14 de mayo 2008. - En el proyecto presentado por el diputado Francisco Ameliach prevé en uno de los artículos que toda persona tiene derecho a participar de manera organizada y directa en la formación y control de la gestión de la Defensa Pública.

Este miércoles presentaron en la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales dos proyectos de reforma de la Ley de Defensa Pública los cuales serán fusionados a fin de lograr una norma que garantice autonomía, organización y funcionamiento a la defensa pública, además se prevé que los Consejos Comunales ejercerán contraloría social a esta.

Uno de los instrumentos fue elaborado por el diputado Tulio Jiménez y el otro por el presidente de la citada instancia, diputado Francisco Ameliach, ambos buscan garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso.

Es de recordar que la Ley Orgánica de la Defensa Pública entró en vigencia el 2 de enero de 2007 y estableció la adscripción de la Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, algunos defensores interpusieron contra la ley una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra el artículo tres de dicha norma. La Sala Constitucional anula parcialmente el polémico artículo el cual establece la adscripción de la defensa pública a la Defensoría del Pueblo y asume funciones legislativas adscribiendo dicha institución al TSJ.

El proyecto presentado por el diputado Ameliach prevé en uno de los artículos que toda persona tiene derecho a participar de manera organizada, directa y protagónica en la formación, ejecución y control de la gestión de la Defensa Pública.

Los consejos comunales y las demás formas de organización popular, incluyendo las que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, son los medios idóneos a través de los cuales se ejerce la participación directa en la formación, ejecución y control de la gestión de la Defensa Pública.

También estipula que la Defensa Pública deberá presentar semestralmente ante los Consejos Comunales y las demás formas de organización y participación social, un informe de la gestión realizada durante ese periodo.

Los Consejos Comunales tienen derecho a participar y a ejercer contraloría social sobre la gestión de la Defensa Pública, asimismo tendrán la función de vigilar y exigir el cumplimiento de esta ley y su reglamento, denunciar ante las autoridades competentes los hechos que puedan constituir infracciones .

La defensa pública podrá crear consejos consultivos como medios para la participación protagónica del pueblo en el control de la gestión pública.

Entretanto, el proyecto presentado por Tulio Jiménez contempla que la Defensoría Pública debe tener autonomía funcional, administrativa y organizativa, correspondiéndole al TSJ su inspección y vigilancia.

Además el director ejecutivo o directora ejecutiva ejercerá sus funciones por cuatro años y su designación y remoción la realizará la Asamblea Nacional por mayoría absoluta.

Jiménez explicó que se propone que la adscripción se refiere a la materia presupuestaria solamente y esta será a través del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, diputada Iris Varela, recomendó que ambos papeles de trabajo se fusionen y que la próxima semana se presente el proyecto definitivo para aprobarlo en primera discusión.