La
mayoría oficialista en el Congreso aprobó la ley de convocatoria a un
referéndum el 4 mayo para que el pueblo apruebe o rechace el proyecto
de Constitución Política del Estado y diga si el límite del latifundio
es 5 mil o 10 mil hectáreas. El Legislativo aprobó una norma que
ilegaliza los referéndums autonómicos convocados por gobiernos
departamentales que no son elegidos democráticamente. El gobierno de
Evo Morales se enfrenta a un movimiento cívico empresarial radicalizado
que organiza republiquetas autónomas y llama a la resistencia civil.