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En entrevista el funcionario destacó que la formación a través de esta casa de estudios, creada mediante decreto en febrero de 2009, será una de las vías para seleccionar a los nuevos uniformados de la PNB.
Indicó que ya existe el primer grupo de bachilleres que estudiará en la nueva alma mater, que fusionó varias instituciones encargadas de formar a los funcionarios en el área de la seguridad ciudadana.
Además aclaró que, una vez el estudiante apruebe el curso, debe someterse igualmente a un proceso de concurso para poder formar parte del cuerpo policial.
La migración de funcionarios de otros organismos a la PNB es la otra vía de selección de los uniformados de este organismo. Lo adelanta el Consejo General de Policía, instancia de asesoría en materia de políticas públicas de seguridad.
Explicó Fernández que la institución ejecuta evaluaciones permanentes de los agentes, que incluyen pruebas del uso de drogas, una investigación exhaustiva previa denuncia en la Oficina de Control de la Actuación Policial y la novedosa instancia que denominan Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales.
“Esta dirección prende alarmas tempranas ante situaciones en las que pudieran estar incurriendo funcionarios, como la existencia de redes de delincuentes o grupos violadores de derechos humanos dentro de la policía. Esto permite un equilibrio en el ejercicio de la acción policial”, señaló.
El director de la PNB resaltó que existen los controles internos, institucionales y hasta externos, a través de las comunidades, que garantizan la disciplina dentro de esta novedosa institución de seguridad.
El pasado 20 de diciembre, el presidente de la República, Hugo Chávez, juramentó a los primeros funcionarios de la PNB, cuya creación esta contemplada en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, promulgada a principios de ese mes.
La creación de este organismo está contemplada en el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que su objetivo es mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales.