un tejido social y político vigoroso que
incida en todos los niveles de construcción de las políticas públicas.
Verde
Una vez establecido el diagnóstico, el director de participación
ciudadana propuso acciones puntuales para combatir esa suerte de
enfermedad que es la confusión.
En la segunda figura, un óvalo verde, definió un proceso que se daría en
dos fases: la gerencia comunitaria y la responsabilidad institucional.
Ambas, dijo, constituyen dos niveles de desarrollo del poder popular.
“Es un proceso de sanación, por eso lo coloqué en verde”, indicó.
La gerencia comunitaria se refiere al proceso de formación que debe
recibir el pueblo porque "si la gente no se forma, entonces no podrá ser
un interlocutor válido con ese nuevo Estado que le pertenece, ni tampoco
podrá arribar a la toma de decisiones y a la construcción de las
políticas públicas".
El corolario de esta fase es la inteligencia social, es decir, “la gente
poniendo el empeño para ser muy capaz de mejorar su condición de vida”.
Acerca de esta inteligencia, Martínez agregó que es un requisito
fundamental para la construcción del poder popular “porque la gente sólo
tendrá poder en la medida en que se forme".
Mientras tanto, según Martínez, la responsabilidad institucional
significa la transformación del funcionario en un servidor público:
"Hay que dotar de toda clase de herramientas, tanto tecnológicas como de
otro tipo, a la gente que trabaja en el aparato estatal".
Naturalmente, la aplicación de esta fase conlleva un efecto que es la
lucha contra la corrupción y el burocratismo porque “estos son dos males
que le impiden a la gente tener una contraparte seria dentro del
Estado", puntualizó el entrevistado.
“Es por eso”, acotó luego, “que tanto la gerencia comunitaria como la
responsabilidad institucional deben enlazarse a través de hechos,
prácticos tales como la cogestión, el cogobierno y la contraloría
social”.
“Se trata de articular espacios donde las relaciones humanas, políticas
y económicas funcionen. Para lo económico aplica la cogestión; para lo
político, el cogobierno; y para las relaciones Estado-sociedad, la
contraloría social”, explicó.
Azul
Martínez recogió en el óvalo siguiente sus otras dos propuestas para
corregir la confusión y esta vez utilizó el azul, color de la armonía.
Como primera tarea planteó un diálogo social y político entre las
organizaciones sociales, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos.
“Ése debe ser un diálogo de mutuo reconocimiento de las habilidades,
potencialidades y obstáculos que cada uno de estos actores tiene en la
construcción de la sociedad que todos queremos”, señaló.
También opinó que las organizaciones sociales (comités de tierras y de
salud, mesas técnicas de agua, coordinadoras populares, etcétera) deben
articular esfuerzos entre sí y con las Fuerzas Armadas Nacionales.
Dijo que aspira a que se construya “un tejido sociopolítico vigoroso
donde, desde abajo, esas formas de organización y sus expresiones se
relacionen de manera coherente”.
El fortalecimiento de las bases incidirá, de una manera u otra, en los
partidos políticos. Para Martínez son éstos, precisamente, los llamados
a dirigir ese diálogo de reconocimiento.
“Considero que los partidos deberían tener la madurez, en función del
proyecto de sociedad en el que estamos trabajando, de impulsar a los
líderes sociales para los cargos de representación”, expresó.
“Igualmente, las organizaciones sociales deben generar algún tipo de
contraloría política sobre los partidos para así evitar los mecanismos
perversos que coartan la voluntad popular”, opinó.
Este nuevo panorama que exige replantear la institucionalidad, sin
embargo, no se vislumbra como una tarea fácil porque implica la
redistribución del poder. Al tanto de esto, el creador de mapas incluyó
la tonalidad roja, que significa conflicto, en este óvalo de la armonía.
Hay otra fase que completa este estadio de la planificación del poder
popular, y es la articulación y coordinación gubernamental.
“Es trágico y terrible que un alcalde no se entienda con un gobernador,
por ejemplo. Eso deviene en que hay malversación de recursos, pérdida de
tiempo y obstáculos. Si cada quien hace lo que le provoca no habrá un
producto social e institucional orgánico”, reflexionó el director de
participación ciudadana.
La última frontera
El último óvalo es, por decirlo de alguna manera, el destino final o la
última frontera a la que aspira conducir este mapa cromático. Los
colores que lo identifican anuncian cómo es esa meta concebida.
El morado es la transmutación y el amarillo la inteligencia. El primero
representa más poder para el pueblo y al segundo el socialismo del siglo
XXI.
“La transmutación es el producto de la formación, de la responsabilidad
institucional, de ese diálogo con los partidos políticos y de la
articulación entre los niveles de Gobierno. Si todo eso se da, iremos
avanzando en la construcción del socialismo del siglo XXI que, en pocas
palabras, es la gente con más poder de decisión en los asuntos
públicos”, concluyó el director de participación ciudadana de la AN.
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