Aunque CNN en español, o el diario ABC de España no lo digan, en éste, como en cada primer sábado de cada mes, se celebraron cientos de asambleas populares en los Centros de Diagnóstico Integral en toda Venezuela. Allí se busca gestionar los niveles más básicos de atención, prevención y promoción de la salud, con tanta presencia del Estado como sea necesaria para garantizar la salud a todos y todas las venezolanas, y con tanta participación directa de comités de salud y otras organizaciones de base comunitaria como sea posible.

Toda la ciudadanía se constituye en actor relevante y protagónico de la gestión de la salud. En las redes de atención comunal y ambulatoria, se gestiona, buscando la progresiva transferencia de administración de servicios, actividades, bienes y recursos, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, no a actores privados, que busquen lucrarse de las enfermedades de las y los venezolanos, sino al propio pueblo organizado, para que de forma democrática e incluyente, accedan protagónicamente a los mayores niveles de salud posibles.

Este proceso ha exigido ir entrelazando la estructura necesariamente jerárquica de Sistema Público Nacional de Salud, con los diferentes sistemas de articulación de formas organizativas enraizadas en asambleas comunitarias de los ya más de 40 mil autogobiernos de los consejos comunales, que se han venido articulando en cerca de mil comunas ya constituidas. Los autogobiernos de las comunas a su vez, articularán en ciudades comunales, y éstas se federarán y confederarán, conformando el Sistema de Agregación Comunal que converge en el Consejo Federal de Gobierno.

En estas redes de articulación popular que se han venido estructurando desde el año 2006, el pueblo ejerce el derecho constitucional de participar directamente en la formación, ejecución y control de todas las políticas públicas, no sólo las de salud. El artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que

“todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”.

Las decisiones de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas sobre las políticas públicas, tienen carácter vinculante, es decir, son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos, entes e instancias del Poder Público, como explicita el artículo 70 de la CRBV. Así, los órganos e instancias públicas están sometidos a los mandatos de la soberanía popular expresados en estas asambleas, como establece el artículo 5 de la CRBV:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”

La soberanía se ejerce directamente mediante la participación expresada tanto en las asambleas comunitarias, como de los órganos de autogobierno que emergen de ellas y de sus articulaciones. Al participar, las comunidades organizadas asumen consciente, libre y autónomamente el ejercicio de la contraloría social, la cogestión y el autogobierno. Cuando la participación se limita a vigilar cómo los entes públicos planifican y ejecutan las políticas públicas, decimos que se ejerce contraloría social. Cuando la participación popular no sólo vigila, sino que también toma decisiones y asume responsabilidades en las políticas públicas, decimos que se ejerce cogestión. El protagonismo en la participación es máximo, cuando la comunidad asume directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar el vivir bien social y la calidad de vida en su ámbito geográfico, que es lo que llamamos autogobierno: la transferencia de competencias y de los recursos necesarios para ejercerlas, desde el Estado a las comunidades organizadas.

En estos procesos, el gran desafío ha sido, y sigue siendo, superar la tentación de instrumentalizar la actuación de las distintas formas organizativas populares, según los fines de las redes institucionales públicas El reto es subordinar la gestión pública a los mandatos de las asambleas territoriales populares del Sistema de Agregación Comunal.

Paz y Bien.


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